Educadores sociales, una década «en precario»

El colectivo estalla contra la Junta al sentirse «marginado» y convoca una protesta para el 4 de octubre frente al Parlamento

Detrás de las medidas sociales estrella de la Junta, como la Renta Mínima de Inserción Social o la recientemente aprobada Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, está un colectivo permanentemente maltratado por la Administración autonómica. Se trata de los educadores sociales, que ahora estallan tras trece años reclamando la regulación de la profesión, tal y como apunta el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía, al sentirse «marginados» y soportando una situación de precariedad laboral que va en detrimento de los servicios que prestan. Por ello, el colectivo ha convocado una concentración para el próximo 4 de octubre frente al Parlamento andaluz para reclamar, entre otras cuestiones, un acceso a la función pública «en igualdad de condiciones» y la articulación de medidas que favorezcan una mejor «intervención socioeducativa».

Denuncian que, en el caso de la Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, existe una «gran diferencia» en cuanto al número de educadores contratados «respecto a otras profesiones». Además, en relación a la Renta Mínima de Inserción Social, que sigue sin coger vuelo, los educadores «estamos al margen» en la formación y en la valoración de los solicitantes, así como en la implantación de los proyectos de intervención.

Este verano ha sido especialmente complicado en las costas por la ingente llegada de inmigrantes. Muchos de ellos son menores extranjeros no acompañados, los denominados MENAS. Incluso el Gobierno andaluz protestó enérgicamente ante el Ejecutivo de Sánchez por su escaso apoyo a la hora de atenderlos. El colectivo observa que en los dispositivos urgentes que se han puesto en marcha «no se aplica la legislación en materia de protección de menores» y alerta de la inexistencia de programas de acogida inmediata, «independientemente del tiempo que tengan que estar en los mismos». E insiste: «Se necesita información y transparencia en el número de menores que están llegando a nuestro país y dar a conocer la situación en la que se encuentran los centros de acogida».

Junto a ello, se produce una «externalización de servicios» a través de empresas y entidades colaboradoras que «contratan sin tener en cuenta la Ley 9/2005» o «infracontratan» con categorías inferiores, por ejemplo auxiliares o monitores educativos en lugar de la categoría que establece el convenio colectivo.

Muy indignados se muestran cuando analizan los procesos selectivos para acceder a la Administración autonómica, alertando de una «pérdida paulatina» de este perfil profesional. Desde el año 2008 no se han creado nuevas plazas de educadores por concurso oposición en la Consejería de Educación y la bolsa de trabajo de estos profesionales quedó inactiva desde el curso 2009-2010. Se da la circunstancia de que estas plazas en los concursos de traslados no tienen requisito de titulación, aunque sí lo tuvieron en el acceso a la función pública, así que cualquier funcionario con titulación de diplomatura en cualquier carrera «puede optar a nuestras plazas».

En el día a día «no se cubren las plazas cuando se produce una situación de baja laboral», hasta el punto de que no se ha cubierto ninguna, según apunta el colectivo, desde el año 2009. De los 68 educadores que obtuvieron plaza en el último proceso selectivo sólo quedan 46, todo ello frente a un compromiso que adquirió la Junta con los sindicatos para una dotación, en el año 2007, de 200 educadores. Esto explica, según el colegio profesional, los casos de educadores a los que se le ha asignado «hasta siete centros educativos» para «rentabilizar el recurso», tal y como apuntan desde algunas delegaciones territoriales. Este complicado acceso a los traslados hace que muchos ingresen en otras consejerías para conseguirlos.