«El negocio del siglo en la Junta en un periodo amplio ha sido la formación»

El testigo protegido de Alaya acusa al Gobierno autonómico y a las empresas de haber obtenido «pingües beneficios» de los cursos y asevera que patronal y sindicatos han recibido «un trato desigual» a veces hasta «humillante»

Tenía la oportunidad de reubicarse en el panorama de la formación, después de pasar de testigo protegido de la jueza Mercedes Alaya a señalado en uno de los procesos judiciales abiertos por el presunto fraude en los cursos. Era la segunda, estaba convocado hace 32 días pero una indisposición le impidió comparecer. Ayer sí lo hizo alto y claro. El jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, T. M., aseveró ante sus señorías: «El negocio del siglo en la Junta de Andalucía en un periodo amplio, la formación». A preguntas del diputado José Antonio Castro (IU), mantuvo que empresas y el Ejecutivo regional han «sacado pingües beneficios» en un periodo amplio de tiempo en el que «en la comunidad no ha habido cambio político» y sí, «de principio a fin», un «Gobierno que ha planificado» y «ha marcado unas directrices» en la pirámide del poder. A ese marco, se unió una norma que «tenía tantos agujeros como un colador» que no se taparon, una programación «caprichosa», un «relajo en la gestión», el que cada provincia funcione como «un reino de Taifas», que «no tenga cabida» quien cumple la ley, o una falta de medios que hacen que su departamento «sea él», o que en 2010 algunos técnicos se vieran con «217 cursos», cuando «lo adecuada» son «50 o 60».

A juicio de T. M., cuya imagen no pudo ser reproducida por orden judicial, «es del género tonto el planteamiento de las subvenciones sin ánimo de lucro» y, de hecho, no se dedican a la formación los «timoratos», sino los «aguilillas». El beneficio que obtendrían la Junta pasa, según su planteamiento, por lograr «áreas de influencia» y «relaciones de todo tipo». El de los empresarios lo dio por hecho con insistencia, aunque no se atrevió a cuantificarlo. Sí relató al parlamentario Juan Ignacio Moreno Yagüe (Podemos) que «llegó a ser tan lucrativo el tema de los cursos, que en 2010 hubo tal avalancha de entidades que se quisieron homologar» para poder impartirlos, que el departamento encargado de ello «no tuvo capacidad» y se decidió que «hicieran una declaración jurada», alguna de las que «no había por donde coger».

En su densa comparecencia hubo otra denuncia gruesa. Afirmó que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CC OO han recibido un «trato desigual», en ocasiones «humillante», con respecto al resto de entidades formativas. Y ello, pese a que el equipamiento de las instalaciones en las que se impartían sus cursos «era muy deficiente», en especial, en el caso «de CC OO»; o de que «la homologación de sus sedes dejara mucho que desear». Entre los múltiples ejemplos con los que regó sus exposiciones, recordó su visita a un curso de CC OO de celador sanitario, con 15 alumnos y un profesor, que suspendió porque, entre otras cuestiones, «no se cabía» y «no existía» el taller o el equipamiento con el que debía contar. Si bien, antes de llegar a su despacho, ya lo había llamado su jefa de servicio que «negoció» hasta que T. M. le dio el visto bueno al «50% de equipamientos del curso». «Si no aparece el técnico –él entonces– el 100% de beneficios», deslizó.

En relación a la patronal, sostuvo que hasta 2009, «contra norma, triplicaban las horas» respecto a «lo que permitían los certificados» y, a veces, «la Junta le cedía un inmueble». «En la ficha de finalización –añadió– nunca justificó el gasto de esas horas por exceso, pero sí las cobraba».

Varios diputados le preguntaron por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que podía operar como «agente externo» en la formación profesional ocupacional, por lo que «se llevaba un beneficio». Sostuvo que la ex fundación «gestionaba todo tipo de cursos, encomiendas y no», incluidos «23 fantasma, que nadie tenía conocimiento de que se habían realizado». Apuntó que en la dirección general de la que depende su departamento «el 80% del personal era Faffe» y confirmó que trabajadores de ésta manipulaban los expedientes «con códigos de Gefoc», el sistema informático ligado a las actividades formativas.

El jefe de departamento entregó a los comisionados un documento que le llegó por correo con un listado de subvenciones que podrían no haber sido publicadas en el BOJA. Entre ellas había ayudas otorgadas al entramado del ex consejero Ángel Ojeda, investigado judicialmente. La diputada Teresa Ruiz-Sillero (PP) quiso saber cuántos pudo recibir, a lo que el compareciente respondió: «Como mínimo entre 8 o 10 expediente por entidad». El juzgado fijó en alrededor de 50 los entes ligados a Ojeda, lo que el número global podría elevarse hasta las 500.

El cara a cara con Rodrigo Sánchez (PSOE) fue voltaico –«acoso» a T. M., para el PP–. El socialista lo acusó de «faltar a la verdad» reiteradamente y anunció que su Grupo lo comprobaría para exigir responsabilidades. Con todo, antes de irse, el aludido recomendó a sus señorías que se interesaran por la formación continua, que supone «casi cien millones» y en la que «hay todo tipo de tropelías, principalmente la falta de control y rigor de quien asiste como alumno».