«El Estatuto ha amortiguado los efectos de la crisis. El salto adelante está por dar»

El ex presidente del Parlamento Manuel Gracia, portavoz socialista cuando se aprobó la reforma y ponente en el Congreso, defiende que el texto de 2007 «ha permitido que Andalucía sea una voz de equilibrio y moderación»

–El Estatuto cumple ahora una década, ¿cómo se ve la reforma con la perspectiva del tiempo?

–Mi percepción es que la reforma del Estatuto ha servido para que Andalucía haya podido mantener determinadas políticas sociales a pesar de la situación económica y los recortes, porque eran mandatos del nuevo Estatuto. Hay ejemplos muy claros, como la gratuidad de los libros de texto. Sin el Estatuto, seguramente el Gobierno se hubiera visto obligado a no mantenerla. La posibilidad de que se acometieran políticas sociales que van directamente orientadas a la protección de los sectores menos favorecidos ha sido posible, a pesar de los recortes, a pesar de la crisis, gracias al Estatuto.

–¿En qué posición ha quedado Andalucía respecto a España con el nuevo marco estatutario?

–El nuevo Estatuto ha puesto en valor, y en el futuro puede cobrar más relevancia todavía, el papel de Andalucía como elemento vertebrador, de moderación y de punto de encuentro en el debate territorial. Nuestro Estatuto de 2007 se mantenía en posiciones equidistantes respecto a otras reformas que se hicieron, como es el caso de Valencia, menos, digamos, audaces, atrevidas, por decirlo en términos coloquiales, y alguna otra excesivamente audaz, como pudo ser la de Cataluña. Ese papel ha permitido que Andalucía haya sido una voz en este tiempo de equilibrio y moderación que en este momento puede ser muy importante.

–¿El Estatuto ha desarrollado todas sus posibilidades?

–Todas las potencialidades del Estatuto no se han llevado a cabo. La crisis ha limitado mucho la acción del Gobierno y del propio Parlamento, aquí y en el resto de Europa. Hay partes del Estatuto que tienen que desarrollarse todavía. No olvidemos que el de Carmona tuvo un desarrollo legislativo a lo largo de decenas de años. Ahora cumplimos la primera decena del nuevo Estatuto, le quedan bastante por delante. Es una pieza fundamental para el proceso de modernización de Andalucía que tenemos por delante. Un proceso que entonces le llamábamos de segunda modernización, pero que sin duda está ahí. Todavía tenemos que conquistar nuevas cotas en el terreno económico, social, cultural para colocarnos a la cabeza de las regiones más desarrolladas de España y Europa. La pieza para esas políticas es el Estatuto.

–¿Cómo fueron aquellos años de negociación?

–Fue muy duro. Entonces éramos cuatro grupos parlamentarios. Conviene no olvidar que en la tramitación en el Parlamento, el Estatuto se inició prácticamente con un acuerdo entre el PSOE e IU, que se mantuvo pero no tuvo el acuerdo ni del PA ni del PP aquí en Andalucía. Se pudo llevar adelante gracias a la voluntad política de esas dos formaciones. Es verdad que en las Cortes sí se produjo el acuerdo con el PP, que era el segundo partido en importancia entonces, pero ese acuerdo no logró incluir al PA. IU sí se mantuvo. Sólo votó en contra el PA. El hecho de que lo apoyaran los dos grandes partidos de entonces e IU, que era el tercer partido de Andalucía y nacional, le dio consistencia. Es el Estatuto posiblemente más votado. Votaron a favor los nacionalistas catalanes, el PNV... Ese espíritu venía obligado seguramente por la conciencia de todos, salvo el PA, de que el Estatuto para que pudiera ser desarrollado luego tenía que ser asumido por todos. No tiene sentido una reforma sólo para una parte.

–¿Sería trasladable un acuerdo al actual arco parlamentario?

–Hoy sería igualmente difícil, porque fácil no fue. Tuvimos que hacer renuncias todos y tuvimos la capacidad de aceptar posiciones. Recuerdo debates muy apasionados incluso en los pasillos del Congreso con representantes del PP; recuerdo a Jorge Fernández Díaz, a Celia Villalobos, a Federico Trillo y, por nuestra parte, a Alfonso Perales, a los representantes de Andalucía, discutiendo apasionadamente temas como el reconocimiento al derecho a la muerte digna o el carácter laico de la enseñanza en los centros públicos. Al final, todo eso se acordó. Se buscaron fórmulas de equilibrio que permitieron que todo el mundo se sintiera reconocido. En un texto de esa naturaleza, todas las fuerzas políticas se tienen que reconocer, porque eso es lo que les permitirá el día que gobiernen desarrollar lealmente esa norma y no verse obligados a sustituir o cambiarla.

–¿La inclusión de «la realidad nacional» y las competencias del Guadalquivir fueron los aspectos más controvertidos?

–El tema de la «realidad nacional», con la distancia, uno acaba viendo que es nominalista, simbólico y depende mucho del valor que cada cual le dé. El del Guadalquivir sí era un problema de concepción distinta, donde, sinceramente, desde el PP hasta IU, todos creíamos que era lógico que un río que transcurre en un 99,8% por Andalucía, sus aguas todas, lo lógico es que por esa orografía, lo natural es que la competencia fuera para la comunidad. No dimos con una fórmula que el Constitucional estimara y valorara pero yo creo que más pronto que tarde se encontrará una fórmula. No tiene lógica que las decisiones de calado sobre la cuenca se tomen exclusivamente desde el ámbito del Gobierno central y me reafirma mi experiencia como presidente de la Autoridad Portuaria.

–¿Pudieron colocar a Andalucía «como la que más»?

–Sí, por supuesto. La primera vez que se propuso fue en el Parlamento en 2001 en un debate sobre el estado de la comunidad, cuando el presidente Chaves habló ya de la conveniencia de abordar la reforma; y los socialistas andaluces habíamos abordado la conveniencia de que nuestra reforma fuera la primera, porque ya entonces teníamos el «Plan Ibarretxe» en pleno fragor de la batalla y se empezaba a plantear el tema de la reforma del Estatuto de Cataluña. Nosotros dijimos: ¿Por qué no es Andalucía la primera?. Porque si Andalucía es la primera, quizás sirva para esa tarea de elemento vertebrador y moderador. No fue así, se retrasó un poco la nuestra porque hubo que resolver muchos debates previos. Desde el Parlamento, no fue una propuesta elaborada por el Gobierno aunque sí elaboró un documento de bases para la reforma del Estatuto; sin embargo, no hubo proyecto de ley de reforma del Estatuto. Fue un acuerdo del Pleno del Parlamento. Era una iniciativa puramente parlamentaria, eso le dio una diferencia importante. También Cataluña aceleró su proceso. Yo muchas veces me pregunto qué habría pasado si nuestro Estatuto hubiera sido el primero. Quizás no hubiéramos tenido las circunstancias de lo que ocurrió luego con el Estatuto de Cataluña.

–Hubo un amplio apoyo en el referéndum pero escasa participación ¿Se veía venir ya el actual desapego hacia la política?

–No estoy muy convencido de que la baja participación fuese motivada tanto por la desafección política como por el hecho de que no era un tema conflictivo ante la sociedad. Había una conciencia de que se iba a aprobar, eso no movilizó a alguna gente. Es verdad que el momento, sociológicamente hablando, era muy distinto al del 81. El Estatuto de Carmona es el fruto de una demanda, un ansia colectiva, masivamente reivindicada en la calle, de autonomía plena. Era un momento augural, de inicio de un proceso. En 2007, la democracia está consolidada, las instituciones autonómicas funcionan, la gente no percibe que sea un momento en el que sea tan imprescindible su entusiasmo. Y también es posible que algo afectara el que ya estaba sobre la mesa el problema de la pérdida de confianza de un sector de la población en la instituciones, en tanto que no eran capaces de resolverles sus problemas.

–Han pasado 10 años pero parece medio siglo de cambios.

–Hoy hay niños que la realidad que conocen es la virtual. El efecto psicológico desde el punto de vista morfológico y antropológico es el de un tipo de sociedad que va a percibir la realidad virtual por delante de la realidad fáctica. Eso está ahí. Es un cambio civilizatorio, como pasar de la sociedad feudal a la industrial. Eso se tarda decenas de años en digerirlo y más en elaborar una nueva concepción cultural. Estamos en ese proceso. Ése es uno de los déficit. En un sistema democrático, las instituciones deben de fomentar los valores en las que se sustentan. El valor del voto, de la libertad de expresión, del respeto a quien discrepa, de la alternancia... son valores democráticos que habría que difundir, inculcar, en el buen sentido.

–¿Como el respeto a la Transición?

–Me llama mucho la atención con qué facilidad y desparpajo mucha gente despacha la Transición. ¿Pero ustedes saben lo que pasó en Montejurra? ¿Los abogados de Atocha? Tantos momentos críticos. Aparte del reduccionismo adanista de que todo fue un desastre porque era un pacto. El pacto era que Franco había muerto en la cama, en la camilla más bien. De muerte natural. Y no se había acabado la dictadura porque la sociedad española se despertara democráticamente... Eso estaba ahí y sigue estando. Lo mismo que Italia no es Gran Bretaña porque tiene la historia que tiene detrás y Alemania tampoco es Francia o Gran Bretaña. Y en Francia está a punto de ganar las elecciones Le Pen. Todo eso son reduccionismos de la historia que me parecen un error. Hay cosas en este terreno que no se han hecho. Tierno Galván hablaba siempre de que la revolución más importante era la cultural, lo cual a los demócratas nos puede hacer echar la vista a la China de Mao y la revolución cultural china, que revolución puede que fuera, cultural era poco en el sentido de que se dedicaban precisamente a reprimir disidentes y eliminar muchos símbolos de la cultura tradicional china. Tierno pensaba más bien en esto: Hay que generar una dinámica, a través del sistema educativo, de los medios, de las redes sociales, que permita que esos valores democráticos, la gente los haga suyos, porque si no nos podemos encontrar con que hay una constitución perfectible, bastante avanzada, un Estatuto innegablemente muy avanzado, pero en la sociedad lo que priman son otros valores que no son congruentes o plenamente coincidentes con la Constitución o el Estatuto. Eso produce una falta de sintonía que acaba teniendo efecto. La educación en valores es muy difícil de conseguir pero habría que avanzar para que en el conjunto de la sociedad se asentaran esos valores porque yo creo que no están suficientemente asentados.

–De aquellos años, no están Concha Caballero y Alfonso Perales.

–A Concha además la traté muchísimo. Era portavoz de IU antes, cuando yo lo era del PSOE, y durante la tramitación. Fue un factor muy importante para que IU no se despegara y no se saliera del acuerdo. Aparte tenía una capacidad de trabajo extraordinaria. Fue fundamental. A Perales, lo conocía desde la clandestinidad. En los tiempos en que en Andalucía se planteó la batalla de guerristas y borbollistas, los dos últimos reductos borbollistas éramos Cádiz, donde él era secretario general, y Córdoba, dónde yo era secretario general. Cayó Cádiz y quedó Córdoba como, decían los guerristas, éramos la «Numancia borbollista». Su trabajo en la tramitación fue extraordinario. Él y Diego López Garrido fueron los dos artífices por parte del PSOE en las Cortes en conseguir el acuerdo. Además, fue su último gran trabajo, su última gran aportación política. Yo lo sigo echando mucho de menos en muchos momentos. Hubiera sido una aportación muy importante en estos momentos que hemos vivido. «El bicho», como él decía, le tocó.

–¿Este Estatuto culmina el ciclo iniciado en Carmona o prevé retoques pronto?

–La crisis ha frenado todo. La crisis ha hecho que el Estatuto haya sido más un factor de amortiguación de los efectos perversos que de dar un salto adelante. El salto adelante está por dar. Y, por lo tanto, no veo necesaria una reforma en 10 o 15 años. Lo que ocurre es que la evolución de la sociedad es de una velocidad tal que no sabemos qué cambios habrá. Por ejemplo, la gestación subrogada hace 10 años no se planteaba. En general, creo que hay mucho por desarrollar y tiene una larga vida por delante.