Anticorrupción recurre que Alaya no impusiera fianza a una imputada

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de no imponer una fianza de responsabilidad civil a una imputada en la causa de los ERE irregulares, y ha solicitado que se le imponga una fianza civil de 205 millones de euros, ya que entiende que «la colaboración o no con la acción de la Justicia no puede devenir en una situación que proporcione con respecto al resto de imputados la posible elusión de las medidas cautelares de naturaleza real».

En un auto dictado el pasado 17 de septiembre, la magistrada decidió no imponer fianza de responsabilidad civil alguna al exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez; al que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA, Antonio Diz-Lois, y a la abogada y ex asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa.

En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía entiende «no ajustada a Derecho» la decisión de la juez de no adoptar medidas cautelares de naturaleza real respecto a María José Rofa, para lo que la instructora tuvo en cuenta la «contribución» de la imputada «al esclarecimiento de los hechos» y el hecho de que esta decisión «acoge el criterio reciente» del Ministerio Público.

La juez también alegó que la posición de la imputada «es muy próxima» a la de Diz-Lois «e inclusive» respecto del ex interventor, así como que respecto de estos dos imputados no se habían solicitado medidas cautelares.