Análisis: El fin de la corrupción como norma

Andalucía es la región española con más casos de corrupción, lo confirma un informe del Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, acumula 541 casos de los 1.661 que se encuentran en fase de investigación judicial en todo el país. Esta cifra, que además de escalofriante denota la inminente crisis que atraviesan las instituciones y partidos políticos, plasma una triste realidad que salpica a los tres pilares que sustentan este sistema, al poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Ante este espectro actual tan desolador, les invito a realizar un pequeño ejercicio de memoria en la historia de nuestra democracia. Curiosamente, comprobamos que durante los más de treinta años de actividad en el Parlamento andaluz, no ha habido ningún Grupo Parlamentario que haya presentado una sola iniciativa para prevenir o sancionar los delitos de corrupción contra la Administración pública. Este dato sí que resulta sorprendente e indignante. Los andaluces estamos peligrosamente familiarizados con la corrupción como norma, cual identidad inocua parece instalada en cualquier institución pública y admitida como una especie de ADN propio de la clase política de esta comunidad. Una ruin alimaña que envenena los principios más elementales de la socialdemocracia y que los andaluces nunca deberíamos haber permitido.

La devastada imagen que proyecta esta comunidad autónoma está manchada por los continuos escándalos de corrupción, el mayor de ellos, el caso de los ERE fraudulentos.

En la última fase de la investigación, hemos conocido que se ha desviado la friolera de más de 50 millones de dinero público a través de un complejo y ambicioso entramado que no deja de desenmascarar nuevos implicados. Sin embargo, ni la Junta de Andalucía ni la Cámara autonómica han exigido ni depurado responsabilidades políticas más allá de la bochornosa comisión de investigación, pactada y maquillada por PSOE e IU, y que sólo sirvió como circo mediático durante unas semanas.

Ante esta realidad digerida y asumida en gran medida por la opinión pública andaluza como un dogma propio de la picaresca del Sur, se hace más urgente que nunca alzar la voz ciudadana reclamando transparencia sin límites en cualquier institución que reciba financiación pública. Es la hora de despertar, de reclamar leyes que prohíban la inelegibilidad de los imputados por delitos contra la Administración pública, una Justicia independiente que no deje impunidad alguna a los corruptos. Es el momento de exigir responsabilidades por la mala gestión de los cargos públicos que politizaron las cajas de ahorro y las llevaron a su posterior quiebra. Ya no podemos consentir ni un día más que en España haya más de 10.000 aforados que bloqueen cualquier investigación judicial.

Cualquier Ley de Transparencia que se apruebe a partir de ahora debería poner luz y taquígrafos sobre todas y cada una de las instituciones, comenzando por el Parlamento y la Junta, desde donde se nos está vendiendo una estrategia mediática vacía acerca de este asunto. Ellos mismos, PSOE e IU, han tirado por tierra su proyecto de ley, fracasado antes de nacer, pactando de forma oculta con el PP la subida de dietas al presidente del Parlamento y de los portavoces adjuntos de los Grupos Parlamentarios. También pretendían eliminar las actas de la Junta de Portavoces donde se pusieron de acuerdo –no son tan diferentes en el fondo– para borrarlas con nocturnidad y alevosía. Hay que devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, apostando por el camino de la regeneración democrática que defendemos en UPyD desde el origen de nuestro partido. Andalucía no puede ser ni un minuto más ese desolador paraíso de la corrupción institucionalizada. Es la hora de reclamar esa Andalucía libre, la del progreso, la transparente, la que nuestro himno nos recuerda que debemos recuperar.

*Portavoz y coordinador territorial de UPyD en Andalucía