El yin y el yang de la Junta: destruyó 13.600 empleos en 2012 y oferta 1.400

Sevilla- Dos datos tan antagónicos como reveladores: por un lado, los 13.629 puestos de trabajo que se perdieron el año pasado en el seno de la Junta de Andalucía; enfrente, la oferta de empleo público para 2013, fijada en 1.475 plazas.

Los números cuadrarían con la limitación estatal de restituir sólo el 10 por ciento de las vacantes si se hablara de un sólo ejercicio, pero las vacantes se acumulan en los casos más extremos, como la sanidad, desde hace seis años. De esta forma, la Junta se permite disponer de miles de eventuales a los que contrata en condiciones precarias sin ofrecerleS la posibilidad de consolidar su puesto de trabajo, pese a que muchos acumulan años de experiencia.

Por sectores, el sanitario fue el más afectado, con la eliminación de 7.027 empleos, según datos aportados por el sindicato CSIF-A extraídos de un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad. La enseñanza es el siguiente ámbito más golpeado: 4.502 profesores y maestros interinos se vieron despojados de sus puestos al incluirse la ampliación de dos horas más de jornada como jornada lectiva. Este colectivo ha sido también el más beligerante, con continuas acciones reivindicativas, que arrancaron el compromiso de la anterior consejera, Mar Moreno, de ser «repescados» para el curso que empezó en septiembre. Hace dos semanas protagonizaron una acampada a las puertas del Parlamento para reclamar el cumplimiento de dicho acuerdo. La merma en la Administración General se cifra en 1.500 personas, según estimaciones del CSIF-A, que sitúa el descenso de puestos judiciales en 600.

Frente a estas cifras, la oferta de empleo pública (OPE) publicada por la Junta eleva a 1.475 las plazas disponibles. Sin embargo, buena parte de ellas, el 37 por ciento, corresponde a promoción interna, es decir, que estarán vetadas a quienes no sean ya empleados públicos. Por el momento, sólo las consejerías de Salud y de Hacienda y Administraciones Públicas han realizado movimientos en este sentido; Educación, atendiendo al proceder de los últimos años, teóricamente debería sacar una convocatoria para Secundaria en 2014 sobre la que «no existen noticias». Las que sí son seguras son las 345 vacantes de la Administración General, publicadas el 23 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), poco antes de la destitución de Carmen Martínez Aguayo.

Con alrededor de 15.000 trabajadores eventuales, la rama sanitaria aglutina la mayor oferta: 915 entre todas las categorías, según el acuerdo adoptado en septiembre por la Mesa Sectorial –569 para el turno libre y 346 de promoción interna–. La opinión del CSIF-A no es nada optimista al respecto. De hecho, fuentes del sindicato expresaron su «temor» a que las oposiciones se pospongan hasta vísperas electorales. «Por experiencia sabemos que suele dejarse un año de 'barbecho', entendemos que se convocarán en 2015 porque es año electoral».

El Estatuto Básico del Empleado Público y la respuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas al respecto lo respaldan, ya que «la ejecución de la OEP o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años». Hasta 2016, por tanto, estaría permitido.

De cumplirse esos pronósticos, el aplazamiento de la consolidación de empleo alargaría la situación de precariedad de los interinos en el sector público andaluz. En este sentido, el sindicato de enfermería Satse viene requiriendo el fin de la discriminación que supone que se hubieran convocado ofertas en Educación –anualmente, salvo en 2012– como en Administración General –en 2010–, mientras que en sanidad la última publicada fue en 2007, en un proceso que aglutinó también las plazas de las oposiciones que no se llegaron a celebrar en 2004.

Otra de las reivindicaciones sindicales en materia sanitaria alude al «bloqueo» del concurso de traslados del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los afectados han vuelto a reclamar esta semana que se realice en paralelo al desarrollo de la OPE.

En el ámbito de la Justicia, la lucha actual se centra en la apertura de una bolsa de trabajo ligada a los procesos selectivos de 2010, que permita agilizar las colapsadas instancias judicales. Para lograrlo, CSIF-A mantiene un litigio con la Consejería que se ha saldado con una primera sentencia favorable al sindicato que obliga a la Junta –si finalmente no la recurre– a «constituir y publicar la bolsa de trabajo», según el fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9.