El coste de la atención a los menores inmigrantes se prolonga hasta los 25 años

La Junta apoyó en los últimos cinco años a 4.828 MENA al cumplir la mayoría de edad

La atención a las personas menores inmigrantes no acompañadas que llegan a las costas andaluzas no concluye cuando éstas cumplen la mayoría de edad. La Junta, como recordó el pasado martes la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, no dispone de recursos específicos de Menores Extranjeros no Acompañados sino que se benefician de los recursos normalizados que están a disposición de todos los jóvenes del sistema «sin discriminación». Esto supone que pasan al programa P+18, que engloba a personas de edades comprendidas entre los 16 y 25 años. A mayor número de beneficiarios, el presupuesto también debe incrementarse. En los últimos cinco años, según consta en una respuesta parlamentaria de la consejera consultada por este periódico, «se ha dado apoyo a 4.828 MENA al cumplir la mayoría de edad».

El próximo 5 de septiembre se reúne la Conferencia Sectorial de Migraciones. Ese día debe salir un compromiso firme y el Gobierno de Pedro Sánchez debe hacerse cargo de la situación. La Junta ya ha anunciado que defenderá la responsabilidad compartida y más recursos económicos para atender a las personas que llegan a la costas andaluzas, especialmente de los menores no acompañados. Los números justifican esta demanda.

La presión migratoria es un hecho y el número de Menores Extranjeros no Acompañados ha aumentado. Según datos de la consejería de Igualdad y Políticas Sociales, «hemos pasado de los 1.693 en 2015, a los 2.120 en 2016 hasta llegar a los 4.180 en 2017. De ellos, salieron de esta atención por resolverse su situación, 918 en 2015, 1.300 en 2016 y 2.888 en 2017». Sólo en lo que va de este año han llegado 4.089 menores a las costas andaluzas. La inversión en este ejercicio presupuestario ha alcanzado los 45,8 millones, pese a que la previsión inicial era de 32 millones.

La llegada masiva de inmigrantes ha provocado críticas por la falta de respuesta de las administraciones. El PP y Cs exigieron ayer al Gobierno central un cambio de actitud .

El programa de atención hasta los 25 años para estos menores –inmigrantes o no– persigue «potenciar las habilidades personales y sociales del colectivo beneficiario» a través, entre otras cosas, de la «adquisición de hábitos saludables y de cuidado personal» o la «prevención de conductas de riesgo y toxicomanías». También incide en la orientación hacia el mercado laboral a través de la «obtención del carnet de conducir», «aprendizaje para la elaboración de curriculum y preparación de entrevista de trabajo», «nociones básicas para el manejo de las nuevas tecnologías», «itinerarios formativo-laborales individualizados, basados en la tutorización y seguimiento personalizado». También incluye acciones para la «inclusión activa y participación» y una serie de «actuaciones específicas para jóvenes en situación de especial vulnerabilidad».

Al ser un programa vigente que no distingue el origen de los jóvenes que atiende, la consejería «no puede determinar el coste de la atención a este colectivo» –el de los menores inmigrantes–, aunque es evidente que supone un añadido más que la Junta deberá exigir en la próxima conferencia sectorial.

En este sentido, Andalucía no será la única que reclamará ayuda al Gobierno y al resto de autonomías. La Ciudad Autónoma de Melilla solicitará quedarse con 260 menores extranjeros no acompañados (Menas) frente a los cerca de 800 que tiene actualmente en sus centros.