El plan de choque contra el paro del bipartito tiene fases aún por licitar

El 2 de mayo de 2012, durante su discurso de investidura, el presidente de la Junta de Andalucía anunció un plan de choque contra el desempleo, compromiso que figura también en el acuerdo que PSOE e IU formalizaron para que José Antonio Griñán siguiera en el cargo y contrarrestar así la mayoría simple obtenida por el PP en las elecciones autonómicas de marzo. Griñán anunció que «con carácter urgente, para ejecutar en este mismo año 2012, aprobaremos: un plan de choque contra el desempleo, especialmente para jóvenes y parados de larga duración, dotado con 200 millones de euros que contemplará un programa en materia forestal, con recursos adicionales a las partidas que se destinan a mantenimiento de superficies forestales, reforestación y explotación de montes; un programa de apoyo al empleo en la rehabilitación de viviendas; y la ampliación del Plan de Oportunidades Laborales con recursos adicionales para intervenciones en edificios correspondientes a colegios públicos».

Tras una reunión en mayo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el consejero de Economía, Innovación y Empleo anunció que el plan estaría operativo en el mes de junio. La realidad es que no fue hasta el 26 de julio del año pasado cuando se aprobó su contenido en el Consejo de Gobierno. «Las acciones previstas se dirigirán a los colectivos más afectados por la crisis, con especial atención a las personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares que han agotado las prestaciones económicas. Su desarrollo generará más de 11.100 puestos de trabajo en el próximo año y medio. Estará integrado por tres conjuntos de medidas: obras en centros docentes (100 millones de euros), mejora de infraestructuras en el medio rural (90 millones) y rehabilitación de viviendas (10 millones)», anunció la Junta. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, argumentó que «el empleo es nuestra máxima prioridad y por ello tomamos medidas con agilidad y sin perder un solo minuto».

El plan funciona a impulsos. El último ejemplo es que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acaba de licitar ahora los contratos «para la mejora forestal y regeneración medioambiental y rural» en las ocho provincias andaluzas. Se trata de trabajos similares que incluyen «el desembosque de madera y la eliminación de residuos». El departamento que dirige Luis Planas destina a cada una de las ocho provincias la misma cantidad: 1,21 millones de euros. El plazo para la presentación de ofertas concluye el 21 de febrero, por lo que los trabajos se iniciarán en el mejor de los casos en el mes de marzo, un año después de las elecciones andaluzas –celebradas el 25–. Deja claro que se trata de una iniciativa que responde «al plan de choque para el empleo en Andalucía dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2012».

A este retraso hay que añadir que los tres pilares del plan no eran nuevos. Arreglar colegios –el Plan OLA–, el Plan Forestal y la rehabilitación de viviendas eran programas en vigor con partidas presupuestarias. La Junta siempre habló de 200 millones de «recursos adicionales». Este periódico ya constató que sólo de la iniciativa para mejorar las infraestructuras educativas quedaban en mayo de 2012 135 millones de euros sin gastar de un montante de 200 anunciado también en otra fecha solemne: el debate sobre el Estado de la Comunidad en 2011, cuando los socialistas aún gozaban de una cómoda mayoría absoluta en la Cámara.

Griñán, ya con el bipartito conformado, ha vuelto a poner como prioridad el empleo en el Pacto por Andalucía que se encuentra negociando con los sindicatos y la patronal y al que espera que se sumen otras instituciones sociales. Será el enésimo intento de la Junta y el segundo –contando el Plan de Choque– desde que IU forma parte del Ejecutivo.

De momento, la realidad es que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa –correspondiente al cuarto trimestre de 2012– la tasa de paro de la región es de 35,86 por ciento, la más alta de España con casi diez puntos de diferencia con respecto a la media nacional –cerrada en el 26,02 por ciento–. Los planes impulsados por la Administración andaluza no han dado sus frutos.

Valderas se salta el protocolo y pide un Consejo extraordinario sobre empleo

El Gobierno de coalición andaluz presume de acción unitaria y coordinación, pese a las diferencias que en muchos ámbitos demuestran PSOE e IU. El último ejemplo es de ayer mismo. Minutos después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, anunció en un comunicado que había propuesto la celebración de una sesión monográfica en las habituales reuniones de los martes del Ejecutivo andaluz que aborde la «grave situación» que atraviesa el empleo en Andalucía y adopte «medidas que ayuden a mitigarla». Nada había dicho sobre el asunto el portavoz Miguel Ángel Vázquez, ni consta esa propuesta en el resumen de acuerdos que publica la Junta. Valderas justificó la iniciativa en la «preocupación» ante este problema, que es «compartida por todos los integrantes» del gabinete.