El SAE, generador de paro

Dicen, que los problemas más complejos son los que tienen soluciones más fáciles; pero nosotras, desde estas líneas, nos dirigimos a la Junta de Andalucía para decirle que tiene la capacidad de revocar este pensamiento para invertirlo y, hacer que las situaciones más claras y transparentes sean las que no se solucionen.

Esto nos ha llevado a analizar reacciones; a calcular probabilidades; a profundizar en la razón; a estudiar causísticas...; a intentar comprender todas y cada una de las causas que pueden originar una respuesta lógica a una situación más lógica aún. Con pena decimos que lo hemos hecho en balde. No hay explicación legal, ni ética, ni política, ni de justicia social a lo que nos está tocando vivir. Brevemente lo explicamos.

Somos asesoras de empleo. Formamos un grupo de 413 personas. Fuimos contratadas el 6 de octubre de 2008 para trabajar como técnicos en oficinas de Empleo. Y tal como entramos, hemos sido despedidos el 31 de diciembre de 2012. Se nos ha echado cumpliendo cruentamente la reforma laboral del Gobierno Central, dicho de paso, tan criticada y vapuleada por el equipo de gobierno PSOE-IU de nuestra querida Junta, que son, según ellos, el último foco de progresía y justicia social de este país; los abanderados de los derechos de los trabajadores. Y se ha producido ante la impasibilidad de aquellos; UGT y CC OO, que apalearon la reforma laboral última y se manifestaron contra ella en el mes de noviembre; eso sí, antes de descubrir que podían aplicarla en sus propias casas; que eran preceptivas para sus propios empleados.

Pues bien, el panorama planteado es el siguiente: Oficinas de Empleo colapsadas y con enormes retrasos en la comunidad autónoma con más desempleados; mantenimiento de una Administración paralela, concretamente en la Consejería de Empleo, hay más de 1.500 personas, repartidas, tanto en oficinas como en las Delegaciones Provinciales, cuyos sueldos sobrepasan con diferencia los de cualquier otro empleado, funcionario o laboral y que cargan a sus espaldas con sentencias judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia que impiden que puedan trabajar en esos puestos de trabajo, (están sin hacer nada) y que tienen relaciones personales, tanto de afiliación como de filiación, con nuestra élite política y sindical. Desde aquí animamos a quien quiera a investigar.

Ante la imposibilidad de sacar el trabajo hacia adelante, el consejero, Antonio Ávila, anuncia el contrato de 310 personas más. El maremágnum de nombres, colectivos y agentes sociales que están saliendo a la palestra es inmensa, y es por lo que desde aquí, desde nuestra más modesta visión, encajamos el comportamiento de algunos y la actitud de otros, entre los que situamos a los dos sindicatos mayoritarios. ¿Qué sentido tiene echarnos a un grupo tan numeroso sobre la base de que no hay dinero y entrar un número casi igual de personas? ¿Tienen nombres y apellidos? ¿Hay que recolocar a los que hemos aplicado la reforma siendo de la casa? ¿Es tan ineficaz la gestión de la Consejería de Empleo?. ¿Está siendo tan imberbe la consejera Aguayo que desde su Consejería alguien se la está colando?... En cualquier caso, sea por intención política; por negligencia técnica y profesional o por corporativismo de aquéllos unidos por intereses económicos que miran parar otro lado, no merece nada más que la petición de la dimisión de los responsables políticos.

Hay sobre el tapete una baraja interminable de demandas judiciales, con sentencias positivas a favor de los trabajadores despedidos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ese mismo Tribunal de Justicia que, reiteradamente, ha sacado sentencias contrarias en el caso de esos 1.500 trabajadores a los que antes hemos aludido. Es decir, la Junta incumple ambas sentencias; unas para mantener a los que no deberían estar y que tienen los vínculos anteriormente descritos y otras, por despedir a los que deberían estar, (algunos con sentencia firme).