El «espejismo» de la recuperación de la sanidad andaluza en la legislatura que se agota

CC OO pone deberes al ganador de las elecciones el 2D y le insta a incrementar la inversión, crear un decreto de selección del SAS que frene la precariedad, desembrollar las OPE o revertir el «agresivo» auge de externalizaciones

Si hay un sector que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha tenido en el rabillo del ojo durante la legislatura que se esfuma ha sido el sanitario, en llamas a cada poco en distintas provincias. Para el responsable de Negociación Colectiva con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de CC OO-A, José Antonio Aparicio, este mandato arrancó con «una señal de que algo podía cambiar a mejor»: la socialista anunció en el Parlamento que los profesionales del sistema sanitario público autonómico, «que habían sido sometidos a una reducción en su jornada y en su salario del 25%, iban a volver al 100%». Una promesa que alcanzaba a unas «8.500 personas». «Pero no fue más que un espejismo, como ocurre a menudo con las decisiones políticas», lamenta Aparicio, «puesto que luego las políticas de ajustes financieros de la Junta y del Estado han seguido siendo una herramienta para implantar un modelo de gestión sanitaria pública» que su sindicato «no comparte». «No se ajusta a las necesidades económicas desde el punto de vista asistencial», se explica, más allá de las reivindicaciones laborales. «Cuando los recursos se limitan, la calidad del servicio se ve afectada ya que los profesionales no trabajan en las mejores condiciones», resume.

Uno de los «graves problemas» que, a su juicio, padece la sanidad y que debe abordarse en la próxima legislatura es el déficit de inversión. En la actualidad se destina a esta materia alrededor del 5,7% del Producto Interior Bruto (PIB) estatal, según señala, y cree que ese porcentaje debe elevarse «al menos hasta el 7%» para que «los recursos sanitarios que se destinan a la población se adapten a las exigencias asistenciales reales y no a un proyecto de Presupuestos». En el apartado de los deberes pendientes, Aparicio incluye «el desarrollo de la enfermería de salud mental». «Andalucía ha sido pionera en la reforma de la salud mental y hemos incluso exportado el modelo a otras comunidades, pero se ha quedado estancada. Cientos de profesionales no tienen reconocida su especialidad y están trabajando en ese área», anota. Y matiza que la especialidad en general, no sólo en ese apartado, «debe ser un eje sobre el que pivote la sanidad pública». Es urgente además abordar «la negociación de un decreto de provisión y selección en el SAS», dado que «la temporalidad y la inestabilidad del personal conllevan un notable perjuicio para la calidad de la atención». En CC OO abogan por que desaparezcan los contratos de días o de meses que implican «rotaciones continuas» de empleados en «medicina de familia, quirófanos, pruebas diagnósticas, cuidados al paciente hospitalizado...». Demandan un «decreto ágil, simple, dinámico y que se adapte a los tiempos reales». En ese punto, Aparicio avisa de que no se pueden «complicar los baremos» para «tener OPE –ofertas de empleo público– ahora de 2013 y 2015 que aún no están resueltas, compañeros que siguen examinándose por otras de 2016 y 2017 y la semana que viene, el día 24, una mesa sectorial para aprobar la de 2018». Son procesos que «no se cierran y generan incertidumbre», critica. A quien salga elegido en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre le pide que le «dé prioridad a negociar con los representantes de los trabajadores en el ámbito de la mesa sectorial de sanidad ese elemento», insta. A lo relatado engarza otro dato. «La normativa que rige el régimen funcional de plantilla en el SAS data del 5 de abril de 1990», desvela. Reclama, por tanto, «otra que la desarrolle porque hay categorías que son nuevas y no existían entonces y debe reordenarse». Su organización sindical denuncia un cierto «abuso» por parte del SAS de «la creación de las áreas de gestión sanitarias con las que persiguen la movilidad del profesional desde un centro a otro». «Para nosotros –asevera– las áreas hospitalarias, las de gestión sanitaria, tienen un entorno muy peligroso».

Suma otra petición para quien venza en la contienda del 2D. Reconoce que «se ha hecho un esfuerzo en las plazas que se ofertan para que los MIR estudien la especialidad» en la comunidad, pero defiende que éste «debe ser mayor» porque «hay problemas para cubrir huecos en cirugía vascular, oftalmología, reumatología, traumatología... Se ha de ampliar el número de plazas para asumir la demanda con los conocimientos adecuados», lanza. «No hay pediatras. Los médicos de familia están asumiendo sus funciones con los niños en una inmensa mayoría de centros y no es normal», apostilla. No le importa seguir moviéndose en arenas movedizas para poner el foco en otro lado. «Ha sido una decepción que el Gobierno andaluz del PSOE no haya apostado por recuperar servicios externalizados como el mantenimiento, la ruta de los celadores-conductores en atención primaria o los almacenes de los hospitales», admite, y remata: «No sólo no ha cumplido el compromiso que adquirió con las organizaciones sindicales que reivindicamos que los servicios públicos deben prestarse directamente por personal estatutario, sino que ha avanzado de manera más agresiva en la externalización». Temen que la cartera cedida a empresas privadas crezca, pese a que dudan de que se ahorre, y confían en que en el nuevo curso político se devuelvan «al entorno del servicio público» algunos servicios «como el de ambulancia de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias».

«Es verdad que se han creado más de 3.000 puestos de trabajo en Andalucía con la implantación de las 35 horas, pero es que son los que se perdieron y echamos de menos que la dotación de las plantillas facilite que no haya listas de espera interminables en ciertos servicios», cierra la catarata goteante de misiones por abordar.

Preguntas sin respuesta de los médicos

Al Sindicato Médico Andaluz (SMA) también le chorrean los interrogantes sobre cuestiones pendientes en sanidad. «¿Por qué seguimos siendo una de las comunidades que peor paga a sus profesionales, o por qué aquí los MIR cobran menos, si la normativa es estatal?», se preguntan. O «¿por qué se mantiene el sistema de acreditación y carrera profesional más complicado del país?». Cuál es el «procedimiento exacto de dotación presupuestaria», deslizan.