Anticorrupción no se opone a la pensión pedida por la mujer de Lanzas

Lo adelantó en su escrito el abogado de Patrocinio Sierra, Julio Martínez: imputados en «macroprocesos» similares al de los ERE obtuvieron durante la instrucción la liberación de fondos por una cantidad suficiente para poder sufragar sus necesidades más básicas sin oposición de la Fiscalía. Y se ha vuelto a repetir. Anticorrupción no rechaza de plano la solicitud realizada por Sierra, encausada en los ERE junto a su marido, el ex sindicalista de UGT-A Juan Lanzas, de «reducción de embargo, desbloqueo y alimentos» para permitir que la unidad familiar cuente con 1.945,80 euros al mes, demanda que adelantó LA RAZÓN.

Tanto Lanzas como su mujer fueron imputados por la anterior titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien fijó para él, al que acusa de siete delitos, una fianza de más de 38 millones; y para ella, «intrusa» en un ERE, de 14,7. Con el fin de cubrir esas cuantías millonarias, el órgano judicial ordenó el embargo de sus inmuebles y de todas las cuentas corrientes lo que provocó, según aseveró el letrado de Sierra, que la familia se encuentre en una «situación de insolvencia» que les impide hacer frente a «los recibos habituales de cualquier hogar» como el de electricidad, agua o gas. A esto contribuye que ambos hayan intentado trabajar en el campo sin apenas conseguirlo y que a Lanzas, conocido mediáticamente como el «conseguidor» de los ERE irregulares, le denegaran el subsidio de desempleo para liberados de prisión previsto en la Ley General de la Seguridad Social.

Ahora, el Ministerio Público ha trasladado al juzgado, que dirige la jueza María Núñez Bolaños tras la salida de Alaya, que no se opone al desbloqueo parcial y a la fijación de alimentos reivindicada, aunque quiere que se comprueben «las rentas de cualquier tipo que perciban o pudieran percibir los miembros de la unidad familiar de la solicitante», antes de que se fije la cuantía a liberar, que la defensa de Sierra estableció en 1.945,80 euros mensuales. ¿Por qué esa cifra? Como ya explicó este periódico, se trata de tres veces el módulo básico de subsistencia (SMI) por los tres miembros de la familia, Sierra, Lanzas y su hijo, cuyo mantenimiento garantizan otros parientes; o, según otra forma de expresarlo, 648,6 euros por cada uno al mes, con los que pagar «todos los gastos cotidianos».

En relación a esos abonos, la Fiscalía pretende también que se aporte el detalle de los «recibos de suministros» y de otros desembolsos que puedan cargarse en las cuentas bancarias «cuyo desbloqueo parcial se interesa», así como, en su caso, que se traslade al órgano judicial «la documentación justificativa de su necesidad».

Tras la reacción de Anticorrupción, Núñez ha dado cinco días a la representación procesal de la mujer de Lanzas, vía providencia fechada el 9 de julio a la que accedió este diario, para que aporte los comprobantes y los recibos planteados por la primera, «en sintonía» con lo actuado hasta ahora por la nueva instructora, según apuntan otras fuentes judiciales. Paso dado «con carácter previo a resolver», pero que vuelve a marcar diferencias con su predecesora.

En la memoria muscular del juzgado que las vincula consta como Alaya firmó una resolución el pasado 25 de junio, un día antes de abandonar su titularidad, en la que se negó por segunda vez a que se conceda una pensión alimenticia de 578,42 euros mensuales al ex consejero Antonio Fernández, con cargo a 37.935 euros que le embargaron tras ser imputado. Lo hizo recordando que ya el 13 de mayo había dicho «no» a entonces 1.840 euros y se insistía en el requerimiento «sin esperar» a que la Audiencia de Sevilla resolviera el recurso que presentó el ex consejero por este asunto. Y hubo más. La jueza, identificable en sus autos hasta el final, mantuvo que los 1.261,58 euros al mes que Fernández cobra por su trabajo en un despacho de abogados de Sevilla son «aproximadamente el doble del salario mínimo interprofesional» y «bastante más elevado que las pensiones y sueldos que se cobran por muchísimos ciudadanos de este país con hijos menores a su cargo». Le denegó igualmente la solicitud de alimentos al ex directivo de Vitalia Jesús Bordallo.