Junta y sindicatos abordan el teletrabajo para sortear la anulación de las 35 horas del TC

Los argumentarios estaban preparados a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, similar a la adoptada en otras comunidades o en el Ayuntamiento de Madrid, con independencia del signo político de su gobierno, al invadir competencias estatales y vulnera las dictadas por el Estado para regular el régimen jurídico de las administraciones. Las agendas han quedado liberadas rápido. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración general de la Junta –CC OO, UGT y CSIF– se reunen hoy para abordar un acuerdo por el que computará, hasta llegar a las 37,5 horas que mandata el Tribunal Constitucional, una serie de tareas y actividades que los empleados públicos de la Junta «ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, en el ámbito doméstico, para mejorar la calidad de los servicios», lo que se ha dado a llamar «teletrabajo».

Según el Gobierno andaluz, la reunión comenzará a las 10:00 en la sede de la Consejería, en Sevilla. La Junta de Andalucía mantiene las 35 horas semanales de carácter presencial en el puesto de trabajo para los funcionarios y plantea la mencionada alternativa para completar la jornada obligatoria por ley. La medida afectaría a los más de 250.000 empleados públicos

Como ya informó este diario, el Ejecutivo andaluz trabajaba desde hacía semanas en un «plan B» con los sindicatos, lo que le permitió adelantar poco más de una hora después del varapalo del Constitucional que aplicaría la vía del teletrabajo como subterfugio legal. El acuerdo que salga de la reunión con los sindicatos será refrendado mañana mismo en forma de otro decreto de jornada y horarios en el Consejo de Gobierno. La hoja de ruta de la noria de la confrontación no se detiene. El teletrabajo «durará hasta que el Gobierno central regule las 35 horas». Entre las tareas que contarán para completar la jornada laboral de los funcionarios estaría estudiar, «descargar vídeos», «ver reportajes», «mirar» bibliografía» o «preparar clases». Montero ya señaló que se trata de «una reclamación histórica de las centrales sindicales», limitada hasta la actualidad al «ámbito universitario» y que la Junta está dispuesta a atender ahora. Montero hace ya meses que, a la espera de la decisión del Constitucional, señaló que los trabajadores contratados con motivo de la reducción horaria de los funcionarios seguirán en plantilla.

Los sindicatos presentes en la Mesa General habían pedido la convocatoria urgente de la misma. CC OO sostiene que ahora mismo los funcionarios «ya echan más de 38 horas»; UGT que «ya hay algunas comunidades que lo vienen haciendo desde hace tiempo, como Castilla-La Mancha o Valencia»; CSIF apeló a la reactivación económica con las contrataciones. La próxima cuestión será cuándo se pedirá una compensación económica para los funcionarios por el uso de electricidad, teléfono, acceso a Internet o, por qué, parte de la hipoteca o el alquiler del domicilio como oficina de trabajo.