Andalucía es la cuarta región de España con menos colegios concertados

El Gobierno PP-Cs prevé que la privatización de la educación supere el 25% actual

La consumación del apoyo de Vox a un gobierno repartido entre PP y Cs obligará a cumplir las propuestas de una formación con tan solo 12 diputados. La poda al primer documento publicado por el partido de ultraderecha eliminó exigencias inasumibles como el cambio de la conmemoración del Día de Andalucía al 2 de enero, fecha de la Toma de Granada por los Reyes Católicos, o la supresión de las leyes contra la violencia de género y en apoyo al colectivo LGTBI. El PP ha hecho propias muchas de las peticiones del partido de Santiago Abascal, en una negociación llevada exclusivamente a cabo en Madrid, en la que el futuro presidente de la Junta ha opinado poco. Sin embargo, será Juanma Moreno quien deba aplicar las medidas acordadas con Vox.

En lo relativo a la educación, la formación reclama cambios de calado, con la ampliación de la educación concertada como primera meta. El acuerdo contempla suprimir las zonas educativas por las que actualmente se rige la asignación de las plazas escolares, dejando de estar garantizado de ese modo obtenerla cerca del domicilio familiar. El sistema puntúa especialmente este extremo, junto a la existencia de hermanos matriculados en un mismo centro para favorecer que todos puedan estudiar juntos.

Los puntos irrenunciables recogidos por el PP incluyen «garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones». Mantiene así la esencia del «pin parental» que busca implantar Vox para vetar charlas o actividades programadas por los colegios.

La educación concertada tiene un peso elevado dentro de Andalucía, aunque por debajo de la media nacional: 335.000 alumnos estudian en algún centro privado subvencionado por la Junta y 74.000 acuden a colegios privados, lo que supone un 25,8% del total. Eso implica que tres de cada cuatro alumnos acuden a colegios públicos. Hay 2.500 centros privados y cuatro mil públicos, casi la mitad escuelas de Infantil de 0 a 3 años. El dinero destinado a la financiación de los conciertos está porcentualmente por debajo del alumnado: mientras un 21% de niños y niñas acuden a privados concertados, la Junta destina un 10% de su presupuesto educativo a sufragarlos –algo más, en torno al 15%, si se tiene en cuenta solo la inversión en la educación no universitaria–.

Esta batalla de Vox, junto a la ampliación del concierto al Bachillerato, repercutirá en los fondos que se destinan a la educación pública. Al no ser estudios obligatorios, la Junta no los financia, pese a que su situación podría equipararse a la de las escuelas infantiles. Esto provoca que los 83.000 estudiantes en la ESO se reduzcan a ocho mil en Bachillerato, produciéndose un trasvase a institutos privados, donde estudian 10.700 la ESO y 14.600 el Bachillerato, y públicos. Primaria e Infantil son las etapas que más alumnado absorben, 216.000 alumnos de concertados entre las dos. En Infantil el peso de los centros concertados es mayor en la primera etapa, de 0 a 3 años, con más de la mitad de los escolarizados. A partir de tres años, los colegios públicos cuadruplican su alumnado, principalmente porque las familias se ahorran la cuota mensual y facilita la continuidad en el siguiente ciclo.

Castilla-La Mancha y Canarias son las comunidades con menos centros concertados, mientras en el País Vasco y Madrid la enseñanza pública queda reducida a prácticamente la mitad de la oferta. En inversión por alumno en centros concertados, Andalucía es la cuarta comunidad por la cola con 2.570 euros, trescientos euros por debajo de la media española. El principal inconveniente en la financiación de los centros privados concertados es que solo atañe a la docencia, dejando fuera de las subvenciones las actividades extraescolares, el comedor o el aula matinal.

PP y Vox coinciden en crear más escuelas infantiles

«Ampliar la red de guarderías» es uno de los puntos incluidos en el acuerdo firmado entre PP y Cs. Los dos partidos no detallan si será gratuita, como pretende el Gobierno central que sea la educación Infantil de 0 a 3 años. Así lo recogen los Presupuestos para este año, con una previsión económica muy lejos de las necesidades reales para su implantación. PSOE y Podemos acordaron una partida de 330 millones para todas las comunidades –pendiente de que los Presupuestos se aprueben–. Una aportación que para la asociación Escuelas Infantiles Unidas es insuficiente. Los cálculos realizados por esta entidad cifran en 6.400 millones la aportación necesaria para lograr la universalización en toda España. «Cuesta al menos 11.000 millones de euros. Se calcula que hay que construir unas 35.000 aulas y contratar a 33.700 educadores. Todo ello es absolutamente innecesario porque ya se dispone de una red de centros autorizados en todo el territorio nacional y lo único que habría que hacer es destinar una cantidad, 6.400 millones, a la financiación de las plazas», asegura la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala. La asociación lo ha trasladado así a parlamentarios de PSOE y PP en Madrid, donde se reunieron para analizar las necesidades del sector. El proceso para alcanzar la gratuidad, como ya ocurre con el segundo ciclo de 3 a 6 años, tardaría al ritmo establecido pro el Gobierno «al menos dos décadas».