El ex interventor, dispuesto a declarar tras recibir el aval de Anticorrupción

Su comparecencia puede acabar de desequilibrar a Griñán, en el filo del precipicio

El interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, durante su comparecencia en el Parlamento en agosto del año pasado
El interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, durante su comparecencia en el Parlamento en agosto del año pasado

sevilla- La declaración el próximo jueves del interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, ante la juez Mercedes Alaya por el caso de los ERE fraudulentos es una de las más esperadas. Gómez convulsionó la comisión de investigación parlamentaria del pasado verano cuando dijo que el máximo órgano fiscalizador de la Junta había advertido hasta en quince momentos distintos de irregularidades que se estaban produciendo. La alegoría del bombero y las llamas –«si su vecino le advierte a voces por la ventana de que salen llamas por el extractor de humos de su cocina, ¿usted qué haría?, ¿llamaría inmediatamente a los bomberos para evitar una probable catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmase la noticia por carta o por correo electrónico?»– fue un obús dirigido, entre otros, al presidente de la Junta, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, que recibió esas alertas.

El tono de las declaraciones de Gómez fue subiendo en sucesivos escritos remitidos al Parlamento, hasta llegar a una carta con título valleinclanesco –«Divinas Palabas»– fechada el 23 de noviembre de 2012. Estaba reciente el dictamen de la comisión de investigación de los ERE en el que se señalaba su responsabilidad por no haber emitido un informe de actuación, una suerte de código rojo que habría encendido supuestamente todas las alarmas. La misiva fue directa: «Ninguno de los destinatarios de las auditorías –entre ellos Griñán– hizo absolutamente nada durante casi 10 años para corregir las irregularidades, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas».

Gómez va a declarar, según pudo confirmar este periódico. Y está en disposición de ratificar todo lo expresado en la comisión de investigación de los ERE, ante la Guardia Civil, y en los tres escritos remitidos al Parlamento. Teniendo en cuenta los precedentes, y aunque sus argumentos los ha desarrollado ya claramente, lo que diga ante la juez puede volver a zarandear el caso de los ERE y, especialmente, al presidente andaluz, al borde del precipicio desde que Alaya imputara recientemente a la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por su gestión al frente de la Consejería de Economía y Hacienda (1994 y 2004). Álvarez le dio el testigo a Griñán en este departamento y los motivos de imputación son perfectamente extrapolables al presidente andaluz.

No obstante, todo esto depende de un factor adicional. La celeridad con la que la Audiencia se pronuncie sobre la suspensión de la declaración de Manuel Gómez que ha pedido la Junta. El Gobierno andaluz, en el recurso contra el auto de Alaya en el que imputa a una veintena de cargos y ex cargos de la Junta, pidió la suspensión de la declaración de Gómez hasta que se resolviera el recurso. Anticorrupción ha avalado las imputaciones y la declaración del ex interventor general. Un posicionamiento que pesa de cara a lo que decida la Sección Séptima de la Audiencia.

El pulso jurídico está en alto. La decisión de la Audiencia puede marcar el camino en la instrucción. Igual ha ocurrido con otros autos de la juez recurridos en la Audiencia. El fallo del órgano provincial avalando que el ex chófer de Guerrero pudiera salir de prisión bajo pago de fianza –Alaya decretó en un primer momento prisión incondicional– propició que otros ex altos cargos de la Junta, como Juan Márquez o Agustín Barberá, no fueran a prisión después de declarar.

De avalar por tanto la Audiencia la declaración, el testimonio de Manuel Gómez es uno de los más valiosos en relación a la posible responsabilidad de Griñán en el caso. El presidente andaluz se ha defendido en todo este tiempo con dos argumentos principales de escaso peso. El primero, que los informes no le llegaron porque fueron remitidos a su entonces viceconsejera –Carmen Martínez Aguayo, actualmente consejera de Hacienda–, que no se los trasladó al no considerarlos importantes. El segundo, que los informes no iban destinados a que actuara, sino sólo para su conocimiento. Quien tenía que actuar era la Consejería de Empleo. En el tono alegórico que ha rodeado a los argumentos sobre los avisos de la Intervención, dijo Griñán en la comisión de investigación: «No puedo forzar la puerta de un coche para ver si le funciona el líquido de frenos». No obstante, el ex interventor general ha aportado numerosos argumentos para señalar que no era necesario un informe de actuación para que la Junta rectificara la fórmula de la transferencia de financiación, que estaba generando numerosas irregularidades. Esto lo viene sosteniendo Gómez desde que acudió por primera vez al Parlamento en agosto del año pasado: «En ningún caso es admisible considerar que los destinatarios de las auditorías no deban sentirse concernidos ni obligados a solventar las deficiencias que las mismas reflejen, mientras la Intervención general no detecte un supuesto de fraude o no emita tal o cual informe».

Otro de los puntos que centrará la comparecencia son las modificaciones presupuestarias de las partida 31.L o «fondo de reptiles». A través de estas modificaciones, la partida se incrementó en más de 120 millones en la década investigada. Numerosas modificaciones fueron firmadas por Griñán, que las elevó al Consejo de Gobierno. De ahí que el ex interventor le acusara de «cebar sin descanso la corrupta partida». ¿Pero en ningún momento Gómez se reunió con Griñán para abordar este problema, que llegó a generar un desfase presupuestario de 95 millones de euros?