«El dinero negro es difícil de cuantificar. Es como decir, ¿cuántos peces hay en el mar?»

La lucha contra el fraude afloró el pasado año 1.405 millones de euros, una cifra récord: «Tenemos un potencial de información que nos permite llegar donde antes no podíamos», asegura Alberto García Valera, delegado especial de la AEAT.

La lucha contra el fraude afloró el pasado año 1.405 millones de euros, una cifra récord: «Tenemos un potencial de información que nos permite llegar donde antes no podíamos», asegura Alberto García Valera, delegado especial de la AEAT.

–Cuando se habla de la Agencia Tributaria se habla también de fraude. ¿De qué medios disponen para controlarlo? ¿Son suficientes?

–En Andalucía de casi 4.000 excepcionales profesionales del cuerpo de inspectores, técnicos y administrativos. El resultado de las actuaciones en 2015 nos permitió ingresar en las arcas del Estado 1.405 millones de euros, la cifra más importante de la historia de la Delegación.

–¿Cómo seleccionan dónde inspeccionar?

–Tiene su punto de partida en el Plan General de Control Tributario. Cualquier tipo de fraude, pequeño, mediano o grande, es fraude tributario y la agencia intenta perseguirlo de la misma manera, pero si cabe con más intensidad al gran fraude: el 40% de los resultados se obtuvieron a través de la gran empresa, las que facturan más de cien millones.

–Las pequeñas soportan el 60% restante...

–Tenga en cuenta que el grueso de nuestra actividad empresarial está en las que facturan menos de cien millones. El 60% es verdad que corresponde a esas otras, que siguen siendo importantísimas empresas y la mayoría lógicamente están en ese contexto.

–Dice que se persigue más pero la sensación que queda es que las grandes empresas y grandes fortunas son también las grandes privilegiadas. Medidas como la amnistía fiscal no contribuyen a mejorar esa percepción. ¿Estuvo de acuerdo con que se articulara por parte del Gobierno?

–La Agencia Tributaria lógicamente no comenta medidas legislativas, nos dedicamos a aplicarlas. Sí es cierto que nos ha permitido conocer 126.500 millones de euros a nivel nacional de residentes en España que tienen sus bienes en el extranjero. Nos permite que sujetos que no hayan declarado que tienen bienes y derechos fuera de España, llámese o no paraíso, da igual, aunque los tuvieran desde hace 30 años, no podrían alegar la prescripción.

–Claro, pero ignorando que hasta ese momento no lo habían hecho...

–El llevarse el dinero fuera de España o tener sociedades participadas «per se» no es ninguna irregularidad. La irregularidad existe desde el momento en que no se declara. Esa obligación existe desde el año 2012 y quien la incumple es objeto de una liquidación por parte de la Agencia Tributaria. Es importante que los convenios de doble imposición internacional cada vez nos dan más información y existe una concienciación por parte del G20 que obliga a que los estados desarrollemos una herramienta de intercambio de información automatizada. Todo eso debe disuadir a quienes tienen sus bienes fuera de España a que lo declaren porque si no lo hacen cada día tienen más posibilidades de que la Agencia Tributaria lo sepa y actúe.

–¿Qué es una empresa «offshore» y por qué no es ilegal tenerla?

–Es una sociedad situada en un territorio en el que no se tributa por los beneficios o la actividad generada fuera de él. Una sociedad establecida en Gibraltar, por ejemplo, que desarrolla actividad en España: en lugar de pagar aquí al 25% pretende establecerse allí y lo que paga es una especie de tarifa fija. Hasta la fecha, los convenios lo que decían es que se mandaba información a demanda o cuando te requiero; el plus, que entrará en vigor en 2017 con efecto para 2016, es decir, ya, es que ese sistema –se firmó en Berlín en octubre de 2014– se realice de forma automatizada, esto es importantísimo.

–¿Hay un perfil de defraudador?

–Yo no me atrevo a criminalizar a ningún contribuyente. El plan determina las líneas preferentes que debemos seguir y se marcan en función de los cruces informáticos que las unidades de planificación determinan: si conocemos que determinados sectores económicos están facturando con factureros, si sabemos que sus márgenes de beneficios están muy por debajo de la media, si conocemos que se mueven cantidades de efectivo en exceso o patrimonios que no se corresponden con las rentas declaradas en años anteriores, todo eso son parámetros que nos ayudan a seleccionar al contribuyente que debemos inspeccionar.

–¿Qué sector defrauda más?

–Como ejemplo de las actuaciones de 2015, incrementamos por ejemplo nuestro nivel de control respecto de los profesionales en un 27% o respecto a la relación socio-sociedad un 28% –esto es la relación de personas físicas que tratan de esconder su actividad detrás de una sociedad–. Hablamos de profesionales que no te facturan. Son básicamente autónomos.

–¿Las multas por fraude se pagan?

–No hablamos de multas: en primer lugar, lo que exigimos a un contribuyente que ha defraudado es la cuota que debería haber pagado. Si esa conducta es digna de ser calificada como infracción, lo sancionamos con multas que van desde el 50 al 150 por ciento. Una buena parte se cobra y otra se recurre, la realidad es que el año pasado tan sólo se recurrieron un 21% de las cantidades liquidadas por la Administración y de ese porcentaje los pronunciamientos fueron favorables para la AEAT en dos terceras partes. En economía sumergida es importante destacar que cada vez más procedemos con mandamiento judicial a la entrada en establecimientos comerciales o empresas cuando entendemos que pueden estar haciendo uso de software doble para el posible uso de contabilidades B. En los últimos cuatro años hemos duplicado las entradas y registros con un porcentaje muy elevado de casos en los que hemos obtenido información muy relevante.

–¿Cuánto dinero sigue circulando «bajo cuerda»?

–Es como decir, ¿cuántos peces hay en el mar...? El dinero negro por definición está oculto y es difícil de cuantificar, lo que existe es un compromiso para perseguirlo allá donde se encuentre.

–¿De cuántos inspectores disponen?

–Doscientos. ¿Si tuviéramos más podríamos obtener mejores resultados? Pues sí, posiblemente. Lo que es cierto es que tenemos un potencial de información que sabemos tratar que nos permite llegar donde antes no podíamos.

–Gibraltar es un territorio que complica la labor de Hacienda, empezando por el negocio del contrabando de tabaco.

–Existe un punto especialmente sensible por sus efectos en el ámbito de la imposición directa e indirecta. En el ámbito de la imposición directa, lo que tratamos de evitar es que existan sociedades «offshore» o personas que llamamos «free riders», que se benefician de los servicios públicos de Cádiz o Málaga sin pagar los tributos.

–¿El ciudadano denuncia posibles fraudes?

–En el último año se produjeron cuatro mil denuncias, dos mil fueron tributarias y otras dos mil por uso de efectivo por encima de 2.500 euros, prohibido desde 2012. Le puedo dar mi palabra de que las cuatro mil fueron analizadas.

–¿Está de acuerdo con las listas públicas de defraudadores?

–Sí. En diciembre publicamos por primera vez la de personas con deudas superiores al millón de euros. También se aprobó una segunda ley que obliga a la publicación de sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública o de contrabando. Son medidas que van en la línea de incidir en el efecto reputacional.

–¿El impuesto de sucesiones está haciendo que se pierda recaudación en Andalucía, al empadronarse en otras comunidades que lo reducen incluso a cero, como ocurrió por con la Duquesa de Alba en Madrid?

–Está cedido a las comunidades autónomas, con lo cual no puedo pronunciarme.

–¿Conoce la Agencia quién tiene sociedades «offshore»?

–Hace preguntas que no debo contestar.