Atasco legislativo en la Junta y en el Parlamento

El diapasón normativo de la X legislatura es lento. El atasco se produce en el Parlamento autonómico, pero también en el Consejo de Gobierno, que es el principal motor para la elaboración de proyectos de Ley que remite a la Cámara para su tramitación y debate por el conjunto de fuerzas políticas. Hay un dato que ilustra bien la situación. El Ejecutivo andaluz remitió al Parlamento el año pasado 13 proyectos de ley de los 30 que tenía planeados. La cifra, por tanto, no llega ni al 50 por ciento. En los tres años que llevamos de legislatura el Consejo de Gobierno ha enviado 27 proyectos de ley y de éstos sólo 15 han superado todo el trámite parlamentario completo y están vigentes. Entre ellos, las leyes de presupuestos de 2016, 2017 y 2018 que el PSOE sacó adelante con el apoyo de Ciudadanos. Hay aún doce que hacen cola y corren peligro de no entrar en vigor esta legislatura.

El vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, compareció ayer para hacer balance del Plan Anual Normativo 2017 y avanzó las líneas principales para 2018, un ejercicio en el que el Ejecutivo se propone remitir a la Cámara otros 12 proyectos de ley. En total, las previsiones de la Junta apuntan a 87 normas, de las que la mayoría son decretos –75–, de menor rango y que siguen una tramitación mucho más sencilla. La Junta pone la vista en el horizonte económico. Algunas de estas normas, según Jiménez Barrios, contribuirán a «apuntalar» la recuperación. El vicepresidente de la Junta ha pedido comparecer en el Parlamento para explicar los detalles.

Hay dos inconvenientes fundamentales en el desarrollo legislativo de la X legislatura. Por una parte, planea un adelanto electoral que es muy probable que comience a dibujarse a la vuelta del verano cuando PSOE y Ciudadanos tengan que ponerse a negociar unos nuevos presupuestos que salvo un remoto caso no verán la luz. Los de 2018 son los últimos presupuestos de la legislatura y con ese convencimiento en Ciudadanos apretaron para obtener su gran conquista: la eliminación del impuesto de Sucesiones a las herencias de hasta un millón de euros. Por tanto, teniendo en cuenta que las elecciones tocan por calendario en marzo de 2019, el Parlamento quedaría disuelto, en el mejor de los casos, a finales de 2018 o principios de 2019, con lo que quedarían, descontando agosto, ocho meses hábiles. Tiempo insuficiente en el escenario más optimista para que salga adelante todo el atasco legislativo que acumulan en este momento tanto la Junta como el Parlamento.

Por otra parte, el problema no es solo de cantidad, también de relevancia de las leyes. El Consejo de Gobierno aún no ha remitido algunos de los grandes proyectos normativos de la legislatura como el de Subvenciones; el de Agricultura, que lleva coleando desde 2012 y que Susana Díaz le ha puesto fecha recientemente para el 24 de abril; o la reforma de la ley electoral, uno de los empeños principales de Ciudadanos. De momento no tiene ni fecha ni horizonte concreto. Si atendemos a los 27 proyectos de ley que ha enviado el Consejo de Gobierno al Parlamento desde el inicio de la legislatura podemos comprobar que de los 15 aprobados, tres se corresponden con las leyes de presupuestos. Y otros son de obligado cumplimiento como la ley para la concesión de un crédito para sufragar las subvenciones a los partidos de las elecciones de 2015. El Parlamento aún tiene en trámite una serie de proyectos de ley de profundo calado económico como el de Formación Profesional, que ha recibido fuertes reparos por parte del Consultivo y del Consejo Económico y Social; el de Sociedades Cooperativas; o el de Fomento del Emprendimiento.