Avisan a la jueza del “caso Infoca” de que empresas a las que investiga están en el «cártel del fuego»

Ecologistas aporta un auto en el que se detalla cómo funciona el supuesto «grupo criminal». Se envió a la Audiencia Nacional e incluye sociedades y expedientes analizados en Sevilla

La Federación de Ecologistas en Acción Sevilla ha ampliado el horizonte a la jueza que coordina la investigación del denominado «caso Infoca», en el que se analizan presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de alquiler de medios aéreos para el plan contra incendios de la Junta que da nombre a la causa. Ha puesto en conocimiento de la magistrada María de los Reyes Flores un voluminoso auto de 65 páginas del juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), en el que se asevera que ha quedado «suficientemente acreditada» la existencia de «una organización, englobada por el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA –Asociación Española de Compañías Aéreas–», el llamado mediáticamente «cártel del fuego», que «de manera pormenorizada y continuada alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros», a nivel nacional y autonómico. ¿Para qué? O bien dejarlos «desiertos» e «incrementar el precio de licitación», o bien «acudiendo» a ellos una única empresa, a la que se le adjudicaba «por el precio máximo de licitación» o «presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras» de cual sería la elegida. Una forma de proceder que ha «atentado» contra «la libre competencia, el principio de equidad e imparcialidad que debe de presidir en los concursos públicos», y ha provocado un «importante perjuicio económico para el erario público, tanto nacional como autonómico, y en su caso internacional», de manera «continuada en el tiempo», según la resolución, consultada por LA RAZÓN. En ella se apunta además, antes de acordarse la inhibición en el proceso del mencionado órgano judicial valenciano a favor de la Audiencia Nacional, que seis de las empresas pertenencientes a AECA se autodenominaron «Grupo 6» y «se concertaban» a nivel regional, nacional e incluso internacional, ya que el reparto incluía Portugal, Italia y Chile. Este corpúsculo, «amén de orquestar sus propias normas contrarias a los principios de la libre competencia, como respetar a toda costa sus áreas de influencia, es decir, comunidades autónomas y concursos en el extranjero, se liquidaban» anualmente «por diversos conceptos entre las mismas». Así se relata en el mencionado auto que Ecologistas ha hecho llegar a Flores y en el que no sólo se detallan los «indicios racionales de criminalidad» detectados, sino que se determina que éstos podrían ser a priori constitutivos de un rosario de delitos: uno continuado de alteración del precio de concursos públicos, otro de pertenencia a organización o grupo criminal, un tercero y cuarto continuados de falsedad en documento mercantil y de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y un último de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Los ecologistas avisan en su escrito a la jueza, la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, de que existe en él un «apartado concerniente a Andalucía», en el que «se nombran» varios expedientes «de contratación de aviones y helicópteros de lucha contra incendios forestales de los años 2003 a 2015» que no le son ajenos, dado que forman parte de las diligencias que ella coordina sobre lo que la Policía calificó como el «chollo de las subvenciones», a raíz de la denuncia del funcionario que destapó el «caso Infoca». Es más, la representación legal de Ecologistas en Acción, personada en el proceso, pidió el pasado octubre a la instructora que se solicitara información a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio relativa a ellos. En concreto, pretendía que se aportaran, dentro de una batería de diligencias de prueba que plantearon, las certificaciones del responsable de los contratos, algunos de los cuales están reseñados en la resolución del juzgado de Sagunto, y la «actuación» de la Intervención General de la Junta (IGJA) en aquellas certificaciones. Hay más. Ecologistas pone el foco en su texto, al que ha tenido acceso este periódico, en la presencia en ese «cártel del fuego», de empresas que el juzgado sevillano tiene bajo su lupa y cuyos responsables podrían ser autores de la ristra de delitos enumerados a la Audiencia Nacional. Entre esas sociedades se encuentran la mercantil Faasa Aviación, Servicios Aéreos Europeo y Tratamientos Agrícolas SL (Saeta), Trabajos Aéreos Espejo SL o la Compañía de Extinción General de Incendios SA (Cegisa), que incluía, de acuerdo al auto desgranado, a Inaer Aviones Anfibios SA, Inaer Helicópteros SA, Helicsa Helicópteros SA y Transportes Aéreos del Sur SA.

En el ámbito de la causa centrada en las contratas de medios aéreos para el Infoca se ha encausado ya a un jefe de servicio de Medio Ambiente y a dos directivos de Faasa. Para Ecologistas en Acción no se puede «entender» que «durante mas de catorce años haya habido una conspiración del denominado ‘cártel del fuego’, gracias a la cual se ha abusado de los precios» y «los técnicos del Infoca no hayan advertido la colusión de empresas». Una circunstancia que, según fuentes de la organización, «ha ido en perjuicio de la prevención de incendios» y ha repercutido en la falta de medios para luchar contra las llamas.