La empresa Below Marko conecta los ERE con los fondos Jeremie

Las diversas tramas judiciales que se desembrollan en Andalucía, en ocasiones se entrecruzan. Ocurre por ejemplo con la empresa Below Marko SL por alguna punta común. La jueza que continúa de momento con la instrucción del «caso ERE», María Núñez Bolaños, ha pedido a la Delegación en Sevilla de la Agencia Tributaria (AEAT) que remita a la Guardia Civil «en el menor plazo posible» documentación sobre esa empresa. En una providencia, fechada el pasado día 23 a la que accedió LA RAZÓN, la titular del juzgado de Instrucción número 6, se refiere al «modelo 347» y «concretamente de las operaciones realizadas por la misma desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2010».

La demanda de información planteada obedece a una solicitud a la jueza procedente de la Comandancia de Granada del propio Instituto Armado. En un oficio, consultado también por este periódico, los investigadores sostienen que «del estudio previo» de la ayuda de 447.754 euros que la Junta concedió a Below Marko «se aprecian indicios bastantes, para pensar que la misma fue concedida de forma irregular».

La Guardia Civil quiere los datos de la AEAT para, entre otras cuestiones, «comprobar la real existencia de relaciones con terceros» de la sociedad en cuestión. Una mercantil que también está inmersa en otra investigación: la iniciada por el titular del juzgado sevillano de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, por el reparto de los fondos europeos Jeremie.

Fuentes del caso confirman que esa empresa se menciona en el atestado que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez que desentrañaba ya las presuntas irregularidades ligadas a la entidad de riesgo del Gobierno andaluz Invercaria. Los agentes señalan que en octubre de 2010 se le concedieron a Below Marko dos millones de euros de los fondos Jeremie. Se trata de una sociedad vinculada a Juan María González Mejías, quien llegó a ser su administrador único. Y se da la circunstancia de que el sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González ya ha sido imputado en el proceso de Invercaria por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Los agentes siguen tirando de los hilos.