Cinco años en publicar un contrato de 47 millones por... «error informático»

La explicación de la Junta de por qué publicó al cabo de cinco años la adjudicación de un contrato de 47 millones de euros para vehículos de alquiler de la extinta empresa pública Egmasa, cuando la ley obligaba a hacerlo en un plazo de 48 días, es que se debió a un «error de de la aplicación informática» del Boletín Oficial del Estado. Así lo aseguró ayer en sede parlamentaria el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, en respuesta a una pregunta de la parlamentaria del PP-A Esperanza Oña, que se basó en la información que adelantó LA RAZÓN.

Este periódico informó el pasado 18 de marzo de que el Ejecutivo autonómico estaba ocultando la adjudicación del mencionado contrato, del que aún no hay rastro ni en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ni en la Plataforma de Contratación Pública. La licitación se produjo en agosto de 2007. La adjudicación, en diciembre de ese año. Sin embargo, la publicación en el Boletín Oficial del Estado no llegó hasta exactamente un lustro más tarde: en diciembre de 2012.

Se da la circunstancia de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que resultó beneficiaria con el jugoso contrato incluyó a una pyme –Bujarkay– con relaciones privilegiadas con cargos del Partido Socialista. Concretamente, el administrador único de la empresa jienense, Rafael Castillo Punzano, mantiene relación de amistad tanto con el actual gerente provincial de la extinta Egmasa, José Álvarez Molino, como con su antecesor en el cargo, Rafael Valdivieso, sobrino del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.

«¿Están tapando tal vez algo que no deba conocerse?, ¿cuántos coches suministraron por 47 millones de euros?, ¿intentaron ocultar que una de las empresas de la UTE era una pyme que no parece tener ningún mérito para la adjudicación más allá de las buenas relaciones con el Partido Socialista?», deslizó la dirigente del PP-A en una contundente y firme exposición.

La adjudicación se publicó en junio de 2008, a los seis meses de producirse. Pero no en el Boletín oficial del Estado o en el de la Junta de Andaucía, que era donde procedía, sino en el Boletín de la Comunidad Europea. También se produjo en otro lugar de reducida transparencia: en la página web de Egmasa, según explicó el consejero del ramo. Planas reconoció el supuesto «error». Sin embargo, se afanó en explicar que esto no implica «la nulidad del procedimiento». «Se ha actuado bajo los principios de transparencia y legalidad».

«No es normal. Es en el BOE y en el BOJA donde tenemos que publicar las cosas, ya que luego hablan y nos intoxican con esa supuesta transparencia que nunca aparece», le respondió la vicepresidenta segunda de la Cámara.

Oña inquirió asimismo al consejero de Agricultura por detalles del contrato como el número de vehículos o por la sustitución de estos vehículos después de tres años, el tiempo de vigencia del contrato. El consejero se limitó a expresar que se trata de una flota para el plan contra incendios del Infoca, sin dar ningún detalle más.