El funcionario que alertó sobre el presunto amaño en el “caso Infoca” ampliará su denuncia

La jueza le da 15 días para que lo haga por escrito y otros 15 a Faasa para que culmine una auditoría interna

El llamado «caso Infoca» se encendió por una denuncia presentada en el verano de 2015 por un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, J. G. D. En ella advirtió de irregularidades en el procedimiento de licitación de los contratos de servicios de fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios y, en particular, en la adjudicación relativa al periodo 2015-2018. Este denunciante, con cuyos argumentos prendió la sospecha de un presunto amaño en las contrataciones ahora investigadas, había sido citado ayer por María de los Reyes Flores, la titular del juzgado que instruye el proceso, el número 8 de Sevilla, en calidad de testigo y a petición de la Federación sevillana de Ecologistas en Acción, organización personada en la causa. J. G. D. acudió a la cita y ratificó en sede judicial su denuncia originaria, la esencia que sostuvo el procedimiento durante meses. Pero no se quedó ahí, anunció que le echará combustible. Transmitió a la magistrada su intención de «ampliarla» con documentación y nuevos datos relativos, entre otras cuestiones, a los pliegos del concurso del Gobierno andaluz por el que se asignaron los medios aéreos para poder demostrar la existencia de presuntas irregularidades, por lo que la instructora acabó suspendiendo la sesión y le concedió un plazo de 15 días para que lo hiciera por escrito y, tras dar traslado a las partes, llamarlo de nuevo para «evitar indefensión sobre los extremos que pudieran ser adicionados», según se reflejó en el acta de la declaración. Y no fue la única comparecencia que se canceló. Habían sido convocadas para hoy, como ya informó este periódico, otras cuatro personas: dos trabajadores vinculados en algún momento a la empresa Faasa Aviación –una de las adjudicatarias señaladas en el proceso, pero no la única–, J. I. R. M. y C. B. B., en calidad de testigos; y dos directivos de la misma entidad, M. Á. T. C. y G. R. A. M., como investigados. Con respecto a éstas también hubo cambio de planes. El abogado de Faasa comunicó a la instructora que la mercantil a la que representa elabora una «auditoría interna» que demostraría el buen uso que ésta habría dado a los fondos públicos que le concedió el Ejecutivo regional para actividades de formación. La jueza se interesó entonces por el tiempo que la mercantil cordobesa necesitaría para terminar ese análisis, a lo que le respondieron que «unos 10 días» y optó al final por darle otros 15 para concluirlo y aportarlo, además de retrasar las declaraciones hilvanadas a Faasa previstas. Así se recoge en una providencia consultada por este diario.

Esas documentales podrían no ser las únicas novedades que se produzcan en el futuro en el ámbito de este caso. Por ahora sólo está personada en la misma como acusación particular Ecologistas en Acción, si bien, según ha podido saber LA RAZÓN, otras organizaciones políticas y sindicales barajan la posibilidad de hacerlo.

De momento, la entidad ecologista ha puesto en conocimiento de Flores, entre otros puntos, de la existencia de un auto del juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), en el que se afirmaba que ha quedado «suficientemente acreditada» la existencia de «una organización, englobada por el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA –Asociación Española de Compañías Aéreas, a la que pertenecen algunas de las compañías que ella investiga–», que «alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros», a nivel nacional y regional. Se trata del denominado «cártel del fuego».