El PP reclama que el Parlamento investigue las ayudas a Isofotón

La Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto delito de malversación de caudales públicos
La Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto delito de malversación de caudales públicos

El Partido Popular reclamó ayer la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía sobre la empresa Isofotón, que presentará el martes próximo concurso de acreedores. La iniciativa persigue esclarecer las subvenciones que por valor cercano a los treinta millones de euros percibió la mercantil por parte de la Junta de Andalucía. IU, socio de Gobierno del PSOE, se ha mostrado hasta ahora muy crítica con la actuación del Ejecutivo andaluz; su voto es decisivo para que esta propuesta se apruebe o no.

La vicepresidenta tercera de la cámara autonómica y parlamentaria del PP por Málaga, Esperanza Oña, defendió la necesidad de analizar «no sólo quién recibió las ayudas, sino quién las otorgó y con qué criterio y controles» tras recordar que «estas subvenciones inicialmente estaban vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, pero obviamente no se han usado para tal fin».

Después de conocer que la Fiscalía de Málaga ha incoado diligencias penales por un presunto delito de malversación de caudales públicos, Oña recordó que durante los últimos años Isofotón «ha recibido 29 millones de subvenciones públicas por parte de la Junta y 30 millones a través de avales en los que también se ha visto implicada la Administración».

A este respecto, apuntó a la responsabilidad política de las socialistas María Gámez, Pilar Serrano y Marta Rueda, como dirigentes provinciales durante los últimos años de la Consejería de Innovación y Ciencia, encargada de la concesión de las que calificó como «subvenciones millonarias» a Isofotón.

La también alcaldesa de la localidad de Fuengirola consideró «muy preocupante» que el Gobierno autonómico otorgue «millones y millones de euros de subvenciones públicas con un fin muy concreto y que después no fiscalice ni supervise que ese dinero, que es de todos los andaluces, se emplee de verdad para el mantenimiento de los puestos de trabajo».

«Queremos saber cómo son esos expedientes con los que la empresa justificó que efectivamente iba a mantener el empleo, y urgen las respuestas, porque peligran 700 puestos de trabajo –la plantilla total de Isofotón– y la honestidad de la Administración andaluza».

Según Oña, «hay que investigar, la complicidad despilfarradora entre una empresa que no ha cumplido con lo estipulado y una Administración que ha otorgado subvenciones millonarias sin al parecer fiscalizar en qué se han empleado».

Por su parte, la delegada de la Consejería de Innovación y Ciencia, Marta Rueda, afirmó en relación a la investigación abierta por la Fiscalía que la Junta «siempre otorga los fondos conforme a la legalidad vigente» y añadió que el sindicato CSIF, que elevó la demanda al Ministerio Fiscal «está en su derecho de hacerlo si entiende que el destino de los fondos no ha sido el correcto».

Tras el fracaso de la comisión de investigación de los ERE –la primera en 17 años en el Parlamento–, IU ha rechazado crear otra sobre Invercaria. En el caso de Isofotón, la diputada de la coalición de izquierdas ha censurado la «pasividad» de la Consejería de Innovación para solventar el conflicto. Ahora, su Grupo dictaminará si abre o no una revisión más profunda.