La fianza de responsabilidad civil de Castaño se corresponde con un desfalco millonario

La caja de Pandora está abierta y la «Operación Madeja» apunta a una posible financiación ilegal del PSOE. Domingo Enrique Castaño, ex asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín, fue enviado en la madrugada del pasado viernes a prisión sin fianza tras 72 horas detenido al presuntamente haber recibido dádivas (incluido un Audi y otro coche) a cambio de contratos de mantenimiento a determinadas empresas. La juez Alaya imputó al ex director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla los delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. La Fiscalía solicitó una fianza de responsabilidad civil de 360.000 euros, pero la magistrada la elevó a 7,6 millones, lo que hace indicar que el posible fraude en esta causa derivada de la venta fraudulenta de suelos en Mercasevilla fue de magnitudes millonarias. Castaño se acogió, como ante la Guardia Civil, a su derecho a no declarar.

Este tipo de fianza está destinada a garantizar que el imputado responda a los perjuicios económicos causados por sus delitos en caso de resultar condenado. De hecho, la «Operación Madeja», bajo secreto de sumario, nace para investigar el enriquecimiento «sospechoso» de Domingo Enrique Castaño, asesor muy cercano al ex alcalde Sánchez Monteseirín. La ley establece que si el imputado no deposita la fianza en los diez días que tiene para ello el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ordenará el embargo de bienes de su propiedad por importe equivalente a modo de medida subsidiaria. En caso de confirmarse la derivación de la causa en una trama de financiación ilegal –como apuntó uno de los empresarios que declararon el pasado jueves–, las «mordidas» presuntamente recibidas por Castaño o por el PSOE, y teniendo en cuenta la fianza impuesta, superarían con creces cualquier tipo de donación legal.

Tras las testificales, que se alargaron hasta la madrugada, la juez Alaya dejó en libertad sin fianza (aunque con retirada de pasaporte) a la esposa de Castaño, la abogada Ana María Vaquero, imputada por cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales y que tampoco quiso declarar. También quedaron libres con cargos y sin fianzas los empresarios Rafael González Palomo, de Fitonovo, y Ángel Manuel Macedo, de Fiverde, detenidos en la «Operación Madeja». González Palomo señaló que entregó «a cambio de nada» porque «los contratos ya estaban dados», entre 2005 y 2006, un sobre con 30.000 euros a Castaño y que le dijeron que «era para el PSOE», así como siete móviles. También declararon la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y el responsable de la gestoría que le llevaba las cuentas, Francisco Orozco, que, asimismo, salieron en libertad sin fianza.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, indicó que, respondiendo al requerimiento de la juez Alaya, enviará al juzgado los contratos adjudicados entre 2004 y 2009 a la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, aunque en el plano administrativo anunció que serán revisados los otorgados a esta entidad, y a las relacionadas «con este grupo», «hasta el día de hoy». «Quiero saber la verdad y saber qué ha pasado», reclamó Zoido, que subrayó que el mecanismo de contratación de obras menores «ha cambiado» y «a día de hoy están centralizados». El regidor lamentó que prácticas como las investigadas estén «manchando» el nombre de la ciudad hispalense.

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, indicó que su partido se financia «como establece la ley», esto es, con «recursos públicos y con las cuotas de los militantes y punto». Jiménez espetó que quien diga lo contrario tendrá que «mantenerlo» en los tribunales porque el PSOE-A va a defender «de la forma más contundente» que «aquí no hay donaciones ni legales ni ilegales, ni sobres ni sobresueldos ni, por supuesto, nada de esto que se conoció ayer», en referencia a la revelación del empresario sobre el pago de 30.000 euros en un sobre «para el PSOE».