Barberá estuvo en la cumbre de Hacienda para hablar de los ERE

«Esta mañana –por ayer– he podido confirmar que fue Agustín Barberá –ex viceconsejero de Empleo– el que citó a Francisco Javier Guerrero para acudir a una cita en la Consejería de Hacienda». Son declaraciones de Fernando de Pablo, ex abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, en Onda Cero. La reunión, que se celebró en 2005 entre representantes de la Consejería de Economía y Hacienda y la de Empleo se produjo para hablar sobre el procedimiento de los ERE que la Intervención General había alertado que vulneraba la ley.

Según publicó este periódico el pasado sábado, fuentes cercanas al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero –incluido su ex letrado– aseguran que en el cónclave, al que acudieron, entre otros, la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo –hoy consejera de Hacienda y Administración Pública– y el director general de Presupuestos Antonio Lozano –hoy viceconsejero de Presidencia– se decidió continuar con el sistema de trabajo obviando las advertencias del máximo órgano de control interno de la Administración andaluza. Fernando de Pablo asegura que la conclusión alcanzada fue que «había que seguir trabajando con el mismo procedimiento y de la misma forma».

En 2005, la Intervención General de Hacienda había trasladado a tres consejeros –el de Empleo, Innovación y Economía– un informe especial sobre las irregularidades detectadas en la tramitación de ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y Social. En las conclusiones del mismo se exponía que el centro directivo estaba otorgando «subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Una actuación que había provocado un «desfase financiero» que a 31 de diciembre de 2004 superaba los 38 millones de euros.

Precisamente fue Agustín Barberá el que firmó las alegaciones a la auditoría. Entre otros argumentos, esgrimió que el sistema garantizaba «la paz social». El ex viceconsejero se encuentra en libertad con cargos y está imputado en la causa por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN señalan que la participación de Barberá en la reunión entraría dentro de los procesos habituales de la Administración andaluza. Sin embargo, este periódico ya informó el sábado que tanto Martínez Aguayo como Lozano no tenían constancia de que la cita se produjera.

De Pablo asegura que su cliente se está replanteando «cómo administrar sus silencios».