El Ejecutivo andaluz del cambio se da 45 días para «bucear» en los primeros entes instrumentales de la Junta

Moreno niega que se trate de una auditoría «caprichosa» y ratifica con Marín que se bonificará al 99% el impuesto de sucesiones

Todo estaba por suceder y parecía imposible. Pero cuando ha sucedido, hay que izar velas y poner rumbo a un ciclo distinto. El primer Consejo de Gobierno de la undécima legislatura andaluza que se celebró ayer en Antequera (Málaga) abordó dos de los 21 puntos que PP y Ciudadanos (Cs), partidos integrantes del Ejecutivo autonómico, establecieron que debían cumplirse en los primeros cien días de andadura, para «pasar de las palabras a los hechos», según sintentizó el presidente, el popular Juanma Moreno.

De arranque se acordó poner en marcha los primeros trabajos necesarios para llevar a cabo una auditoría centrada en más de una decena de «órganos instrumentales de la Junta» para que «en un periodo de 45 días» el nuevo equipo tenga «conocimiento para tomar decisiones», de acuerdo a lo avanzado por el presidente, quien reiteró la voluntad inquebrantable del Gobierno que comanda de eliminar los entes que «no tengan una función o un objetivo claro» para emplear el dinero que cueste sostenerlos en «crear empleo, mejorar la sanidad, la educación o el bienestar de todos los andaluces». La Intervención y la Cámara de Cuentas regionales serán las encargadas de realizar el análisis. La primera se ocupará de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (Aacid), del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), las agencias de Obra Pública (Aopja), Educación (APAE) y Energía (AAE); de la inmersa en varios procesos judiciales Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); del ente público de Puertos (APPA); de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA); de las entidades de Conocimiento (AAC), Servicios Sociales y Dependencia (Assda), Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya); y de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc). A la Cámara de Cuentas, de otro lado, se le encargará la disección de la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S A con el fin de dictaminar si prestan el servicio público del que se ocupan, con «eficacia» y «eficiencia», según se reflejó en la documentación que hicieron llegar desde la Junta tras la reunión de consejeros. Antes, Moreno había precisado en rueda de prensa que si se necesitara hacer un estudio más detallado y lento sobre alguno de esos entes, «se hará», y que no se trata de una auditoría «caprichosa» ni busca «estar buceando en el pasado», si bien, para «levantar un nuevo porvenir para los andaluces» hay que conocer de dónde se parte, qué empresas «están duplicadas y no tienen sentido».

El otro acuerdo esencial del Consejo de Gobierno fue instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García, a realizar las actuaciones imprescindibles para bonificar al 99 por ciento el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que no pueden pulverizar al ser estatal, para cónyuges y parientes directos en la comunidad. Moreno espera poder suprimirlo «en el menor tiempo posible» que estimó en «unos meses». Subrayó que hacerlo permitirá a Andalucía pertenecer «al club de las cinco comunidades de España, al 'big five', donde están las que han llegado a un nivel de escasa presión fiscal». De su lado, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan Marín, quiso reiterar que es un tributo «injusto socialmente», y no una cuestión «de ricos y pobres», que hace que haya quien cuente con «un local, un taller mecánico o una empresa» y no pueda dejárselo a sus herederos por no tener con qué abonarlo. Se mantendrá además la reducción autonómica de un millón de euros ya en vigor para «no perjudicar las adquisiciones por herencias de hasta dicho importe».

Se nombró, por último, a los viceconsejeros: Manuel A. Cardenete en el «macrodepartamento» de Marín, Antonio Sanz en Presidencia, Isabel Balbín para Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; Jorge Ramírez, en Hacienda, Industria y Energía; Marta Escrivá para Educación y Deporte; Ana Corredera en Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Lorena García de Izarra en Economía; Catalina García para Salud; Francisco J. Martínez en el área de Igualdad; Jaime Raynaud en Fomento y Alejandro Romero de Cultura.

Condenas judiciales con consecuencias y el Presupuesto a las puertas del verano

Es pronto para el revoleo de culpas, pero el presidente andaluz, Juanma Moreno, admitió ya ayer que le había sorprendido el impacto en las cuentas públicas que supondrá abonar las sentencias condenatorias a la Junta en procesos judiciales, por lo que su Ejecutivo hará un estudio pormenorizado y analizará el asunto «al detalle» ya que supone «un menoscabo de fondos» para la Administración. Moreno reconoció además que «es técnicamente imposible» aprobar el próximo Presupuesto autonómico «antes de junio o principios del mes de julio» por los trámites que conlleva.