Dos ex Faffe montaron una de las empresas regadas con ayudas

Los múltiples procesos judiciales abiertos en la comunidad en torno al presunto fraude en los cursos de formación han provocado en los últimos meses estruendo de cuervos y bocinas, pero aún caben las vueltas de tuerca. El juzgado onubense de Instrucción número 5 investiga una de esas causas y a él se dirigió un informe de la Policía, que obra en el sumario y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, centrado en una empresa: Novaula Formación y Recursos Humanos. Se trata de una sociedad limitada constituida en Huelva en agosto de 2009, con Carlos G. V. como único administrador –ha constado asimismo como administrador de Tegnos Hitech, Invesworld Servicios Empresariales, Kivanda Software y Sistemas y Previcor Servicios Integrales–; y con María Ángeles P. Á. y Jesús G. S. como socios.

Novaula recibió, con cargo al programa presupuestario 32D, y gracias a una Resolución de febrero de 2011 de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) una subvención por importe de 134.771,25 euros para la puesta en marcha de dos cursos, uno de agente comercial y otro de programador de aplicaciones informáticas. Los investigadores se centran en su informe en la gestión de esa ayuda para concluir con aseveraciones como que «en general, toda la facturación» presentaba «irregularidades de forma» o que no existió por parte del SAE «el control y la supervisión» que hubieran sido necesarios, dada la «escasa y deficiente verificación de la documentación justificativa entregada por el beneficiario». Pero van más allá. Apuntan que Carlos G. V. recibió entre los años 2010 y 2012 un global de «309.142,50 euros en subvenciones públicas procedentes del SAE», gracias al riego que se hizo no sólo a Novaula, sino también a Tegnos Hitech.

Y llaman la atención del juzgado sobre otra cuestión. Sus pesquisas les permitieron comprobar que tanto el administrador único Carlos G. V. como el socio Jesús G. S. «formaron parte» de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta, que centra una de las piezas de la «macrocausa» abierta sobre acciones formativas por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Policía explica que el primero integró la red de la antigua fundación entre 2009 y 2010 y el segundo de enero de 2008 al mismo mes de 2009, en una primera etapa, para reengancharse entre marzo de 2009 y marzo de 2010; es decir, Novaula ya estaba montada. Los investigadores entienden que su paso por la Faffe constituye un «indicador» de que ambos empresarios disponían «del conocimiento y la facilidad de acceder a las subvenciones destinadas a la formación para el empleo», al margen de que, añaden, la polémica fundación del Gobierno andaluz se haya visto implicada «en varios escándalos de malversación de fondos públicos» y anomalías por «presunto ‘enchufismo’». Los partidos de la oposición la han calificado a menudo, de hecho, de «chiringuito de colocación» del PSOE-A.

En relación al análisis de la ayuda de 134.771,25 euros, los agentes relatan que estos empresarios presentaron la solicitud de participación en el programa de acciones formativas con compromiso de contratación –que se incumplió– «escasos meses» después de haberse dado de alta y sin ningún trabajador en esa situación.

La Policía reparó en que en cada uno de los dos cursos a impartir, «únicamente» figuraba un monitor principal que «casualmente» eran Carlos G. V. y su socia María Ángeles P. Á., quien resultó ser su esposa. Entre los dos, se imputaron, según el informe policial, «prácticamente el cien por cien del gasto de docencia», lo que supuso una cuantía de 58.425 euros.

A ello se suma que a mitad del curso, la entidad solicitó un cambio de instalaciones que se materializó, pese a que «no se recoge autorización» por parte de la Junta ni el SAE realizó la «más mínima comprobación» de si la nueva sede se ceñía a «los requisitos mínimos exigidos para el desempeño de la acción formativa».

Los investigadores reseñan en su trabajo que la Junta acordó un reintegro parcial de los fondos, cuando, «en base a las irregularidades detectadas», lo que hubiera procedido «sería un reintegro total» y hacen partícipe al juzgado de la «dilación» con la que la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de Huelva les aportó la documentación y de que la copia que finalmente se les proporcionó se hizo en ocasiones «usando papel en sucio», con tachones.

Ánfora pidió una subvención «para el lucro» de sus dueños, «pescadores» de fondos

«Pescadores de subvenciones». Así etiqueta la Policía a empresarios como Pedro Ramiro Palos y Félix Martín, según reflejaron en uno de sus informes que forma parte de la causa sobre los cursos de formación que instruye el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva. El entramado empresarial «controlado por estas dos personas» se hizo entre 2009 y 2012 con «cerca de un millón de euros» en subvenciones de la Junta. Y se puede completar el cuadro. Palos formó parte de la Fundación Progreso de Andalucía, de la órbita del PSOE, y subvencionada a su vez por el Ejecutivo autonómico. De Martín, lo agentes reseñan su Presidencia de la patronal andaluza de empresas de formación (CECAP), a lo que hay que añadir su incursión en política, como primer suplente en la lista del PSOE de Castilleja de Guzmán (Sevilla) en las elecciones municipales de 2003. En el trabajo policial consultado por LA RAZÓN, se desentraña un expediente vinculado a una de sus sociedades, Ánfora Formación SL, constituida en Sevilla y adjudicataria de una ayuda de 311.025 euros por parte de la Dirección Provincial onubense del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los investigadores hacen un análisis de la gestión de esos fondos y tras consultar una serie de documentos y entrevistar a profesores y alumnos concluyen que «Ánfora Formación SL solicitó la subvención para el lucro de los propietarios de la entidad». Ello de una parte. De otra, la Policía sostiene que hubo una «dejadez absoluta, cuando no cierto dolo» por parte «del SAE y sus órganos de gestión, supervisión y control en la provincia de Huelva», cuanto menos en la supervisión previa a la concesión de los fondos a la mencionada sociedad, así como en «las acciones de seguimiento» que debió llevar a cabo sobre la misma «durante el supuesto plazo de realización del curso». Trasladan al juzgado que el expediente se justificó y fue pagado en su totalidad por parte de la Administración regional «sin contener factura ni documento justificativo alguno».