El PP-A exige que se publique el informe «mutilado» de la Cámara de Cuentas

El Partido Popular andaluz exigió ayer que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, comparezcan en el Parlamento para dar explicaciones sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo y el informe «mutilado» que la Cámara de Cuentas elaboró sobre este asunto, según señaló el diputado del PP-A y portavoz de Agricultura, Miguel Ángel Araúz, después de que un nuevo informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado discrepe de las conclusiones elaboradas en su día sobre las transferencias de financiación por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El dirigente popular solicitó a Díaz y al máximo representante de la Cámara de Cuentas de Andalucía que hagan público el «informe mutilado» que intentó «tapar las vergüenzas» de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en relación a su responsabilidad en el «caso de los ERE» fraudulentos.

Tras destacar que la Intervención General de la Administración del Estado viene a «apoyar» las tesis defendidas por el Partido Popular en el relación al fraude que investiga el juzgado de Instrucción número 6, Miguel Ángel Araúz pidió al Gobierno andaluz que deje de «manipular» a los profesionales de la Cámara de Cuentas.

Preocupación

El diputado popular reconoció que a su formación le preocupa mucho el funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía e insistió en que hay mucho que mejorar y «dejar de manipular», siendo necesaria la comparecencia de Díaz y López en el Parlamento para que den «todas las explicaciones» pertinentes.

La Intervención General del Estado emitió una ampliación de su informe sobre los ERE fraudulentos en el que afirma que los pagos se hicieron de manera indebida, con unos fondos que «nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales» y sobre los que el Interventor de la Junta debió alertar. En dicho informe, la Intervención General del Estado amplía su peritaje entregado en diciembre pasado a la juez Alaya, en el que afirmó que los consejeros andaluces de Economía entre 2000 y 2009 no adoptaron las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades». Ahora, dicho organismo estatal reitera que el Interventor General de la Junta –Manuel Gómez, ya imputado por la juez Mercedes Alaya– tenía «obligatoriedad legal de emitir un informe de actuación» tras haber detectado «graves irregularidades en el proceso de concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo».

La Cámara de Cuentas, en su día, mutiló el informe original sobre los expedientes de regulación de empleo evitando que las conclusiones de irregularidad y responsabilidad afectaran a las más altas instancias políticas. También ha trascendido que se eliminaron las referencias a «responsabilidades penales» de la Junta detectadas por los auditores del órgano fiscalizador. El informe final del ente fiscalizador de la Administración andaluza sólo aludía a «responsabilidades contables y administrativas».

La «bendición» del ente

La juez Alaya también investiga a la Cámara de Cuentas, de ahí el informe de la Intervención General del Estado. De hecho, el órgano fiscalizador daba el visto bueno cada año a las Leyes de Presupuestos que incluía la partida del «fondo de reptiles» con las ayudas sociolaborales. El letrado del ex director de IDEA Jacinto Cañete le expuso a la magistrada el papel de la Cámara de Cuentas, subrayando que ésta «bendecía año tras año» la aprobación de las Leyes de Presupuestos por parte del Parlamento andaluz.