Bolaños reitera que Lanzas distribuyó dinero de comisiones a cargos públicos

La jueza Mercedes Alaya situó al conseguidor de los ERE y ex ugetista, Juan Lanzas, al frente de un entramado de empresas con intereses torcidos en el que su sustituta al frente del juzgado, María Núñez Bolaños, lo mantiene. En un auto en el que ha impuesto una fianza civil de 201.658,40 euros a uno de sus supuestos testaferros, Antonio Santiago Pérez Porcel, la instructora sostiene, en línea con lo establecido antes por Alaya, que Lanzas creó una telaraña societaria «fantasma», denominada Atrado, con la que mantener «oculta su identidad» y poder cobrar las sobrecomisiones de pólizas ligadas a los ERE fraudulentos.

«A través de estas sociedades instrumentales –afirma Núñez en su auto al que accedió LA RAZÓN–, cuyo ‘modus operandi’ sería diseñado y controlado por Lanzas, podría convertir parte de las ilícitas sobrecomisiones procedentes de fondos públicos en sus ganancias aflorándolas al circuito financiero». Un dinero que «en su mayor parte se lo quedaba para sí y en otras ocasiones lo distribuía a otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos», según la jueza.

En ese contexto, Pérez Porcel, para quien ahora se concreta una fianza pendiente desde 2013, figuraba como administrador único y autorizado en las dos cuentas con las que contaba una de esas empresas: Conexión en Reparto. Desde esa posición «habría posibilitado el desvío de fondos procedentes de la Administración andaluza por un importe total de 1.512.437,98 euros». De ellos, 573.910,77 fueron destinados «principalmente» a él mismo y otros 106.964,29 euros al también imputado Eduardo Leal.