Política

El coste menos visible de los Presupuestos

El profesor Luis Garicano (Foto: Luis Díaz)
El profesor Luis Garicano (Foto: Luis Díaz)

El 10 de julio de este año un reducido grupo de profesionales y académicos encabezados por el eurodiputado Enrique Calvet, se dirigió por carta pública y por segunda vez al presidente de la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Junto a la queja de no haber recibido mayor contestación que la de un acuse de recibo de la presidenta del Congreso, los autores de la carta llamaban la atención de los diputados miembros de la comisión sobre las recomendaciones específicas que la Comisión Europea había hecho para España en el primer semestre de 2018.

La Comisión Europea, con el respaldo del Consejo Europeo, alertaba de las crecientes desigualdades entre españoles según la comunidad autónoma de residencia hasta tal punto de que el diseño actual del estado de las autonomías actuaba como una barrera para la prosperidad equitativa de la sociedad española. La barrera de las autonomías se manifestaba en dos resultados muy graves: una fragmentación o balcanización del mercado español y una multicentralización del poder (en diecisiete centros de poder o taifas) origen de un enfrentamiento institucional trepidante. Una y otra barrera –balcanización de los mercados y enfrentamiento institucional– alentaban las desigualdades entre españoles minando la capacidad de unirse y la creación de sinergias que favorecieran el crecimiento y el progreso social. Era la primera vez que la Comisión Europea se pronunciaba tan duramente contra la organización territorial existente en España.

Una de las barreras más importantes que se levantan entre los mercados autonómicos es la exigencia casi determinante de la lengua local propia (o impuesta) para el acceso a los empleos públicos. Plataformas de la sociedad civil como «Hablamos Español» liderada por Almudena Lago o la balear «Mos moven» que impulsa la empresaria Úrsula Mascaró, llevan alertando de esta deriva que va mucho más allá de las provincias vascas o de Cataluña para haberse asentado en Navarra, Galicia, Valencia o las Islas Baleares. Todo va en detrimento de las posibilidades de empleo, de captación de talento y de la calidad en los servicios públicos a cambio de un identitarismo lingüístico a veces tan forzado como el del euskera en Navarra.

El identitarismo lingüístico anida cómodamente en el segundo de los problemas sobre los que alertaba la Comisión Europea y la carta recibida por el presidente de la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico: el multicentralismo del poder en 17 capitales autonómicas cada vez más enfrentadas con la Administración general del Estado.

El enfrentamiento institucional tiene siempre costes y resultados frecuentemente injustos, aunque bien es cierto que ni todos los costes ni todos los resultados son fáciles de identificar. Por ejemplo, en el borrador de Presupuestos generales remitido por el Gobierno español a la Comisión Europea se estima un aumento de la recaudación de 7.178 millones de euros. El reparto de la mayor capacidad de gasto está territorialmente muy determinada en favor de los socios de gobierno que mayor enfrentamiento institucional mantienen con el Estado: los nacionalistas vascos y los secesionistas catalanes. Mayor prueba no cabe que tener que acudir a la cárcel a negociar los Presupuestos con un político secesionista preso por un intento de rebelión. Multicentralismo y enfrentamiento institucional hacen que igual que el narcotraficante Pablo Escobar dirigiese sus negocios desde la cárcel, un líder secesionista negocie los Presupuestos desde su celda.

Es precisamente este coste difícil de medir en euros, el que mayor factura nos pasará. Me refiero al coste de la devaluación de la calidad de nuestras instituciones comenzando por el propio poder legislativo bajo la capacidad decisoria de quienes explícitamente desean subvertirlo.

El portavoz de Economía en el Congreso de Ciudadanos, el profesor Luis Garicano, se afanó con bastante rigor en mostrar que, según sus cálculos, 4.364 de los 7.178 millones de euros que esperaba recaudar de más el Gobierno eran irreales. Ese es, indudablemente, un coste que sólo incrementará el peso de la deuda pública y que ya se cobra 30.000 millones de euros al año sólo por intereses. Pero el coste de devaluar la calidad de las instituciones para satisfacer a los nacionalistas es aún mayor. Lo estamos pagando todos. Nunca será suficiente para satisfacer a los multicentros de poder y trabará más nuestro progreso como sociedad y como nación.

* Profesor de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Autónoma de Chile