Cuestionan el sistema andaluz de agencias sanitarias

Uno de los fundadores de la Fadsp avisa de que «no ha demostrado ventajas sobre la gestión pública tradicional»

Privatizar es, de acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia Española (RAE) de la lengua, transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Este verbo se ha conjugado en muchos ámbitos, entre ellos el sanitario, en una evolución del germen que supuso la Ley General de Sanidad de 1986, que fijó el derecho a la atención sanitaria universal, basado en la promoción de la salud y en la prevención. Desde entonces, el modelo ha sufrido cambios que florecieron como esporas con el transcurrir de los años y que han sido de distinta naturaleza según las comunidades. En concreto en Andalucía se marcó el camino en 1993 cuando se constituyó la empresa pública Hospital de la Costa del Sol, con la que se buscaba incorporar principios y mecanismos de la gestión privada a un centro de titularidad pública con particularidades propias. A aquélla se sumo al año siguiente, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES); en 1997, la rotulada como Hospital de Poniente de Almería; en 2000 la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir; y en 2006, la Sanitaria Bajo Guadalquivir, según se relata en la página web del propio Ejecutivo regional. Luego pasaron de ser empresas públicas hospitalarias a tener la consideración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta del tipo agencia pública empresarial sanitaria, unos entes adscritos y controlados por la Consejería de Salud que comanda en la actualidad Marina Álvarez. Un sistema en red que, en opinión del Doctor en Medicina, Marciano Sánchez Bayle, fundador de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), «no ha demostrado ventajas sobre la gestión pública tradicional ni que sea más eficiente que ésta ni que mejore el servicio que se ofrece a los pacientes». A juicio de Sánchez Bayle, el «problema esencial» que conlleva esta forma de organización es que «se incluyen incentivos de mercado en el sistema sanitario», que «están pensados para favorecer a los que dan prestaciones asistenciales a menor coste», explica a LA RAZÓN. No quiere pasar de puntillas por este punto, ya que se muestra convencido de que, esa incorporación «da muy malos resultados y plantea problemas en la práctica ligados, por ejemplo, a la asistencia a los enfermos más complejos».

El doctor defiende que «una de las ventajas del sistema sanitario público tradicional es la integración de todos los recursos» y advierte de que «la creación de élites gestoras que mantienen negociaciones un tanto ficticias con una Administración» de la que dependen en última instancia, «dificulta que esto sea así». Sánchez Bayle aboga por que, entre otras cuestiones, se evalúen los resultados de las agencias y empresas sanitarias públicas andaluzas.

Un modelo que ha permitido «avances», según la Junta

El Gobierno andaluz defiende que las agencias sanitarias, como forma jurídica que garantiza el carácter público de la prestación en sus ámbitos geográfico y poblacional, han permitido «avances en la organización de la actividad y en la gestión de los recursos». Asegura, y así se puede comprobar en el portal de la Consejería de Salud, que como organizaciones que forman parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), tienen como fin principal «garantizar una asistencia sanitaria continuada, integral, personalizada y de calidad».