«Justicia» para el joven con discapacidad excluido de la FP

Un juez concede las medidas cautelares al alumno al que la Consejería de Educación negaba la matriculación por superar los 21 años.

«Se ha hecho justicia», dice Carmen Morales. Al menos por ahora. Su hijo Alejandro, el joven malagueño con diversidad funcional al que la Junta de Andalucía pretendía dejar fuera del sistema educativo (como ha ocurrido con otros alumnos en su misma situación) en una estricta aplicación de la normativa de la Formación Profesional Básica por ser mayor de 21 años, podrá continuar sus estudios. El magistrado del Juzgado contencioso-administrativo número 7 de Málaga ha concedido las medidas cautelares solicitadas por el abogado Ignacio Loring, que denunció una «vulneración de derechos fundamentales» de su defendido, en concreto «el derecho a la igualdad, no discriminación, a la educación y a no sufrir indefensión».

La Consejería de Educación había denegado su matriculación en 2º curso de Agrojardinería y Arreglos Florales, un programa específico de la FP Básica por superar la edad permitida en el instituto. La Administración se apoyaba en el estricto cumplimiento del artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que determina que el alumnado con necesidades educativas especiales en centros específicos podrá extenderse hasta los 21 años. Tras serle rechazada la matriculación, Alejandro presentó en la delegación malagueña un recurso de alzada como paso previo a la denuncia en el mes de julio que el pasado viernes tuvo respuesta por parte del juez. En el auto, al que tuvo acceso LA RAZÓN, el magistrado basa su decisión en «grave perjuicio» que supondría dejar a Alejandro fuera del sistema educativo, después de que superase «con aprovechamiento el primer curso del programa». «Cabe incluso que la denegación de la medida –continúa– pudiera impedirle al recurrente la continuidad en su formación, privando de su finalidad legítima al recurso, pues lo que se cuestiona es precisamente la posibilidad de continuar esa modalidad de formación por razón de edad». Alejandro se encontraba en un aula ordinaria con apoyo, no en un centro de educación especial como al que se refiere la ley.

Y es que se estima que el veredicto definitivo no se produzca antes de dos años. El juez muestra además una especialidad sensibilidad al incidir en «la importancia de la formación académica y profesional para las personas que sufren alguna discapacidad, como instrumento para su integración efectiva en la sociedad».

Por último, en el auto se destaca que la Administración no haya alegado «nada» y termina haciendo constar que «la incorporación» de Alejandro «al centro educativo donde venía cursando los estudios» no supone un «perjuicio al interés general, o al resto del alumnado, pues nada sabemos sobre la disponibilidad de plazas o ratio del centro».

Carmen Morales, madre y presidenta de Solcom, asociación para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, reconocía ayer que «para Alejandro ha sido un proceso muy duro, pero siempre hemos mantenido la esperanza».

La Junta dispone de quince días para presentar un recurso de apelación. Ignacio Loring confía en que no sea así. «Es raro que recurra», dice. Es el momento de conocer la voluntad de la Junta, que elevó una consulta al Ministerio sobre la situación sin que se conozca la respuesta. Alejandro y su madre tienen previsto presentar la documentación en la delegación de educación mañana y solicitar, mientras se tramita la matrícula, poder acudir estos primeros días como oyente a una clases que comenzaron el jueves sin él y otros cuatro compañeros en idéntica situación.