Actualidad

El “número dos” de Díaz habló «con todo el mundo» por una ayuda de los ERE

Jiménez Barrios admite en el juicio de la pieza política que la solicitó como alcalde para unos empresarios. Moreno reconoce que la Junta otorgó subvenciones por «criterios de oportunidad política»

Jiménez Barrios admite en el juicio de la pieza política que la solicitó como alcalde para unos empresarios

Publicidad

Moreno reconoce que la Junta otorgó subvenciones por «criterios de oportunidad política»

Le costó dejar sus palabras en manos de la Sala. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, estaba llamado ayer a declarar como testigo en el juicio de la pieza política del «caso ERE» y sobre la cita sobrevolaba cierta expectación al ser el único miembro del Gobierno actual en tener que hacerlo, una vez que el tribunal descartó que testificara la presidenta Susana Díaz. Acudió a petición de la representación procesal del PP-A, que ejerce la acusación popular, y sólo el abogado de este partido, Luis García Navarro, formuló preguntas, con protestas de por medio, provocadas por interrupciones del presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, quien tachó de impertinentes ciertas líneas de interrogatorio que frustró cuando el letrado buscaba el hueco para el tiro.

Su comparecencia giró en esencia en torno a una ayuda de 24.000 euros que la Consejería de Empleo dio al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) cuando él era alcalde del municipio –lo fue entre 1993 y 2003–. Admitió en torno a ella una serie de puntos: en enero de 2003 envió una carta al delegado gaditano de Empleo Agustín Barberá y la pidió para una feria de muestras. La pagó el IFA, sin que exista en las actuaciones resolución de concesión alguna –dijo no recordar el organismo que les comunicó el otorgamiento–. En la orden de abono aparecía como beneficiario el consistorio que, según Jiménez Barrios, «trasladó la subvención a la asociación de empresarios», aunque su memoria tampoco alcanzó para saber si se hizo por transferencia o por otro procedimiento. Aseveró que se justificó «suficientemente» ante la Junta el uso del dinero. En relación a ese punto, García Navarro le trasladó que, según el convenio que el ex director general de Trabajo investigado Francisco Javier Guerrero suscribió con el IFA, aquella subvención era «específica e incondicionada», con lo que la justificación no era necesaria. El testigo alegó ignorar ese acuerdo y mantuvo que «no tenía por qué conocer el procedimiento por el que la Administración autonómica» asignó los fondos. Rehusó contestar a si consideraba que las ayudas debían repartirse o no «de manera incondicionada». «No estoy aquí para dar opiniones como comprenderá», arrojó. «No tengo criterio al respecto» fue lo que arguyó ante el hecho de que el pago se realizara el 5 de noviembre de 2003, seis meses después de la feria en sí. Antes había apuntado que la misiva que firmó era «una carta tipo» que «se remitió a múltiples instancias» además de a Empleo y limitó su «papel» a demandar «por escrito» a «la consejería correspondiente en este caso una ayuda para la asociación de empresarios de la localidad que fue quien gestionó la feria». A la cuestión de si era público que la Dirección General de Trabajo asignaba subvenciones a ayuntamientos para ferias comerciales, respondió que «en absoluto» y que tampoco lo supo como presidente de la FAMP. Sí reconoció haber hablado «con todo el mundo que era necesario para intentar encontrar una financiación adecuada» para el evento. Sumó que la Junta reclamó los 24.000 euros mediante un expediente de reintegro y por lo que le ha transmitido el alcalde del PP que lo sucedió, el ayuntamiento «ganó el pleito contencioso y le han devuelto el dinero», indicó entre risas con ecos nerviosos. El presidente del tribunal impidió que ahondara en por qué el Ejecutivo regional renunció a presentar acusación contra los 22 imputados cerrando una puerta a la recuperación de los 850 millones que esconden el presunto fraude, pero se aludió a que se ha reservado la opción de emprender acciones civiles.

Publicidad

Quien también tuvo que releer el pasado fue la ex consejera de Presidencia/portavoz Mar Moreno, quien llegó a estar investigada en la «macrocausa» hasta que la liberó de ese peso el Tribunal Supremo. Expuso en la Sala que el caso de los ERE «entró mediáticamente de manera muy fuerte en el debate político andaluz» y que acaparó su atención sobre todo a raíz de que Guerrero se refiriera como «'fondo de reptiles' a un sistema de ayudas». Narró que cuando se abrieron las diligencias penales, el ex presidente José Antonio Griñán enjuiciado les ordenó «personarse en las actuaciones». Afirmó haberlo visto «lógicamente preocupado y ocupado en dar una buena respuesta al juzgado» y «en colaborar al máximo» con la Justicia. «Es más, le diría –apostilló– que cuando este asunto salta, de ninguna manera el señor Griñán pensaba que le afectaría personalmente en ningún momento». Moreno aceptó que «era bastante público y notorio que el Gobierno andaluz intervenía en conflictos laborales» o «en empresas en crisis» pero no estaban tan extendidos «los detalles de la gestión». Garantizó que la Junta «desde el primer minuto» se puso «a trabajar para que el fraude aflorara», si bien todavía hoy «no es pacífico que la actuación a nivel político de esas ayudas sea ilícita». A la Fiscalía le garantizó que le parecía «deleznable y totalmente aborrecible» la existencia de intrusos en los ERE y aceptó que «no hay un juicio de equidad absoluta como el que garantiza una orden de convocatoria general de subvenciones» en que se opte por intervenir en unas empresas y no en otras, «pero es verdad que todos los gobiernos de todas las épocas han prestado especial atención y recursos específicos a grandes conflictos laborales» y se ha hecho por «criterios de oportunidad política», zanjó.

Publicidad

Sí» se detectó menoscabo y en 2012 aún se usaban mal las transferencias

La auditora de la Cámara de Cuentas Amelia Martínez ratificó ayer en el juicio que «sí se detectó que pudiera haber menoscabo de fondos públicos» tras un informe sobre las ayudas de los ERE que se llevó a cabo. De hecho, se pidió otro «al gabinete jurídico durante la realización del trabajo de campo» y se dictaminó que «había determinados casos en los que había indicios de responsabilidad contable», que es lo máximo a lo que la Cámara de Cuentas puede llegar al tener sólo «función fiscalizadora». Es más, confirmó que el informe se mandó al Tribunal de Cuentas que es el que se tenía «que pronunciar en todo caso». Narró además que 2013 armaron otro documento «sobre el origen y la aplicación de los fondos que recibía» la agencia IDEA en el que detectaron «los mismos defectos». «En 2012 se siguieron utilizando las transferencias de financiación en determinados casos para actividades concretas y específicas», aseveró, por parte de varias consejerías.