La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer fianzas de responsabilidad civil que suman en total 1.548 millones de euros para seis imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, tres de los cuales permanecen actualmente en prisión tras haberlo ordenado así la juez Mercedes Alaya.

Fuentes del caso informaron a Europa Press de que, en la mañana de ayer, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acogió la comparecencia para decidir sobre las medidas cautelares a imponer a los ex directivos de Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, así como a la esposa de éste último, María José Marcos, al también ex trabajador de Vitalia Jesús Bordallo y a Rosser Masa, administradora de Fortia Vida.

Dentro de la «Operación Heracles» desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, la juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en prisión de María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, mientras que la esposa de éste, Bordallo y Rosser Masa quedaron en libertad con cargos tras comparecer ante la magistrada.

Durante la comparecencia de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se imponga una fianza de responsabilidad civil –y no para eludir la prisión– de 258 millones de euros a cada de uno de los seis imputados en la causa de los ERE fraudulentos, un importe que se corresponde con las primas pagadas a Generali y a Fortia Vida y que el Ministerio Público considera «ilícitas» en su totalidad.

Por este motivo, según las fuentes consultadas por Europa Press, Anticorrupción solicitó que la fianza de responsabilidad civil ascienda al total de las primas «ilícitas» abonadas, es decir, 258 millones de euros, aunque los letrados de los imputados asistentes a la comparecencia –no todos, puestos que algunos se ausentaron– se han opuesto a la misma al considerar que «no corresponden». Al ex consejero Antonio Fernández se le impuso una fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros.

Una vez celebrada la comparecencia de medidas cautelares, será la juez Alaya la que deba decidir sobre las mismas en los próximos días, en los que está previsto, igualmente, que se celebren más citaciones de este tipo para abordar la responsabilidad civil a imponer, por ejemplo, a Ismael Sierra, cuñado del «conseguidor» de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, que pudo abandonar la cárcel tras pagar 50.000 euros de fianza.

El pasado marzo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a 22 personas dentro de la «Operación Heracles» desarrollada de forma simultánea en siete provincias españolas por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación.

De los 22 detenidos, sólo ocho pasaron a disposición de la juez, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos, mientras que la juez citó a declarar a nueve personas ya imputadas en la causa, de las que ingresaron en prisión tres de ellas, en concreto el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Lanzas y el propio Albarracín.

La investigación de la Guardia Civil se encuentra dentro del secreto sumarial de las actuaciones decretado por la juez Alaya, que el pasado 30 de abril lo prorrogó por sexto mes consecutivo por medio de un auto en el que anunciaba que el análisis de la «ingente» documentación intervenida por la Guardia Civil en el marco de la «Operación Heracles» puede derivar en la apertura de «nuevas líneas de investigación».