Política

Andalucía

El juez procesa al sobrino de Felipe González por prevaricación y malversación de fondos públicos de Invercaria

Ve indicios racionales de que obtuvo un “lucro ilícito e indebido” al disponer de dinero público en concierto con los directivos de esta empresa de capital riesgo de la Junta

Juan María González, en los juzgados de Sevilla/ Foto: Manuel Olmedo
Juan María González, en los juzgados de Sevilla/ Foto: Manuel Olmedolarazon

Ve indicios racionales de que obtuvo un “lucro ilícito e indebido” al disponer de dinero público en concierto con los directivos de esta empresa de capital riesgo de la Junta

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga el denominado caso Invercaria sobre presuntas irregularidades en préstamos concedidos por esta empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha acordado procesar al expresidente de la misma, Tomás Pérez Sauquillo, el exdirector financiero Antonio Nieto Garrido, el exdirector de promoción Cristóbal Cantos y el exconsejero delegado Juan María González -sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González- , al ver indicios racionales de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación por la disposición de fondos públicos en su propio beneficio, mediante préstamos personales condonados a Cantos y González y cuya no devolución presuntamente se encubrió mediante supuestos finiquitos o retribuciones extra cuando ambos dejaron la empresa.

En un auto dictado el 29 de marzo, el juez Juan Gutiérrez Casillas acuerda continuar las actuaciones contra los cuatro investigados por el trámite de procedimiento abreviado y da diez días a las partes para que formulen sus escritos de acusación o defensa antes de abrir juicio oral y remitir la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento.

El magistrado señala que, como presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, “asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo”, de forma que “decidía qué personas eran contratadas para trabajar en la entidad Invercaria, así como los sueldos que le correspondían”, decisiones que adoptaba “sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido” ni recabar el “el preceptivo informe previo de la Dirección General de Presupuestos”. Acordaba los salarios según su voluntad sin respetar “los límites salariales que le imponían las distintas leyes de Presupuestos” de la Junta.

Así de 2007 a 2009, decidió incrementar las retribuciones que iba a percibir personalmente de Invercaria” con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos de Invercaria”.

En el caso de Antonio Nieto, entró en Invercaria como director financiero el 17 de abril de 2006, y Pérez Saquillo “sin que existiera fundamento objetivo que lo justificara” decidió retribuirle con “cifras salariales muy superiores a las que le correspondían” con el “propósito” de que Nieto obtuviera un “lucro” en perjuicio de Invercaria.

En el caso de Cristóbal Cantos, cuya denuncia laboral desató el caso Invercaria -la primera pieza de esta macrocausa se juzgará en septiembre- entró a trabajar el 1 de noviembre de 2005 como director de Promoción en Sevilla y en julio de 2007, Invercaria le concedió un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en sin intereses en 60 mensualidades mediante un descuento en la nómina. Según el auto, a la fecha de la extinción de su relación laboral, Cantos. “tenía pendiente de devolver a Invercaria la suma de 17.962,53 euros” pero Pérez Sauquillo y Nieto “decidieron condonarle la cantidad pendiente” con lo que “permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria”.

Juan María González entró e 1 de julio de 2005 como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que, cuando comenzó a trabajar en Invercaria, esta sociedad de capital riesgo, “a petición” de este investigado, “se subrogó en el préstamo personal que la agencia IDEA le había hechodurante el tiempo que desarrolló su trabajo para dicha agencia pública -cuyos préstamos también son investigados-. Así, Márquez “pasó a contraer una deuda con Invercaria” por 17.468,75 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales de su sueldo. Cuando aún le quedaban por devolver 10.968,75 euros, pìdió por escrito a Pérez Sauquillo que le ampliara el préstamo a lo que el expresidente de Invercaria accedió haciéndole una transferencia de 19.437 euros, con lo que su deuda pasó a ser de 30.406,25 euros de los que cuando terminó su relación laboral con Invercaria “tenía pendiente de devolver 27.406,25” que igualmente Pérez Sauquillo y Nieto decidieron condonarle permitiéndole obtener “un lucro indebido” con fondos públicos “en perjuicio para el patrimonio de Invercaria”. El 31 de mayo de 2010, Márquez fue nombrado consejero delegado de Invercaria y, al día siguiente “concertó con Invercaria la concesión de un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador”, pero a la fecha del cese de la relación laboral “tenía pendiente de devolver 29.000 euros” que “no devolvió” en ese momento “con el consentimiento” del director financiero. Finalmente, el investigado repuso dicha cantidad en marzo de 2012.