El Tribunal de Cuentas investiga ayudas a la mina de Riotinto

El ente confirma que analiza irregularidades en otras 14 empresas

Una ex cargo de la Junta figura como apoderada solidaria en Cobre Las Cruces

No sólo a los permisos y autorizaciones concedidas por el Gobierno andaluz a la mina de Riotinto, en Huelva, les rodea un hálito de negrura y están en algunos casos siendo revisados por los tribunales, también fondos públicos que fueron a parar a ese yacimiento minero onubense están siendo revisados. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogía ayer un edicto del Tribunal de Cuentas en el que se hacía público que en ese ente estatal «se siguen procedimientos de reintegro por alcance, por presuntas irregularidades contables reflejadas» en un informe de fiscalización que el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobó «el 18 de octubre de 2012», sobre «Ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, 2001-2010», lo que se investiga en la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos. El motivo del análisis es «la falta de justificación de las cantidades entregadas» como subvenciones por parte del Ejecutivo autonómico, en relación a empleados de una hilera de quince «empresas mercantiles», en la que se incluye por dos veces a Minas de Río Tinto S A, entidad que gestionó el complejo minero cuyos designios dirige en la actualidad Atalaya Riotinto Minera, una derivada de Emed Tartessus S L U.

El resto de sociedades que se encuentran en el punto de mira del Tribunal de Cuentas son viejas conocidas de los distintos instructores que ha tenido el «caso ERE» y son: Aglomerados Morell, Grupo Dhul, González Byass, Mercasevilla, Calderinox y Europa Center. A ellas se suman Saldauto Sevilla, Acyco, Almagrera, Intersur, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande Sevilla y Surcolor. Y hay incluso entre las investigadas una empresa de la propia Junta: la extinta Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), reconvertida luego en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

El edicto del tribunal tenía como fin el que «los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma», dentro de un plazo de nueve días a contar a partir de su difusión.

El yacimiento de Río Tinto no es el único que se disecciona desde diversos ámbitos, otros como el de Cobre Las Cruces, que se expande por los términos de los municipios sevillanos de Gerena, Salteras y Guillena también ha acabado en un juzgado. En relación a éste, LA RAZÓN ha podido comprobar, gracias a información registral, que esa sociedad cuenta entre sus apoderados solidarios o mancomunados desde junio de este año con Lorena G. I., quien consta además como «secretaria no consejera» desde 2013. Se trata de alguien no desconocida para el Ejecutivo regional, ya que entre 2010 y 2012 fue consejera de Verificaciones Industriales de Andalucía S A (Veiasa), una empresa pública dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio «fundada en 1990 con el objetivo de realizar las actuaciones de inspección y control derivadas de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y la prestación de todo tipo de servicios que contribuyan al desarrollo de la industria en la comunidad», según se refleja en la página web de la misma. Pero es que con anterioridad, entre 2009 y 2010, Lorena G. I. lo había sido de Centros Turísticos S A (Cetursa), el ente gestor de la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada. No es el primer cargo del Gobierno andaluz ligado a una mina de la comunidad autónoma. El ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez estuvo vinculado a Emed Tartessus, competidora de Minas de Aguas Teñidas donde trabajó la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves.