La Comisión del Estatuto de Autonomía se ha reunido dos minutos en dos años

La actividad no es muy superior en otros órganos no legislativos. La Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos ha sido convocada en dos ocasiones: en total cuatro minutos

La actividad parlamentaria es intensa en algunos ámbitos. Y no tanto en otros, especialmente en un grupo de comisiones no legislativas, como la de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos, la de Asuntos Europeos o la de Desarrollo Estatutario. Esta última se ha reunido apenas dos minutos en los dos años de la décima legislatura.

El caso de la Comisión de Desarrollo Estatutario es llamativo. El nuevo articulado andaluz fue aprobado y sometido a referéndum en febrero del 2007. Prácticamente desde entonces una de las demandas más repetidas por la oposición ha sido la puesta en marcha de las leyes expresadas a su amparo. Sin embargo, este desarrollo normativo sigue siendo muy escaso. El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, aludía recientemente a este problema en su intervención ante el Consejo Andaluz de su formación usando términos duros: «el Gobierno andaluz se envuelve en la rojigualda y el nacionalismo más rancio, mientras el cumplimiento del Estatuto duerme el sueño de los justos. Frente a eso, la indigencia legislativa hace que apenas sean cinco las leyes aprobadas en esta legislatura y todo apunta a que el ritmo no se va a acelerar».

La renta básica es uno de los imperativos estatutarios que e-jemplifica esta situación. La Junta de Andalucía lleva los diez años que ha cumplido ahora el nuevo Estatuto, prometiendo fechas sobre la regulación normativa de este derecho a través de la aprobación de una ley. Primero Chaves, luego Griñán y ahora Susana Díaz, que ha retomado el proyecto, han señalado horizontes temporales que se han incumplido. El último que marcó la presidenta de la Junta fue el segundo periodo de sesiones de 2016, pero el proceso sigue estancado: el Consejo de Gobierno aún no ha aprobado ni siquiera el anteproyecto de ley.

No obstante, la Junta, en la declaración institucional del 28 de Febrero, señaló que «el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 permitió apuntalar un conjunto de derechos de la población andaluza. La norma autonómica de mayor rango propició el blindaje de prestaciones como la salud y la educación que, en su condición de derechos sociales, afrontaron la crisis económica con las máximas garantías. Una década después, el Estatuto de Autonomía merece su reconocimiento como cinturón de seguridad del estado social. Bajo su mandato estatutario hemos podido desarrollar leyes pioneras y que avanzan en conquistas sociales como la de Función Social de la Vivienda, la de Sostenibilidad y Garantías del Sistema Público de Salud, la de Servicios Sociales, la de Autonomía Local o la de Transparencia». De ellas, la de Sostenibilidad y Garantías del Sistema Público de Salud y la de Servicios Sociales aún están en trámite parlamentario y la de Función Social de la Vivienda no puede aplicarse por el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno.

La escasa implementación normativa del Estatuto de Autonomía de 2007 es por tanto un asunto que preocupa a los partidos y forma parte de la agenda política. Sin embargo, la comisión creada al efecto se ha reunido en los últimos diez años una decena veces, la mayoría de ellas para su constitución. Y, como excepción, para abordar aspectos concretos como el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el artículo 51 del Estatuto que establecía la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir. Fue precisamente Susana Díaz, en calidad de consejera de Presidencia, quien acudió para ofrecer explicaciones.

En la décima legislatura la única reunión de la Comisión de Desarrollo Estatutario, que preside el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, se produjo el dos de julio de 2015, varios meses después de las elecciones de marzo. La sesión se abrió a las 11 y 22 minutos y se cerró a las 11 y 24, según queda recogido en el Diario de Sesiones. Se pasó lista y quedó constituida al haber quórum suficiente. Las únicas propuestas fueron para nombrar al presidente, a la vicepresidenta (Ciudadanos) y a la secretaria (Partido Popular).

La prometida reforma de la Ley Electoral podría implicar una activación de la Comisión de Desarrollo Estatutario, según apuntan a este periódico varios miembros presentes en la misma, toda vez que implica la modificación del articulado andaluz de 2007, pero está por ver. De momento, lo que hay es una mesa de trabajo que ha convocado a numerosos expertos constitucionalistas. La concreción de la reforma –y más aún la reforma legislativa– la lleva postergando el PSOE desde el inicio de la legislatura a pesar de los toques de atención de Ciudadanos.

La situación no cambia sustancialmente en otras comisiones. Así, la de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos se ha reunido dos veces en la legislatura: para la constitución y elección de miembros. Las dos duraron cuatro minutos en total. Por su parte, la de Asuntos Europeos se ha reunido en cuatro ocasiones. La primera de ellas (el dos de julio de 2015) de carácter constitutivo y fue también de mero trámite.

Conviene recordar que el régimen retributivo en estas comisiones no legislativas es el mismo que en el resto. Los presidentes de estos órganos parlamentarios cuentan con un complemento de 495,99 euros, que suman al sueldo base de 3.050 euros. Los vicepresidentes de las comisiones cuentan con una asignación de 336,80 euros y los secretarios 177,61.