La Audiencia de Sevilla consuma el despiece del «caso ERE»

Se ha impuesto el criterio al que siempre se opuso la impulsora del «caso ERE», Mercedes Alaya. División consumada. La Audiencia de Sevilla dio ayer el aval definitivo al troceo del «macroproceso» en bloques separados que su sucesora al frente del juzgado que lo instruye, María Núñez, diseñó en julio de 2015 y matizó luego en noviembre de aquel año. Respaldo que ha llegado, de hecho, tres días después de que el juez de refuerzo Álvaro Martín diera por cerrada una de las piezas en las que se segmentó: la centrada en el procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas de la Junta, la rama política que afecta a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En un auto fechado ayer y consultado por este periódico, la Sección Séptima de la Audiencia desestima un recurso presentado por el ex director general de Trabajo investigado Juan Márquez, quien había reclamado su derecho al enjuiciamiento conjunto del proceso. Los magistrados entienden que existen «soluciones jurisdiccionales a la problemática» que en él planteaba vinculada a la posible celebración de múltiples juicios que podrían acarrearles distintas condenas.

Entre las razones que esgrime el tribunal para sustentar su apoyo a Núñez se encuentra el hecho de que su decisión esté amparada en «copiosa jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo (TS)», y soportada en «argumentos tan relevantes como la complejidad de la causa en cuanto a la complicación en su tramitación», que podría provocar, de mantenerse unido el proceso, el riesgo de, por ejemplo, «excesivas dilaciones hasta sentenciar» parcelas poco complejas en las que «puede haber sujetos pasivos que tengan su patrimonio intervenido por vía de la adopción de medidas cautelares –para cubrir fianzas–»; o el de la pérdida de la inmediatez necesaria en el dictado de sentencia, si las sesiones del juicio oral «se prolongan indefinidamente en el tiempo». En ese punto, en la resolución de la Audiencia se cita parte de la sentencia del Supremo sobre el «caso Malaya», convertido en paradigma de lo que es un «macroproceso», en la que se exponen los «excesos que puede conllevar una instrucción y un enjuiciamiento global» como el que pretende el ex director general de Trabajo.

El tribunal señala también que la defensa de Márquez, investigado por los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación, no explica por qué su situación particular «debe primar» sobre otros derechos fundamentales en juego como los del resto de encausados –«cuyo número parece superar el de 200», recuerda–, que podrían «verse afectados» de no despiezarse el caso. Ello «por no hablar», se añade en la resolución, de «la necesidad social de dar pronta solución a un caso judicial que tanta alarma» ha «podido generar» y que, como suma en otro párrafo, ha supuesto hasta el momento «decenas de miles de folios» en los que se refleja lo actuado.

La arquitectura de la «macrocausa» proyectada por Núñez hace casi un año contemplaba tres grandes apartados: el relativo al procedimiento específico que Martín ha dado por cerrado, otro centrado en las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos; y un último que podría acoger en torno a 200 subpiezas, una por ayuda.