Investigan el rastro de los correos por si hubo una «indicación institucional»

La jueza de Sevilla que investiga la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice el contenido de una veintena de cuentas de correo electrónico intervenidas por orden judicial, y entre las que se encuentra la de la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio.

Además de la cuenta de Asensio, también se añade la de su antecesor en la consejería, Luis Nieto, y la del interventor general de la Junta y ex secretario general de Industria, Energía y Minas, Vicente Fernández, mientras que el resto de correos intervenidos pertenecen a los miembros de la Mesa y de la Comisión Técnica del concurso.

Fue el pasado 17 de enero cuando la jueza dictó un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que acordó expedir un mandamiento dirigido a la Junta a fin de que de «forma inmediata, sin dilación alguna y en el mismo momento de su presentación, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia», hiciera entrega a la UCO de una copia de todos los correos electrónicos almacenados en los servidores informáticos relativos a las cuentas asignadas de manera personal a las personas referidas.

La jueza, que decretó la apertura de una pieza secreta y separada de la investigación matriz, ponía de manifiesto en este auto que, «además del suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la Consejería» de Empleo, y en concreto al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado –que es aforado dada su condición de parlamentario andaluz–; al viceconsejero, Luis Nieto; y al secretario general de la consejería en aquella fecha, Vicente Fernández.

Al hilo, la magistrada justificó esta medida «a fin de poder ascender, del estadio de las meras sospechas al de las confirmaciones sobre la realidad o no de determinadas afirmaciones de las que se han venido haciendo hasta la fecha», añadiendo que el acceso al contenido de estos mensajes «se reputa imprescindible y necesario, dado el estado actual de la presente investigación». La instructora considera «imprescindible el revelar si hubiera habido o no algún tipo de apoyo o indicación institucional desde la Administración autonómica, paralelo a las negociaciones previas y al discurrir posterior del concurso». Hay que recordar que el resultado del concurso lo llevó a los tribunales la empresa Emerita Resources.