IDEA gastó 1,7 millones en personal para gestionar ayudas a autónomos

La encomienda de gestión es un recurso legal utilizado con frecuencia por parte de la Junta de Andalucía y que genera controversia y críticas especialmente entre los profesionales de la función pública. En la práctica se trata de externalizar funciones de la Administración a una empresa pública en aras de una mayor eficacia en la gestión, tal y como viene recogido en el artículo 105 de la ley de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA). No siempre se cumple, según han denunciado en reiteradas ocasiones sindicatos de empleados públicos. Existe un ejemplo: la Junta ha confirmado en una reciente contestación parlamentaria publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en enero que la Agencia IDEA destinó más de 1,7 millones de euros solo a la contratación de personal para «la gestión de los expedientes de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendoras del trabao autónomo en la Orden de 25 de marzo de 2009». ¿Por qué la Junta no afrontó con recursos propios –o a través de la contratación de interinos– estas tareas?

Según admite el actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, la Consejería de Empleo, a través del Servicio Andaluz de Empleo, se comprometió a abonar a la Agencia IDEA 1.953.580 euros «para la disposición y contratación de las insta­laciones, equipos, personal necesario y gastos generales para la ejecución de la encomienda». La empresa pública destinaría ese importe a la «contratación de técnicos analistas de expedientes; contratación de técnicos administrativos de apoyo; servicio de correo y mensajería; equipos informáticos de gestión; equipos de reproducción de documentos; papelería y gastos generales y corporativos». El desglose para la contratación de personal fue el siguiente: para técnicos analistas, 1.404. 595 euros y para los administrativos de apoyo, 382.817 euros. En total, casi 1,8 millones de euros.

Lo llamativo es que la resolución que justificaba este encargo a la Agencia IDEA –publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que contó, como es preceptivo, con el visto bueno del Consejo de Gobierno– señalaba que se aprobaba «con el objeto de optimizar los recursos existentes en la Administración de la Junta de Andalucía, y dotar de mayor operatividad y rapidez la resolución de estos incentivos, para favorecer, al máximo, el inicio y la consolidación de todas las actividades económicas que puedan poner en marcha, los autónomos y las autónomas de nuestra comunidad autónoma», por lo que «resulta conveniente encomendar a la Agencia IDEA las actuaciones necesarias para la gestión de estos incentivos».

La gestión de las ayudas a autónomos elaborada por la Agencia IDEA ha sido muy deficiente en todos los años que se ha encargado de gestionar incentivos para los autónomos. Un informe de la Cámara de Cuentas alertó, entre otras cuestiones, que la empresa pública había incumplido «los plazos para resolver y notificar los incentivos» y advirtió de posibles perjucios por retrasos en los pagos para los perceptores y de «prescripciones» en el caso de que la Administración iniciara procesos de reintegro.

La Junta ha tenido que contratar interinos para revisar todo este volumen de ayudas. Al final, como ya publicó este periódico, 950.000 euros durante 18 meses es el coste que supondrá para las arcas públicas el trabajo de «agilización y finalización de los expedientes y pro­ceder a tramitar su justificación o iniciación del procedimiento de reintegro cuando corresponda». Tienen encomendadas prácticamente las mismas tareas que debía hacer la empresa pública.