Acusación sin fundamento

Cuando la Junta de Andalucía estudiaba fórmulas para sortear la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) estaba impulsando un boicot político a un texto aprobado en el Congreso de los Diputados. Cuando apoyaba manifestaciones contra la aplicación de este texto legal y pactaba con parte de la comunidad educativa itinerarios alternativos para evitar el desarrollo de la ley rozaba la insumisión. Cuando la presidenta de la Junta de Andalucía presumía en el Parlamento de que en la región no había «mareas» protestando por el deterioro de los servicios públicos como en otras comunidades autónomas, estaba haciendo una utilización política de las manifestaciones que se habían desarrollado en otros puntos de España para reforzar su eslogan de que su Ejecutivo gobierna «sin recortes». Cuando éste amenazaba con no cumplir los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea entre advertencias desmesuradas al Gobierno central de que eso le obligaría a dejar de atender colegios u hospitales estaba haciendo bandera de la confrontación política. Son solo algunos ejemplos de lo que la Junta ha desarrollado con asiduidad en los últimos años. Sorprende ahora que cuando 60.000 ciudadanos se manifiestan en la calle, algunos de ellos por tercera vez, protestando por la reordenación sanitaria que impulsa el Ejecutivo andaluz, la única respuesta clara que hayan obtenido es que se trata de una manipulación política. Los partidos de la oposición tienen la obligación de denunciar y amplificar las quejas de cualquier colectivo. Por supuesto, si éstas son fundadas, como así parece por los mensajes que trasladan los profesionales sanitarios, deben redoblar sus esfuerzos. Forma parte de la democracia. La solución pasa por la Junta: la Consejería ha creado el problema y ahora debe solventarlo.