El Consultivo evita pedir el dinero del ERE con Lanzas y su mujer de intrusos

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido (d) y el portavoz de su grupo parlamentario, Carlos Rojas (i) escuchan a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (c)
El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido (d) y el portavoz de su grupo parlamentario, Carlos Rojas (i) escuchan a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (c)

Atiende la solicitud de la Junta y archiva la revisión de ayudas a la empresa Hitemasa

El primer «cara a cara» en el Pleno del Parlamento entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, giró en torno a la corrupción. El líder popular sostuvo que a su grupo «le preocupa la ambigüedad» de la socialista en esa materia «tras 19 días» en el cargo y le avisó de que no permitirán que «se imponga la ley del silencio», en alusión a la actitud de la Junta de evitar pronunciarse sobre los casos judiciales.

Durante sus dos turnos Zoido exigió a la presidenta «las 507 respuestas y documentos» solicitados por los populares sin éxito y lanzó dos preguntas que Díaz no respondió. «¿Cuánto dinero se está recuperando de los ERE y otros fraudes?» fue una de ellas. La otra pasó por exigir explicaciones sobre por qué el Consejo Consultivo ha dado el visto bueno a que se archive un procedimiento de revisión de oficio iniciado por la propia Consejería de Empleo sobre unas subvenciones otorgadas en 2012 a los ex trabajadores de la empresa Hilados y Tejidos Malagueños (Hitemasa). El dirigente popular hizo alusión a un dictamen del mencionado órgano fechado el 26 de septiembre sobre el expediente relativo al análisis de las actuaciones administrativas ligadas al pago de una ayuda de más de 15,9 millones de euros –coste de las primas de prejubilación de 213 empleados de la empresa– por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo? «Mediante convenio de colaboración suscrito el 24 de septiembre de 2001 con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y del abono de otras cantidades –675.133,56 euros y 1.305.333,43 euros– correspondiente a determinados reajustes económicos de las ayudas sociales concedidas a dicho personal laboral por parte del IFA y la agencia IDEA». En la conclusión se puede apreciar que la mayoría del Consultivo se mostró favorable a la «propuesta de resolución que postula el archivo de las actuaciones del procedimiento de revisión de oficio iniciado por Orden del consejero de Empleo, de 19 de marzo de 2012», como pedía la Junta. Y ello, pese a que se admite que «se prescindió total y absolutamente del procedimiento» a la hora de otorgar el dinero. Con todo, Francisco Gutiérrez Rodríguez emitió un voto particular, al que se adhirió José Antonio Sánchez Galiana. En él, los consejeros a propuesta del PP plantean que «al archivarse el expediente de revisión de oficio por los límites derivados del artículo 106 de la Ley 30/1992 –que alude a la prescripción en las facultades de revisión de la Administración–, todas las actuaciones que se pretendían supuestamente anular van a seguir surtiendo efecto». Y añaden: «No sólo los pagos recibidos en concepto de prejubilación por los ex trabajadores de Hitemasa, sino también los recibidos por los 'intrusos' que pudieran existir en ese ERE o las comisiones percibidas por los intermediarios que hubieran actuado y las cantidades destinadas a otros fines». Cabe recordar que el «conseguidor» de los ERE fraudulentos, Juan Lanzas, pudo amasar casi 600.000 euros al incluirse a sí mismo y a su esposa en el de Hitemasa, según consta en el sumario. La investigación judicial sitúa en unos 13 millones el «elevado enriquecimiento ilícito» de Lanzas, en palabras de la juez Alaya.

Díaz no contestó a esa cuestión, pero tras haber reprochado al PP que esté «obsesionado con el caso de los ERE», anunció que pedirá un informe a la Intervención General de la Junta para que sea ésta la que determine en el futuro qué medidas aplicar para garantizar, «sin asomo de duda», un mayor control de las transferencias de financiación, el mecanismo administrativo usado para «cebar» los ERE irregulares, según Alaya.

«Ni usted ni quien le sustituya me va a superar en la lucha contra la corrupción», espetó Díaz a Zoido. Para rematar con un: «Me podrán igualar, pero no superar».