Entre diez y doce meses de retraso para recibir el salario social

El Defensor del Pueblo Andaluz reclama la derogación del Ingreso Mínimo de Solidaridad por «obsoleto» y reclama su sustitución urgente en tanto se aprueba la renta mínima

«Este salario, que supuestamente es para ayudar a personas que están en la necesidad extrema, ningún mes se paga a tiempo. Cada vez que llamo a la Delegación territorial, la respuesta (...) siempre es con tono despectivo; responden que no saben o que ya se pagará; que no tienen nada que decir puesto que no hay una fecha concreta, como con el paro; o nos dicen ‘a lo largo de la semana’. Y pasa la semana, y nada. A ello hay que añadir las noches de insomnio pensando de dónde voy a sacar para comer mañana». El de Chari, vecina de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), es uno de los testimonios del informe «25 años del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en las Actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz», entregado ayer por el titular de la oficina al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán. Maeztu reclamó la derogación del actual programa de solidaridad por «obsoleto» y su urgente sustitución por una nueva regulación en relación al artículo 23.2 del Estatuto que regula la renta básica. Mientras se aprueba esta ayuda, la reforma del programa de solidaridad no puede aplazarse más tiempo, señaló el Defensor. En 2015 la media de retraso de una ayuda desde su solicitud «era de diez o doce meses».

Desde 1991, la oficina ha realizado unas 3.000 actuaciones sobre el salario social (cerca de 2.000 consultas y más de 900 quejas). En los dos últimos años, el foro de la web ha recibido 1.143 comentarios y 75.018 visitas. Maeztu destacó que el programa nace con deficiencias desde el primer decreto de 1990. El Defensor criticó la excesiva lentitud en el procedimiento administrativo, tanto en las resoluciones como en la agilidad para conceder ayudas. También denunció desigualdades territoriales. Las dificultades presupuestarias, desde los primeros años, generan la paralización de expedientes, señaló. El Defensor criticó la temporalidad de seis meses de la ayuda –de 406,2 euros más 52,4 euros más por miembro familiar– y que el programa subsiste con una misión fundamentalmente asistencial y renunciando a sus objetivos de lograr la reinserción social, ya que las medidas pivotaban sobre unos itinerarios de empleo ilusorios. «La inmediatez de la intervención social ha quedado sepultada por el marasmo de la lentitud burocrática y por la imposibilidad de resolver los procedimientos en unos plazos aceptables», destacó Maeztu. El Defensor manifestó que el derecho a una renta mínima garantizada debería formularse como un derecho subjetivo igual para todos los ciudadanos en situación de necesidad. El Defensor propone una nueva regulación, con recomendaciones como la dotación de medios para la acreditación de los requisitos, la creación de unidades específicas, el estudio de la posibilidad de que se pague como nómina, la ampliación del presupuesto para absorber la demanda, y la dotación de efectivos adecuados al volumen de trabajo.

La Junta contraprogramó al Defensor anunciando a primera hora que en 2016 resolvió más de 56.000 solicitudes del Ingreso Mínimo. La consejera Sánchez Rubio destacó que el Presupuesto contempla 90 millones para 2017 para el Ingreso Mínimo por los 37 de hace una década. «Tengo 31 años, soy parado de larga duración, tengo dos niños, de 7 y 13 años, y me encuentro en una situación límite y desesperante porque no tengo recursos económicos, ni ingresos de ningún tipo. Me están ayudando mis familiares. Solicité el salario social hace un año y dos meses, y me comentaron que mi expediente estaba en comisión. No puedo hacer frente a las facturas», responde a la versión oficial otro de los testimonios que recoge el informe del Defensor.