La empresa descabalgada de un contrato puso en jaque a la Junta por los monitores escolares

La sociedad ahora apeada del proceso de adjudicación fue el origen del cambio al alza de presupuestos de licitación ligados a ese colectivo

La empresa a la que la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol del Gobierno andaluz expulsó del grupo de licitadoras que aspiraba a la adjudicación de tareas relacionadas con su archivo digitalizado y la gestión del físico, Factudata XXI SL, no es una desconocida para el Ejecutivo autonómico. LA RAZÓN desveló ayer que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales regionales se ha posicionado del lado de esa sociedad, admitiendo el recurso que ésta cimentó y anulando con ello la exclusión de la misma del proceso de selección, después de dejar claro que el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) «no ha de indicar el convenio colectivo de aplicación, puesto que es una cuestión que excede de su contenido», pese a que era lo pretendido por la agencia sanitaria. Y ésta no era la primera vez que la mercantil en cuestión invoca el auxilio del mencionado órgano administrativo de contratación. De hecho, presentó otros recursos que supusieron un punto de inflexión para los más de 900 monitores de educación especial –según cómputos oficiales relativos a 2015– contratados de forma externa por la Consejería de Educación periódicamente desde 2006 y que han protagonizado múltiples protestas por la precariedad laboral que los ha quebrado.

Factudata puso el foco sobre los PCAP que regían la contratación del «Servicio de apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades educativas» particulares en los centros docentes públicos de varias provincias, lo que hizo que el mismo tribunal los examinara y concluyera que, entre otras anomalías, no salvaguardaban la «libre competencia», con lo que se favorecía a determinadas empresas. La recurrente denunció entonces que el presupuesto de licitación barajado por la Junta, en concreto por la Agencia Pública Andaluza de Educación, no cubría los costes derivados de un servicio ligado a la integración escolar de menores con necesidades educativas especiales desde Infantil a Secundaria, con lo que planteó que se fijara uno nuevo «acorde con los valores del mercado». En la resolución relativa a la provincia de Granada, por ejemplo, localizada por este periódico y fechada en septiembre de 2016, el tribunal administrativo concluyó, tras analizar los cálculos llevados a cabo por la empresa que no fueron rebatidos por la agencia educativa, que no existía «apenas margen para poder cubrir los gastos necesarios y así garantizar la correcta ejecución» del contrato, sobre todo si se tenía en cuenta que «el factor humano» era un «elemento esencial» en él y que los «costes laborales» que su ejecución conllevaba «resultarían ineludibles» para la adjudicataria, por lo que instó a la Junta a marcar un nuevo presupuesto en línea con el mercado y la realidad. La misma senda siguió en el caso de otros territorios de la comunidad como Málaga, para los que acordó también la retroacción de las actuaciones al considerar «incorrecta» las estimaciones de precios llevadas a cabo por el ente educativo del Ejecutivo autonómico.