El «caso ERE», a las puertas del lustro

Varios abogados confirman las dudas que aún genera una «macrocausa» que cumplirá cinco años este mes y que ha soportado vaivenes entre juzgados y cambios de instructor

Si se dice ERE, en Andalucía y más allá de sus límites habrá quien vincule la palabra a uno de los casos más mediáticos de la historia judicial española reciente. Su instrucción cumple en este mes, el día 19, un lustro. Cinco años en los que ha cambiado de manos en varias ocasiones. De hecho, el proceso ha pasado desde el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Tribunal Supremo (TS), para volver al punto de partida. Y en éste, la jueza que inició el sumario, Mercedes Alaya, fue sustituida debido a su traslado a la Audiencia Provincial, a petición propia, por María Núñez Bolaños, quien, en contra del criterio de la primera, ha troceado la «macrocausa» en tres piezas primero y en seis después, de momento. Las mismas que ha entregado a Álvaro Martín, juez de refuerzo en el órgano instructor desde septiembre de 2012, en el que se ocupaba de sacar adelante los asuntos ordinarios ajenos a las «macrocausas». Esta decisión de Núñez ya ha sido santiguada por instancias superiores como el TSJA, no así el plan de despiece de la actual titular del juzgado, recurrido a la Audiencia por la Fiscalía Anticorrupción y por otras partes personadas en el proceso.

Aún no está claro el perjuicio económico que el presunto fraude ha causado a la Administración andaluza, y el número de imputados se cuenta por centenares –Bolaños encausó recientemente a más de 200 de una tacada por ayudas a empresas de la Faja Pirítica de Huelva, aunque algunos ya lo estaban–. Entre ellos se cuentan ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y varios ex consejeros de sus gobiernos. De hecho, sólo en la «rama política» hay 52 imputados.

Lo sucedido con el «caso ERE» ha suscitado una noria de opiniones. LA RAZÓN ha recabado la de algunos abogados implicados en él, a quienes ha planteado tres preguntas sobre el prolongado camino andado, de cuyas respuestas se deja traslucir la complejidad del «megaproceso» y el desconcierto que aún provoca, incluso entre los que están familiarizados con él.

Las preguntas de La Razón

1-¿En qué punto cree que se encuentra ahora la «macrocausa», después de las idas y vueltas al juzgado de origen?

2-¿Considera acertado el rumbo que ha tomado el caso de la mano de María Núñez Bolaños y que incluye una división del proceso recurrida?

3-¿Cuánto tiempo más durará la instrucción y en cuántos juicios se traducirá?

JOSÉ MARÍA CALERO

1-Las dimensiones mastodónticas del caso, que lo convierten en inabarcable y de imposible tramitación, vienen provocadas por el error de incriminar toda clase de irregularidades o disfunciones estrictamente administrativas. Parece que la Fiscalía y la Audiencia mantienen el planteamiento de máximos, con incriminaciones masivas de toda una década y toda una Administración. Si es así, estamos como al principio.

2-Mi impresión es que no permiten a la nueva jueza tramitar de otro modo la causa, con agilidad y criterios prácticos y de mínimos.

3-Me resulta imposible hacer un pronóstico en ninguno de los dos aspectos de la pregunta. En mi opinión, en muchos casos no debería haber juicio porque debería archivarse la causa por no ser los hechos delictivos y en otros muchos casos podría negociarse la conformidad. Sin exageraciones y aplicando con rigor la norma penal, podría llegarse a un juicio con cuarenta o cincuenta imputados, que ya está bien. Quienes tienen que decidir no parece que compartan este planteamiento, lo que nos aboca a una tramitación de largos años y a cientos de juicios.

JULIO MARTÍNEZ

1-Creo que ahora estamos en un punto de una cierta confusión, que necesita tiempo para despejarse, y a lo que no ayuda el lento ritmo en la resolución de recursos de apelación por parte de la Sección Séptima –de la Audiencia–. Aún no es firme, y está lejos de serlo, la división en piezas del procedimiento principal; tampoco se tiene la certeza –y está apelado por el fiscal– de que lo ya hecho al respecto, esté bien. Eso hace presuponer que tardará en despejarse la división en piezas no menos de un año. Añadamos a ello que pasa la instrucción a manos de Álvaro Martín, que aunque penalista no sabemos cómo instruye, pues no le hemos leído ni una providencia. Se diría que Núñez Bolaños quería llevar este caso y otros, pero que en cuanto los vio, cambió de parecer. Todo esto junto, por sí solo, hace que aunque buena parte de los atestados puedan estar hechos, a la instrucción le queden muchos años por delante, no menos de tres o cuatro.

2-Había grandes presiones para dividir la causa en piezas, lo que de haberse verificado al principio –como planeó inicialmente la propia Mercedes Alaya en 2011–habría permitido una mayor celeridad al proceso; pero siguió la instrucción tres años y pico más, y ya el material probatorio se entremezcló y se vio que todo estaba interrelacionado, cambiando Alaya de parecer con rotundidad, como es sabido. Dividir la causa ahora es tarea de no poca complejidad y sí de mucho tiempo (sería algo así como proceder a la separación de siameses...), cuestión no querida por los imputados ni por sus defensas porque les abocaría a multitud de juicios, para los que, si bien la maquinaria de la Justicia (Fiscalía) puede estar preparada; no ocurre otro tanto para los que se tienen que sentar en el banquillo de los acusados. Habría que preguntarse si es verdaderamente «efectiva» la tutela judicial que se ofrece a los imputados que se van a ver obligados en sus segundos y terceros juicios a servirse de abogados de oficio, o si, por el contrario, será solo una forma de cubrir el expediente para que tan importante número de juicios se celebre a toda costa, pese a que, de facto, se produzca indefensión para aquéllos.

3-No creo que tarde menos de tres o cuatro años en concluir la instrucción, pues hay muchas pruebas que practicar y muchos recursos que resolver aún, con una duración en torno a un año para cada uno de ellos; lo que significa que, mientras se siga recurriendo, no se cerrará la instrucción. En cuanto al número de juicios, no es fácil dar una cifra. Pero si adquieren firmeza las resoluciones que han acordado la división de la causa principal en piezas, y aun admitiendo que en cada juicio pudieran encausarse a varios imputados (por ejemplo por provenir de un mismo ERE), diría que no menos de 60, aparte el denominado procedimiento específico –la fórmula elegida para repartir los fondos– y el de las sobrecomisiones.

FERNANDO DE PABLO

1-Desde mi punto de vista queda mucho por instruir. Hay que tener presente que las defensas, siguiendo el criterio impuesto por la primera instructora, apenas han impulsado diligencias de descargo. Pero en mi opinión, es un error contabilizar cinco años. El caso comenzó mucho antes. Debiera denominarse «caso Merca», que es el comienzo, pero a fuer de plantear una instrucción prospectiva se han ido abriendo multitud de líneas de investigación. En las que parecía que podrían salir inculpados determinados políticos, se insistía y afianzaba. Con estos métodos podríamos continuar en un bucle eterno. Lo curioso es que el asunto primigenio ha concluido con la absolución del político (Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla).

2-Me parece un despropósito. La división sólo genera alargar más la instrucción y el tiempo me está dando la razón, generando «per se» una indefensión que tarde o temprano Estrasburgo dictaminará.

3-Si se actúa con sensatez debería finalizar con la nulidad de actuaciones y/o en un sólo juicio. La conclusión de las diligencias en una sola no tendría por qué conllevar más de un año.

JOSÉ LUIS LEÓN

1-En un punto determinante. La resolución de la Audiencia sobre la división de la causa en piezas marcará el devenir del procedimiento.

2-No. Este procedimiento es difícilmente divisible. La escisión de la causa en piezas traería consigo la ruptura de la unidad del proceso y, por consiguiente, el riesgo cierto de dictado de sentencias contradictorias. Se podría dar, por ejemplo, la grave paradoja de que un tribunal declarase el «procedimiento específico» de ayudas ajustado a derecho, mientras que otro órgano judicial diferente ya hubiese condenado a una empresa perceptora de estas ayudas. Y la Administración de Justicia no puede dar distintas soluciones a idénticos supuestos, riesgo inherente a la formación de piezas separadas para enjuiciamiento, pronunciamiento acordado por la instructora.

3-Creo que el órgano instructor tiene prisa por concluir la investigación y la precipitación es siempre germen de problemas de difícil reparación. Veo más que probable que nos encontremos con nulidades que ralentizarían enormemente la definitiva conclusión de la fase instructora. Confío en que se traduzca en un solo juicio. Lo contrario sería un enorme dislate jurídico.

JUAN CARLOS ALFÉREZ

1-Dependerá de la actitud de las partes personadas. La división en piezas pudiera generar una sucesión de recursos y actos procesales que entorpecería aún más la finalización de la instrucción. Es territorio procesal nuevo por descubrir y será difícil que a todos interese pero en términos de porcentaje global, la instrucción puede no haber llegado aún ni al cincuenta por ciento.

2-Hemos defendido la indivisibilidad como única solución jurídica pero como mal menor, y si tuviéramos que aceptar la propuesta de división actual, el pronto y aislado enjuiciamiento de la parte del procedimiento del programa 31L –el llamado «fondo de reptiles»– desconectado de las piezas de malversación concretas, sí parece un acierto y una medida que a la larga pudiere coadyuvar a desenmarañar la madeja de complejidad procesal en la que se ha convertido este caso.

3-Resta muchísimo, años aún, para la completa instrucción y enjuiciamiento de los diversos y variopintos objetos de investigación, y de confirmarse el actual modelo de división, serán centenas los juicios a celebrar.