Andalucía

La defensa de Chaves alega que es «imposible» que conociera las irregularidades y detectase las alarmas

El abogado de Antonio Fernández cree que con este caso ha intentado que «la realidad no estropeara un buen proceso»

El abogado de Antonio Fernández cree que con este caso ha intentado que «la realidad no estropeara un buen proceso»

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El abogado Pablo Jiménez de Parga, que ejerce la defensa del ex presidente de la Junta Manuel Chaves en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha alegado este lunes que es “imposible” que el que fuera líder del Ejecutivo andaluz hasta 2009 conociera las irregularidades en las gestión de estas ayudas, así como que no pudo detectar “las alarmas que hicieran saltar las luces rojas”.

Con la evacuación del trámite de informe final del abogado de Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación, ha comenzado el turno de las defensas. Así, Jiménez de Parga, que ha empezado su intervención agradeciendo a la Sala y a los funcionarios su labor para el buen desarrollo del juicio, ha asegurado que del resultado de la prueba practicada y de la pericial ratificada es “imposible” pretender que Chaves tuviera conocimiento de las irregularidades en la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el programa presupuestario del 31L.

Sobre todo en base a la afirmación del Ministerio Fiscal de que el ex presidente tuvo conocimiento de estas irregularidades por las memorias que realizaba el interventor general de la Junta para los acuerdos anuales de Control Financiero Permanente, en relación a los años 2005, 2006 y 2007, y en las que, según la Fiscalía, se recogían irregularidades y problemas del uso de las transferencias de financiación para pagar subvenciones, precisando el letrado que a la sesión del Consejo de Gobierno que aprobó este último no asistió Chaves.

A este respecto, el abogado defensor dijo en su declaración ante el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña que “nadie le advirtió de las irregularidades y que el interventor general tampoco consideró oportuno realizar un informe de actuación”, algo que, según el letrado, “no ha quedado desvirtuado en el juicio oral”.

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El Consejo de Gobierno “aprobó” de forma “íntegra y sin modificar nada” las propuestas planteadas por la Intervención General de la Junta para los planes de Control Financiero Permanente de estos años, “sólo faltaba poner la firma y la fecha”. “El Consejo de Gobierno actuó como debía, con diligencia y adoptando las propuestas de la Intervención General”, ha añadido.

Chaves, según el abogado, declaró que “no había leído las memorias”, añadiendo que “leídas hoy creo que no me hubiese permitido detectar señales de alarma”. Como dice el Tribunal Supremo, en su auto sobre la causa especial de los ERE, “no hay nada reprochable en la no lectura de las memorias”.

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“Pretender que el presidente de la Junta, antes de aprobar el plan anual de Control Financiero Permanente, estudie el expediente administrativo de la propuesta de la Intervención General, me parece que se opone a las reglas de lo lógico y linda con lo absurdo”. Además, ha añadido que dicha lectura “no permite detectar las alarmas que hicieran saltar las luces rojas”.

En este sentido y en referencia al acuerdo de 2007, a cuya sesión del Consejo de Gobierno que lo aprobó no asistió Chaves, el abogado ha dicho: “Si no se le puede pedir que se los lea antes, pensar que lo va a hacer después de ser aprobados es esperpéntico”.

Por todo ello, “difícilmente se puede concluir que Chaves conoció las irregularidades por las memorias”.

Por la decisión del interventor general de no realizar informe de actuación ante las irregularidades en las ayudas de los ERE, el abogado de Chaves ha señalado que “al no hacerlo no usó el mecanismo legalmente establecido para hacer llegar las irregularidades al Consejo de Gobierno, por tanto, nada hay en la causa sobre que el expresidente tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención General de la Junta”.

“POCO TIENE” LA FISCALÍA PARA INCRIMINAR A CHAVES

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Con respecto a las intervenciones de Chaves en la tramitación de las ayudas que expuso el Ministerio Fiscal en su informe final, sobre todo con respecto a las ayudas de Bilore, A Novo o Faja Pirítica, el abogado ha reprochado a la Fiscalía que “si todos lo indicios que ha encontrado el Ministerio Público tras bucear en decenas y decenas de expedientes sólo son faxes y cartas --a las que aludió la Fiscalía de trabajadores y comités de empresas--, me temo que poco tiene para incriminar a Chaves sobres el conocimiento de la gestión de las ayudas”.

Una de esas cartas fue la entregada a Chaves por los trabajadores de Bilore en una visita a Osuna (Sevilla) en la que pedían una solución a su situación laboral tras el cierre de la empresa a finales de 2003.

“Tampoco pudo afirmar con esos faxes y cartas que Chaves conocía las ayudas, sino que dijo la Fiscalía que no se creía la tesis del ‘cortafuegos’ del gabinete de Presidencia”, ha afirmado el abogado, que ha expuesto que la declaración del testigo Antonio Jesús Mena Calvente, director del Área de Planificación y Seguimiento en la Consejería de Presidencia entre los años 2003 y 2008, dejó “claro” la mecánica del gabinete de Presidencia. “Cada carta que llegaba se remitía a la Consejería competente en razón de la materia”, ha subrayado.

Además, ha apostillado que la fórmula “por indicación del presidente” es una fórmula de estilo. “Si ningún elemento incriminatorio cabe extraer de la declaración de Mena Calvente, menos aún de los extrabajadores de Bilore que testificaron en el juicio”, ha asegurado el letrado, que pide la libre absolución para el ex presidente.

Sobre el uso de las transferencias de financiación para allegar fondos del 31L desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el abogado de Chaves ha defendido que las anuales leyes de Presupuestos de la Junta contemplaban el uso de estas transferencias a IFA/IDEA para el pago de las subvenciones sociolaborales, frente a las tesis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), asumidas por la Fiscalía, de que el artículo 18 de la Ley 15/2001 (Ley de acompañamiento del Presupuesto de 2002, recoge que “sólo y exclusivamente” se pueden usar para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa pública

Ante esta “antinomia, dos normas de carácter contradictorio”. Pues bien, según el abogado y acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio de especialidad supone que el precepto específico prevalece sobre el precepto general.

INFORME FINAL DEL ABOGADO DEL EX CONSEJERO DE EMPLEO

Por otro lado, Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández expresó durante la introducción de su informe final, que en el caso ERE se ha intentado que “la realidad no estropeara un buen proceso”, aludiendo a la frase de la película ‘La pícara solterona’ y su frase: “¿No irás a dejar que la verdad te estropee un buen reportaje?”.

Tras la defensa de Manuel Chaves, ha sido el turno del letrado que ejerce la representación procesal del ex consejero de Empleo, quien se enfrenta ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación. Martínez del Hoyo, que ha comenzado agradeciendo al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a los funcionarios y a las partes personadas en el proceso su esfuerzo para llegar a buen fin en este juicio, se ha adherido al informe “brillantemente desarrollado” por el abogado del ex presidente de la Junta, salvo en la impugnación de la prueba pericial.

En la sesión de este lunes, el abogado ha hecho una introducción a su informe, que será “necesariamente extenso”, en la que ha comenzado por señalar que la causa “nació marcada y lastrada por equívocos fundamentales, que ha arrastrado por la inacabable instrucción”.

A su juicio, el principal “lastre” ha sido que la instrucción se basó en algo “delictivo” que sólo es una herramienta de presupuestación como es la transferencia de financiación, en este caso, instrumento para allegar fondos del programa presupuestario 31L desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de los ERE.

“La instrucción criminalizó todas las disposiciones de fondos para pagar las ayudas”, ha añadido, lamentando que se extendió que “se prevaricaba para malversar”. “Fue un error mayúsculo”, pues si se pensaba que existía malversación “sólo había que seguir el rastro del dinero y ver si se había dado una finalidad pública”.

“SI HAY MALVERSACIÓN, TIENE QUE PERSEGUIRSE EL DINERO”

“El 85-90 por ciento del importe de los fondos destinados a las ayudas fueron a beneficio de 6.300 trabajadores afectados por ERE y resulta que justamente por haber decidido esos pagos se trae por malversación a los acusados a este juicio con duras peticiones de penas y embargos, no a los beneficiarios”, expone.

“Si hay malversación, tiene que perseguirse el dinero, que se destinó a una finalidad legítima por el Consejo de Gobierno”, ha añadido a este respecto, porque, a su juicio, “no cabe entender los pagos legales e ilegales. Legales para los beneficiarios e ilegales por malversación para los altos cargos”.

Sin embargo, ese “error inicial, lejos de ser superado, se intentó justificar, consagrando verdades inmanentes año a año a la instrucción”. Así ha enumerado entre esas verdades y “dogmas de fe” para la instrucción, realizada en gran parte por la magistrada Mercedes Alaya y posteriormente Álvaro Martín, y para las acusaciones, que “los fondos eran ocultos, conocidos como fondo de reptiles, hasta la evidencia de que estaban recogidos en los presupuestos andaluces”.

También ha añadido el uso inadecuado de las transferencias porque “sólo cabían para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas” o que se estableció el sistema de concesión para “eludir los controles y para la arbitrariedad”.

Como “dogma de fe” para las acusaciones y la IGAE está que la normativa aplicable era la vigente en material subvenciones, en lugar de la competencia de ejecución de la normativa estatal, las órdenes ministeriales de 1994 y 1995. “Se ha partido de que las ayudas son subvenciones”, ha afirmado el letrado.

De otro lado, ha reprochado que se achaque a la Dirección General de Trabajo la falta de transparencia en fase de elaboración, cuando “explicaba con claridad a que destinaba el 31L y el modo en que se iba a cumplir, con transferencias de financiación”.

“No se sostienen” las tesis acusatorias de que los interventores delegados en Empleo “fueron engañados” sobre el uso de las transferencias de financiación, pues “podían fiscalizarlas y ser objeto de reparo”. “Tampoco se sostienen que no pudieran fiscalizar las ayudas una vez fiscalizadas las transferencias, como han demostrado todos los peritos de parte”. Para Martínez del Hoyo, “todos los peritos, de parte y de la IGAE, han señalado que el interventor general pudo y debió emitir el informe de actuación” ante irregularidades en las ayudas.

Cuando “alumbraron” que las tesis acusatorias se derrumbaban, “el Parlamento fue engañado y la presupuestación fue fraudulenta”. “Semejante vaina creó un conflicto institucional y cayó por su propio peso”, ha manifestado el abogado.

“PRESIÓN SOCIAL Y MEDIÁTICA”

En el caso ERE, como se dice en la película ‘La pícara solterona’, se ha intentado que “la realidad no estropeara un buen proceso” por parte de la instrucción y las acusaciones, sobre todo, cuando fue “evidente” que lo que se hacía venía en los presupuestos.

El abogado de Fernández, que ha alegado “dilaciones indebidas” en sus conclusiones definitivas, ha asegurado que en un ambiente de “presión social y mediática” entraron “las prisas”, que “no son buenas consejeras y menos en una instrucción, para poner freno a nuevas imputaciones”, sobre todo, en lo referente a los interventores delegados en Empleo, los interventores adjuntos a la Intervención General y los de Control Financiero Permanente. “Honestamente me pregunto cómo se concibe que sólo esté acusado el ex interventor general”, ha confesado.

Martínez del Hoyo ha puesto de manifiesto que las tesis de la acusación “se han liberado a los cuatro vientos como si de una verdad judicial se tratase, hablándose de la ilegalidad del sistema, de la omisión de los controles, el descontrol de las ayudas y la opacidad de un procedimiento que operó durante diez años, algo desmesurado y absurdo y que sólo es una sospecha”.

“SE DA POR HECHO UNA SENTENCIA CONDENATORIA, INCLUSO RAJOY”

“Se ha interiorizado por la sociedad, provocando alusiones despectivas y festivas al caso andaluz de los ERE, instaurando un estado de ánimo que da por entendido que hay delito, que los culpables están sentados en el banquillo y que se van a condenar”, ha afirmado, lamentando que eso afectó a la presunción de inocencia de su cliente, quien pasó casi cuatro meses en prisión provisional.

En el marco del estado de opinión que “ha calado” en este país y que ha constituido “un ataque descarnado a la independencia del tribunal” de la Sección Primera de la Audiencia que tiene que juzgar esta causa, el abogado ha puesto de ejemplo una pregunta del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al socialista José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados durante la moción de censura el pasado 31 de mayo: “¿Cuándo llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos?”.

“Es una evidencia que ha calado en la sociedad, incluso en el expresidente del Gobierno, y se da por hecho una sentencia condenatoria. Nadie ha puesto de manifiesto este descomunal ataque a la Justicia de Rajoy porque ni se ha notado”, ha afirmado, aclarando que en el caso de Rajoy pudo ser “una traición del subconsciente”.