Alaya responsabiliza a la consejería de Álvarez y Griñán del fraude de los ERE

Antonio Lozano, el jueves, antes de entrar en los juzgados
Antonio Lozano, el jueves, antes de entrar en los juzgados

La Consejería de Economía y Hacienda creó las condiciones necesarias para la aparición de la «trama de los ERE». Lo hizo al poner la principal herramienta de la que dispone la Administración andaluza, el Presupuesto anual, al servicio de los intereses de la Consejería de Empleo, que quería disponer de una herramienta rápida y eficaz para resolver los conflictos sociales y atajar la conflictividad a base de dinero para pagar prejubilaciones y ayudas directas a empresas de manera discrecional y al margen de la ley de subvenciones. Eso se desprende del último auto de la juez Mercedes Alaya, en el que impone una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros a Antonio Lozano, ex director general de Presupuesto entre 2002 y 2009 y ex viceconsejero de Presidencia hasta hace diez días.

La fianza viene impuesta por la «indiciaria responsabilidad» de Lozano al utilizar de «forma inadecuada las transferencias de financiación en el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Consejería de Empleo y de modificación de los mismos, consignando como 'transferencias de financiación' del programa 31L lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder por la Consejería».

La instructora recuerda que la Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización sobre los ERE, también ha visto responsabilidad en la Consejería de Economía y Hacienda. En concreto, en él se reseñaba la misma tesis que mantiene Alaya: «En el proceso de elaboración de los presupuestos de la Consejería y de modificación de los mismos, se ha realizado una clasificación económica de los créditos inadecuada, consignando como 'transferencias de financiación' del programa 31L lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder por la Consejería».

Esta decisión es la que impide la fiscalización previa por parte de la Intervención General de las subvenciones de los ERE, circunstancia que hubiera impedido el fraude posterior. La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla adelanta que Lozano no es el único responsable y a la hora de fijar la cuantía de su fianza por responsabilidad civil –destinada a cubrir los posibles perjuicios de su actuación irregular y no para eludir la prisión– toma en consideración «la presunta responsabilidad de otros cargos de la Consejería de Economía y Hacienda en consentir la presupuestación de dicha partida fraudulenta» –la 440.51.31.L, código que no hace referencia a que el dinero debe utilizarse para el pago de subvenciones–.

Alaya, «en beneficio del inculpado», le impone cinco millones de euros de fianza por ejercicio económico al frente de la dirección general de Presupuesto, «descontando el 2009 pues sólo estuvo el primer tercio». En total, 35 millones, a los que suma el tercio que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal: en total, 46.666.666 euros. Cifra inferior a las manejadas anualmente «sin el menor control» en la partida destinada a la Consejería de Empleo.

Las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias solicitaron una fianza de 57 millones, cantidad que coincidía con las modificaciones presupuestarias –ampliaciones del «fondo de reptiles»– que gestionó el ex «número dos» de Susana Díaz. Ni la Junta, que es también acusación, ni la Fiscalía solicitaron medida cautelar alguna. Lozano tiene desde hoy «para la prestación de la fianza señalada» o se procederá al embargo de sus bienes.