Investigar sólo las denuncias de los medios, ejemplo de «rigor»

La Junta de Andalucía tiene los expedientes completos entregados por UGT como justificación de las subvenciones recibidas. Es la Administración que aprueba las ayudas y comprueba el destino de los mismos. Y tiene, además, los medios suficientes y la potestad para revisar de oficio el uso dado por la organización sindical a los fondos públicos recibidos. Sin embargo, no lo hace y se limita a comprobar lo que denuncian los medios de comunicación.

Esa actitud es ejemplo de «rigor y transparencia», según el consejero de la Presidencia Manuel Jiménez Barrios. «Ha habido un rigor claro en la actuación, transparencia en la información y unas garantías jurídicas extremadamente exquisitas», ha señalado en una entrevista a Europa Press.

Según el consejero, el desarrollo de los acontecimientos ha sido el siguiente: ante el conocimiento de unas irregularidades, la Junta ha abierto un proceso de revisión de oficio, cuyo instructor ya ha trasladado al gabinete jurídico el resultado de la instrucción en relación con dos expedientes y son los servicios jurídicos los competentes para determinar los pasos siguientes a seguir, desde su total independencia.

Para Jiménez Barrios, con ese proceder tan «escrupuloso», se está claramente contribuyendo a fortalecer los controles democráticos, sin hacer «juicios paralelos» y trasladó a los servicios jurídicos de la Administración la decisión de llevar a cabo las actuaciones que proceden.

Mientras la Junta minimiza el presunto desvío de fondos de UGT y se niega a revisar otros programas subvencionados, de forma paralela definde la legitimidad de la central sindical para mantener su estatus de interlocutor privilegiado con la Administración.

El titular de Presidencia considera que lo ocurrido, en modo alguno, puede poner en cuestión el trabajo que han venido realizando los sindicatos en defensa de los trabajadores. «Lo ocurrido no puede servir de excusa a quienes tienen la intención de dilapidar a las centrales sindicales porque les estorban», zanjó.

De hecho, considera que la concertación social ha sido un instrumento clave en el desarrollo y crecimiento de Andalucía y ahora, con la colaboración de los actuales agentes sociales y económicos, hay que adecuarlo a la realidad del momento.

El objetivo es repetir, con algúm matiz diferenciador, los acuerdos entre el Gobierno andaluz; los «sindicatos de clase» UGT y CC OO; y la patronal andaluza.

Respecto al hecho de que el PP-A haya solicitado a la Junta que no conceda más ayudas a UGT-A hasta que no se averigüe el destino de las investigadas, ha indicado que es una más de «las incoherencias» de ese partido, al que ha preguntado «con qué razón jurídico y legal se paralizan las ayudas cuando los expedientes en marcha ni siquiera son hechos jurídicos firmes».