El 10% de los centros «suspendió» en el Plan que pagaba pluses por aprobados

La evaluación de la Junta revela que un tercio de los adheridos al Plan de Calidad logró menos del 60% de los objetivos

El Plan de Calidad educativo fue anulado por el TSJA
El Plan de Calidad educativo fue anulado por el TSJA

La publicación de los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes –Informe Pisa– a principios de mes de diciembre volvió a airear las debilidades del sistema educativo andaluz. Los consejeros de Educación y de Economía y Conocimiento de la Junta emplearon todos sus argumentos en desmontar la validez del estudio por considerar que obvia las particularidades de cada región, poniendo en duda incluso su rigor científico. Todo para justificar que Andalucía vuelva a ocupar la última posición cuando su sistema se somete a evaluaciones externas.

Una semana después de conocerse el informe, llegaba el primer atisbo de autocrítica oficial: el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, admitía la necesidad de «avanzar en la calidad» del sistema educativo público. Un compromiso que debe materializarse a través del Plan de Éxito educativo 2016-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre.

Antes, la Consejería de Educación ya había protagonizado otros intentos con planes específicos para mejorar los resultados académicos. El más polémico fue el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares, conocido como «Plan de Calidad», cuya medida destacada eran los incentivos económicos para el profesorado que se adhiriera a él.

El funcionamiento básico es que durante cuatro años los centros educativos se comprometían a aplicar iniciativas encaminadas a la consecución de una serie de objetivos, fijados en función de su situación específica, según detalla la Memoria del curso pasado publicada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve). Cada docente recibía por ello un plus de hasta 7.000 euros, comenzando por 600 euros el primer año, cantidad que iba incrementándose progresivamente. Ese primer pago es el único que no estaba vinculado a la consecución de objetivos; para el resto, se aplicaba una fórmula en función de las metas superadas. La memoria de actividades del pasado curso incluye la evaluación de los colegios e institutos que participaron en dicho plan. El balance arroja que de los que concluyeron su tercer año de aplicación, el 21% no han cumplido prácticamente con ninguno de los objetivos planteados, con un nivel por debajo del 40%. Otro 6% de los 286 centros inscritos alcanzó entre el 40 y el 60% de los logros previstos, según la clasificación establecida por la Agaeve. Del grupo que concluyó su participación en el curso 2014/15, solo un 17% obtuvo una calificación «excelente», que implica haber alcanzado al menos el 80% de los logros planteados. El mayor porcentaje lo copan los centros que culminaron entre el 60 y el 80% de los objetivos, un total de 678 de los 1.384 participantes. Un 24% se situaron por debajo del 60% de las metas superadas; mientras que el 10% restante ni siquiera superó el aprobado.

Estos resultados corroboran la falta de eficacia de estas actuaciones para erradicar el fracaso escolar y suponen además una reducción de los abonos que deberá realizar la Junta, que es quien en última instancia evalúa a los centros. «Su aplicación no ha tenido ningún impacto en los centros», asegura Alicia Guevara, responsable de acción sidical de Enseñanza en Ustea. «No ha mejorado nada porque además la Consejería tiene políticas educativas nefastas y no mira por la calidad de la educación. Pagar un incremento al profesorado según los aprobados no es un criterio objetivo que de verdad favorezca la enseñanza», critica. En sus cuatro primeros años de aplicación, la Junta destinó a estos sobresueldos 161 millones de euros, según datos del sindicato Ustea.

El Plan de Calidad arrancó en 2008 e incluía incentivos al profesorado por la consecución de unos determinados objetivos, entre los que se encontraban los resultados académicos o la reducción del absentismo. La medida nació con polémica y fue finalmente tumbada por los tribunales. El TSJA la anuló en 2010 al considerar que no se ajustaba a la Ley de Educación andaluza (LEA) y la decisión fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. A finales de 2012 se suprimieron dichos incentivos por el contexto de crisis económica. Sin embargo, la Junta mantuvo su compromiso de seguir abonándolo a los docentes que lo hubieran iniciado hasta su finalización. En este ejercicio, la falta de fondos obligó a prorrogar el último pago, el más cuantioso, que los docentes recibirán en sus nóminas durante los próximos tres años.