El Defensor pide «reorganizar» los equipos psicosociales

En el informe «Los equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia» el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, exige una «reorganización» de estos grupos e insta a la consejería competente a «proveer las plazas de los profesionales de la psicología y trabajo social que se encuentran sin cubrir». Estos equipos, tal y como define el informe, son elementos de apoyo técnico que ofrecen sus criterios a los órganos judiciales encargados de resolver los asuntos con menores implicados en materia de derecho de familia. Su principal función es «aportar información al órgano judicial sobre la idoneidad de los dos progenitores para ostentar la guarda y custodia de los hijos menores», junto al establecimiento del régimen de visitas. Actualmente la comunidad autónoma cuenta con 21 recursos de esta tipología.

Dadas las quejas trasladadas al Defensor, propone la aprobación de una carta de servicios específica de los equipos psicosociales, que aborde «sus funciones, garantías de las personas que acuden ante sus intervenciones y requisitos básicos de sus profesionales». El objetivo no es otro que «garantizar que el interés superior del menor se configure como el eje central de las intervenciones de estos servicios». En definitiva, que el menor sea informado y que su opinión «sea tomada en consideración». Junto a ello, el informe plantea la posibilidad de establecer ayudas económicas para «aquellas familias con escasos recursos que ven limitadas sus posibilidades de acceso al servicio, al encontrarse éstos alejados del lugar de residencia familiar».

En el caso de las externalizaciones, se exige que se compruebe «su acomodo a la normativa sobre contratación», puesto que ésta fija la prioridad de la prestación del servicio por parte de la Administración «con sus propios medios». Con todo, indica la necesidad de establecer medidas «de control eficaz, efectivo y óptimo de la calidad del servicio que se presta por los profesionales de la empresa contratada».

La formación de los profesionales es otra preocupación del Defensor, quien reclama a los institutos de medicina legal y ciencias forenses que doten a los integrantes de los equipos de nociones sobre mediación familiar. Al tiempo, plantea poner en marcha un proyecto piloso sobre la figura del coordinador de parentalidad, con aportaciones de la judicatura y la Consejería de Justicia.

Según aseguró Maeztu, si bien «no son numerosas las quejas sobres las intervenciones de los equipos psicosociales –alrededor de 30 al año–, sí son muy relevantes por sus incidencia en los procesos judiciales y en la vida de los menores». Así, añadió que los temas sobre los que giran dichas quejas son «mala praxis profesional, demora en la emisión de los informes, disconformidad con las empresas contratadas para elaborar los mismos o la ausencia de colegiación de los profesionales».

También apuntó que en Andalucía «hay tantos equipos como modelos de funcionamiento» y que «están organizados de manera dispar entre las ocho provincias». Además, en la comunidad autónoma «no siempre se sigue el esquema» de un especialista en psicología y otro de trabajo social en los grupos.