Antonio López: «Permítanos poner multas: si eres alcalde y no cumples, te retenemos tu nómina»

–El último informe de la Cámara de Cuentas, presentado el pasado lunes, analizaba el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén). Siguen repitiéndose «tics» en la Administración local: no facilita información, contrataciones irregulares de personal... ¿Esto es la norma?

–Hay una cierta reiteración de cuestiones en informes que tienen que ver con la Administración local. En el caso de La Carolina, se ha repetido un poquito más.

–Pero no tiene apenas repercusión: un alcalde gestiona mal y se va sin más.

–Nosotros ponemos de relieve disfunciones que se están produciendo pero no tenemos ningún asidero para ver si eso se está cumpliendo o no.

–Volvemos al principio: no hay responsabilidad, no ya penal, si no de ningún tipo. ¿Es ése el problema?

–Eso es parte del problema.

–Agencias y entes de la Junta están subcontratando a empresas para el control de subvenciones. ¿Quién lo controlaba antes?

–Esto funciona de la siguiente manera: cuando dan subvenciones a entes concretos, muchas veces la normativa exige que el receptor justifique mediante auditoría privada. Pero la Junta también tiene que justificarla ante el órgano del que la ha recibido.

–Pero esto viene después de que se haya descubierto que se daban subvenciones sin control.

–Eso ha sido un movimiento que ha salido a raíz de que esto ha generado una polémica.

–La Ley de la Cámara para dotarla de más medios y competencias todavía está sin abordar. Hace poco estuvo con la presidenta para entregarle el adelanto de la Cuenta General. ¿Habló de ello?

–Venimos pidiendo como institución una serie de cambios para mejorar cuestiones que tienen que ver con reformas en la Ley. Estamos hablando de rendición de cuentas. En el ámbito local Andalucía es de las comunidades que estamos peor.

–¿En qué porcentajes está?

–Depende por tramos de población: el informe sobre actuaciones para el incremento de la rendición, a 1 de junio de 2014, señalaba que 262 ayuntamientos no habían rendido ni la Cuenta General de 2011 ni la de 2012. Estas entidades han sido requeridas hasta en tres ocasiones en algunos casos... De los 262, hubo trece que ni contestaron al requerimiento. A 24 de junio de 2014, los niveles de rendición de los ejercicios 2009 a 2013 en todo el sector público andaluz se situaban por encima del 75%; en el 85% respecto al año 12 y el 76% respecto al 13. Esto es una continua lucha. No tiene sentido en el siglo en el que estamos con el avance tecnológico que hay.

–La Ley de Cuentas Abiertas propuesta por Podemos para que no solo la Cámara si no cualquier ciudadano tenga acceso a los movimientos de la Junta, ¿le parece un buen instrumento?

–Pero no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Podía ser interesante, pero yo voy a más: primero creo que la puesta en marcha de la Ley de Transparencia va a revolucionar las cosas. Se lo adelanto, estamos elaborando una metodología de evaluación de su aplicación en el ámbito local. Es esencial porque contempla una serie de requisitos de publicación económica y financiera sí o sí y nosotros tenemos que velar por que eso se esté cumpliendo. Entonces, volviendo al hilo de la Ley: la rendición de cuentas, esencial. Rendición, no estoy hablando de fiscalización, me interesa que ese matiz se entienda. Tienen que presentar la Cuenta General y luego podrá venir la fiscalización. Ese primer escalón es una condición «sine qua non».

–Como el ciudadano que tiene que presentar la declaración de la renta, ¿no?

–Algo así. Lo presenta usted y luego Hacienda podrá ver si lo revisa. Y si no la presentas, entramos a mayores. Bueno, pues nosotros estamos diciendo que como todo ciudadano del mundo mundial tiene que presentar su renta, todos los gobernantes tendrían que presentar su Cuenta General en tiempo y forma.

–Va a haber que coger a una «Lola Flores» de la Administración para hacer una campaña como aquella que hizo Hacienda en los 80.

–A lo mejor, a lo mejor...

–¿Quién podría ser, qué ayuntamiento?

–Bueno... No, pero ante eso, el razonamiento es muy sencillo: el que no cumpla, habilitar una normativa que permita retener las subvenciones de la participación en los tributos de la Junta de Andalucía (Patrica),¿qué menos, no? Pero como los ciudadanos no tienen por qué pagar el pato de esto, entonces permítanos que pongamos multas coercitivas. Si tú eres el alcalde, o el interventor, y no has cumplido con tu obligación, te ponemos una multa que retenemos de tu nómina, hasta que cumplas.

–En 2011 se aprobó una reordenación del sector público, ¿habría que seguir ahondando?

–Creo que hay que hacer aún un mayor esfuerzo de reorganización. Estamos viendo en el análisis de la Cuenta General, y probablemente se pueda trasladar al local, que aún existen organismos y entidades que quizá no queda del todo justificado su papel.

–¿Cuáles?

–Es que no quiero ponerle nombre porque si no parece que las estoy identificando.

–Es que hay que identificarlas.

–Se analiza la Cuenta General y se ven agencias que no tienen personal, solo gasto corriente, que a lo mejor son las dietas de asistencia a consejos y que coincide que el director general es el de la Consejería... No tiene sentido que exista esa agencia. A lo mejor hay que revisar de forma serena hasta qué punto los entes instrumentales de la Junta tienen sentido.

–¿Y tiene sentido, por ejemplo, como ha ocurrido con la Faffe que se disuelva y se manden cientos de trabajadores sin competencias al Servicio Andaluz de Empleo?

–Pero ahí ya hay que jugar con otra cuestión. Lo que tendrás que hacer es buscarle una eficiencia a ese gasto de personal porque choca con la legitimidad de los trabajadores y sus derechos adquiridos, que tampoco la Administración puede cargárselos.

–La Cámara también contrata para análisis puntuales auditoras externas. ¿Tienen las mismas garantías?

–Lo que nos hacen son los trabajos de campo. Le doy un dato: la Cámara tiene un presupuesto de diez millones. Somos el ente que en relación al Presupuesto de su comunidad tiene el menor porcentaje: Cataluña, por ejemplo, dedica el 0,04 del presupuesto; Galicia, el 0,08%; Valencia, el 0,05; nosotros el 0,03.

–Cuando se auditan las cuentas se analiza que los gastos correspondan con lo justificado, pero las leyes de presupuestos en la mayoría de ocasiones no se cumplen. ¿No debería velar la Cámara por ello?

–En el caso de que haya un incumplimiento legislativo, lo decimos.

Me refiero a la liquidación: por ejemplo, las obligaciones reconocidas son algo más de 29.000 millones, con un grado de ejecución del 93%. En el caso de los derechos que se reconocen, son 30.370 millones y una ejecución del 96%. Es cierto que empiezas a analizar y puede que haya programas presupuestarios donde la ejecución sea mayor o menor, y eso se pone de relieve en nuestro informe. A veces la Ley de Presupuestos establece unas pautas y no se cumplen porque hay actuaciones que se salen de la norma, como los libramientos pendientes de justificar, que no cumplen los plazos.

–Y el pago a proveedores, tampoco se cumple.

–La Ley de Morosidad ha puesto unos plazos y si no el proveedor tiene derecho a unos intereses de demora. En el caso de la Junta, para 2014, no se ha cumplido la norma, pero los plazos han estado en la media de las comunidades autónomas.

–¿En la media fuera de la ley o dentro?

–Bueno... Ha ayudado mucho el mecanismo de pago a proveedores: 1.626 millones se han pagado de la Junta. Y luego se acudió al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por importe de 2.606 millones, de los que 1.493 han ido al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Y del anterior, 1.229 fueron al SAS. Esto no justifica nada, pero esos problemas de Tesorería los han tenido la mayor parte de las comunidades.

–¿Qué resulta más complicado en la tarea fiscalizadora?

–En los ayuntamientos suele haber más problemática a la hora de acceder a la información. Estamos buscando la especialización en entornos tecnológicos porque consideramos que puede ser un área de riesgo. Se está preparando un equipo de auditores en inteligencia informática. Luego seguiremos trabajando en auditorías operativas, que es también clave: nos preocupa por ejemplo el desempeño de los servicios de Policía Local. La Cámara va a hacer análisis comparativos y ver si son eficientes. También en las compras del sector sanitario.

–En las contrataciones se sigue abusando de negociados sin publicidad, lo ponen de manifiesto sus informes.

–No solo en lo local, en el ámbito de la Junta, en las diputaciones... Posible fraccionamiento de contratos, el abuso del negociado sin publicidad, en el que no hay tal negociación...

–¿Sigue existiendo la posibilidad de un sumidero de fondos públicos, como ha ocurrido con los ERE o los cursos de formación?

–Siempre he dicho que situaciones de éstas se han podido dar porque ha habido errores, han fallado los controles internos, externos... Pero a partir de aquellas situaciones todos hemos mejorado. Uno de los elementos clave es que juega un nuevo esquema de trabajo: trabajar en base a riesgos. Por otro lado, también le quiero señalar que estamos en coordinación con la Intervención General de la Junta. Son elementos clave, emite alertas y nosotros recogemos todos esos informes que hacen.

–¿Y los leen? Lo digo porque como había en la Junta a quien le llegaba y decía no leerlos...

–Ya, ya... Nosotros nos convertimos en altavoz de esto, es un elemento clave porque identifica disfunciones.

–¿Se han asumido responsabilidades políticas en los casos de corrupción?

–Creo que políticamente las ha asumido gente. Y desde el punto de vista judicial hay una causa abierta que tiene que resolverse. Pero hay que rechazar ese discurso de corrupción generalizada, no se puede vincular a Andalucía con eso, primero porque yo no lo estoy viviendo así desde este órgano de control. Y además cuando vamos a fiscalizar, en general cuando pedimos información nos la facilitan, y entramos a saco. No hay ocultación, por lo menos desde mi perspectiva.