De Llera reclama 1.080 jueces y fiscales, casi diez veces más de lo que pedía hace un año

Hace justo un año, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, reclamaba al Ministerio 85 nuevos jueces y 60 fiscales para paliar el colapso en los juzgados andaluces. Hoy, con una situación similar, la cifra se multiplica por diez y por tres respectivamente. Su petición se eleva a 900 nuevos jueces y 180 nuevos fiscales para que la comunidad autónoma alcance la media de la Unión Europea y para hacer frente al «atasco» que sufren «todas» las jurisdicciones, según explica en una entrevista concedida a Europa Press. De Llera no hace mención al número de nuevos funcionarios que serían necesarios para atender los juzgados, pues de poco servirán más jueces si no hay un refuerzo de la plantilla de funcionarios, necesarios para todos los trámites que conlleva el trabajo del juez. Estos emiten sentencias, autos y resuelven, pero necesitan personal que tramite todo eso para que no se quede encima de la mesa.

Andalucía cuenta con una ratio de 10,5 profesionales por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional situada en un 11,1, así como al promedio europeo, que es del 21,3. «Cada día es más imprescindible incrementar las plantillas de jueces y fiscales, y más ahora con los atascos que están sufriendo todas las jurisdicciones» debido a la crisis económica, asevera el consejero del ramo, que se refirió por ejemplo a lo Mercantil, cuya situación de «enorme» atasco «nos obliga a adoptar decisiones creativas».

También lo hizo sobre los juzgados de lo Social, que «están soportando una carga terrorífica para la que no tienen capacidad de respuesta», punto en el que ha precisado que hay juzgados que necesitan de un especial apoyo, pero los medios que tiene la Junta «son limitados».

Y es que, según añadió el consejero de Justicia de la Junta, «el Estado nos prohíbe que contratemos más personal de Justicia» y al mismo tiempo «no amplía las plantillas de funcionarios», lo que «nos impide crecer».

Desde CC OO se argumenta que la relación debe ser dos funcionarios más por cada juez. La Consejería señala al Estado como responsable hoy de la situación, pero no realiza autocrítica. Tampoco hace mención a la anunciada redistribución de funcionarios iniciada hace un año y que por ahora no da los frutos esperados.

Sobre las relaciones Estado-Junta, De Llera ha vuelto a reclamar al ministro del ramo, Rafael Catalá, que haga entrega a la comunidad del dinero recaudado con las tasas, pues la Ley de Tasas «ordena expresamente que el dinero recaudado se destine a la justicia gratuita», pero «se han saltado la Ley que aprobó el propio PP». «Para darte un euro, son muy cicateros», lamentó el consejero, que recordó que la Junta presentó sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Tasas, que «aunque se modificó en 2015 y exoneró a las personas físicas, las mantuvo para Pymes y cooperativas», añadiendo que «machacar a esta gente pequeña no me parece sensato ni justo, por eso mantenemos los recursos».